Tras calificar a la ropa nacional como “un robo”, el ministro de Economía provocó una reacción inesperada: modistos cercanos al oficialismo denunciaron cierres de locales, caída del consumo y un escenario peor que en pandemia. Las críticas de Roberto Piazza, Benito Fernández y otras figuras del sector exponen la grieta entre el discurso libertario y una realidad productiva asfixiada por las políticas del Gobierno de Javier Milei.
Hay frases que funcionan como una tijera afilada: cortan de golpe la tela que pretendía sostener un relato. Cuando el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, aseguró que “nunca compré ropa en Argentina porque es un robo, los que viajamos compramos afuera”, no sólo exhibió una desconexión brutal con el bolsillo de millones de personas; también activó una rebelión impensada dentro de su propio ecosistema ideológico. La industria textil, castigada por la recesión y el desplome del consumo, encontró una defensa inesperada en voces que hasta ayer acompañaban con entusiasmo al gobierno de Javier Milei.
La frase del ministro, lanzada con un chic desprecio por la realidad cotidiana, fue leída por el sector como una descalificación general, casi una condena moral. No se trató de un tecnicismo económico ni de un debate sobre competitividad: fue una sentencia lapidaria que equiparó producción nacional con estafa. Y ese golpe no pasó inadvertido. Roberto Piazza, uno de los modistos más visibles y cercanos al Presidente —al punto de haber compartido encuentros privados en Olivos— decidió romper el silencio y salir a cuestionar a Caputo en televisión. Su reacción no fue un arrebato aislado, sino el síntoma de un malestar que se venía cosiendo en silencio.
Piazza eligió palabras cuidadas, pero el mensaje fue contundente. Calificó la declaración del ministro como “desafortunada” y cuestionó las formas, recordándole que no todo vale cuando se ocupa un cargo público de semejante responsabilidad. El detalle no es menor: quien habla no es un opositor clásico, sino alguien que se declara abiertamente libertario y que ha sido parte del círculo de afinidad simbólica del propio Milei. La escena tiene un peso político innegable: cuando hasta los aliados empiezan a marcar límites, el discurso oficial revela su fragilidad.
Lejos de amainar, la polémica se intensificó al día siguiente. Piazza volvió a hablar, esta vez para reafirmar sus críticas frente a un intento de relativización mediática. Como si entendiera que el daño ya estaba hecho, el modisto insistió en que existen otras maneras de abordar el problema de precios sin estigmatizar a toda una industria. Detrás de esa defensa hay algo más que orgullo sectorial: hay una advertencia sobre el impacto real de las políticas económicas del Gobierno de Milei en la producción nacional.
La reacción no se agotó allí. Benito Fernández, otro diseñador identificado con el ideario libertario, también decidió alzar la voz. Su rechazo a la idea de que la industria textil sea “un robo” fue directo y sin vueltas. Fernández puso sobre la mesa una comparación incómoda para el relato oficial: recordó que los países que hoy exhiben industrias competitivas no dudaron en protegerlas. Estados Unidos, Brasil, todos aplicaron restricciones y políticas de acompañamiento. En cambio, la Argentina de Milei parece haber optado por la intemperie absoluta, donde el mercado manda y el que cae, cae solo.
Fernández fue más allá y lanzó una provocación que desnuda una de las contradicciones más sensibles del discurso libertario: pidió que se comparen las propiedades de los diseñadores con las de los políticos. La frase no es casual. Responde a una narrativa oficial que suele señalar a empresarios y productores como privilegiados, mientras elude cualquier autocrítica sobre la concentración de riqueza en la dirigencia. El modisto, que incluso llegó a vestir a la reina Máxima, describió el presente del sector como “peor que en la pandemia”, una afirmación que, viniendo de alguien que respalda al Gobierno, suena como una alarma imposible de ignorar.
La pandemia fue, para la industria textil, un tiempo de cierres forzados, ventas nulas y supervivencia al límite. Que hoy se la mencione como un punto de comparación para describir la actualidad no es una exageración retórica: es la constatación de un derrumbe profundo. Locales que bajan sus persianas, talleres que reducen personal, cadenas de pago que se rompen. Todo en un contexto donde el consumo interno está pulverizado por el ajuste y la pérdida de poder adquisitivo, una consecuencia directa de las políticas económicas que impulsa el Gobierno de Milei con Caputo como ejecutor central.
El patchwork de críticas se completó con la voz de Marixa Balli, quien aportó una perspectiva cruda desde el territorio. El cierre de su local en Flores no es un dato anecdótico: es el reflejo de una crisis que atraviesa a comerciantes y trabajadores. Balli calificó las palabras del ministro como “ofensivas” y recordó una verdad incómoda para la elite gobernante: no todos pueden viajar al exterior ni comprar en dólares. Hay millones de personas que apenas alcanzan a pagar el boleto de colectivo. Para ellas, escuchar a un ministro jactarse de comprar ropa afuera no es sólo una torpeza discursiva, es una humillación.
Lo que emerge de este episodio es algo más profundo que una polémica pasajera. Es la evidencia de una distancia cada vez mayor entre el relato libertario y la realidad productiva argentina. El Gobierno de Milei promueve una lógica donde el mercado es juez y parte, pero cuando esa lógica se traduce en cierres, despidos y destrucción de industrias enteras, incluso sus aliados empiezan a preguntarse hasta dónde llega la coherencia ideológica y dónde empieza la irresponsabilidad política.
Caputo no habló como un técnico preocupado por la competitividad, sino como un consumidor privilegiado que observa al país desde la vidriera del free shop. Esa mirada, celebrada por un núcleo duro del oficialismo, choca de frente con la vida cotidiana de quienes producen, venden y trabajan en la industria textil. Que sean modistos libertarios quienes lo digan expone la magnitud del problema: ya no se trata de una crítica opositora, sino de una fractura interna.
El silencio del Presidente frente a estas críticas también dice mucho. Milei, que no duda en responder con furia a cualquier cuestionamiento externo, eligió no confrontar públicamente con Piazza ni con Fernández. Tal vez porque sabe que hacerlo implicaría admitir que su modelo económico empieza a mostrar costuras rotas incluso en su propio frente. O tal vez porque la escena de un presidente enfrentado a diseñadores amigos no encaja en la épica que intenta construir.
La industria textil argentina atraviesa un momento límite. No por ineficiencia intrínseca, sino por un contexto económico que la empuja al borde del abismo. Las declaraciones de Caputo no fueron un error aislado, sino la expresión sincera de una política que desprecia el entramado productivo local en nombre de una libertad de mercado que, en la práctica, sólo beneficia a unos pocos. La rebelión de los modistos libertarios es, en ese sentido, una señal temprana de que el ajuste sin anestesia empieza a tener costos políticos incluso entre quienes lo aplaudían.
En un país donde la ropa no es un lujo sino una necesidad, tratar a la industria nacional como un “robo” es desconocer la historia, el trabajo y la supervivencia de miles de familias. El conflicto abierto por Caputo deja al descubierto una verdad incómoda para el Gobierno de Milei: cuando el desprecio se convierte en política, la realidad termina pasando factura. Y esta vez, la factura llegó desde adentro.
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Cuando hasta los modistos libertarios salen a cruzar al ministro de Economía, algo se rompió. La industria textil denuncia cierres y un presente peor que en pandemia mientras el Gobierno de Milei desprecia la producción nacional. Leé la nota completa y debatamos qué modelo de país quieren imponer.
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