Mientras el gobierno de Javier Milei promete “libertad económica” para unos pocos, el impacto real se traduce en fábricas apagadas, obreros suspendidos y un modelo que ahoga la industria nacional. La crisis de Acindar Villa Constitución es un nuevo símbolo del brutal ajuste libertario.
La imagen es desoladora: la acería Acindar, ícono de la industria nacional en Villa Constitución, reduce su actividad al mínimo y suspende trabajadores en masa. El 85% de la producción paralizada no es una simple estadística; es un grito ahogado de una comunidad que ve apagarse, día tras día, el motor que históricamente sostuvo su desarrollo. Durante una semana, los hornos de una de las principales productoras de acero del país permanecerán casi fríos, mientras los operarios esperan —una vez más— que “la tormenta pase”. Pero esta vez, la tormenta tiene nombre y apellido: Javier Milei.
La decisión de Acindar de paralizar su producción no puede entenderse al margen del contexto económico impuesto por la administración libertaria. El “plan motosierra” que tanto se promocionó desde la Casa Rosada no es una metáfora: se aplica con precisión quirúrgica sobre los sectores productivos. El brutal freno de la obra pública, el desplome del consumo interno, la apertura irrestricta de importaciones y la aniquilación del crédito para empresas pymes son parte del cóctel explosivo que asfixia a la industria nacional. En ese escenario, los gigantes también caen. Y cuando cae un gigante como Acindar, no solo se sacude la ciudad que la alberga; tiembla todo el entramado industrial del país.
Las suspensiones en Acindar se dan en un clima de creciente desesperanza. Los trabajadores, muchos de ellos con décadas en la planta, observan cómo sus fuentes de ingreso y su dignidad se ven golpeadas por decisiones que se toman a cientos de kilómetros, en despachos donde la palabra “industria” parece haberse vuelto un anacronismo. No se trata de una crisis coyuntural ni de una decisión empresaria aislada: es la consecuencia directa de una política que privilegia la timba financiera por encima del trabajo argentino.
En paralelo, el gobierno de Milei anuncia la baja de retenciones para las patronales del campo. Mientras se castiga a los trabajadores industriales con parálisis, precarización y desempleo, se premia al agro concentrado con beneficios fiscales multimillonarios. Según estimaciones de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), esa reducción impositiva significa una pérdida de ingresos para el Estado equivalente a ¡siete años de financiamiento del Hospital Garrahan! ¿Es esa la “libertad” que pregona el oficialismo? ¿O más bien es un saqueo encubierto bajo un discurso de libre mercado que solo beneficia a los poderosos de siempre?
Lo más perverso del modelo libertario es que se presenta como “nuevo” cuando, en realidad, es una reedición brutal de las recetas neoliberales que ya fracasaron en los 90 y durante el macrismo. Acindar, de hecho, ya había sido golpeada durante la era Cambiemos. Pero lo que sucede ahora tiene una dimensión aún más dramática. Porque la caída de la producción no es el resultado de una recesión global o una pandemia, sino de una decisión ideológica del gobierno nacional que desprecia el rol del Estado como dinamizador del mercado interno y garante de la industria nacional.
Mientras en Villa Constitución se apagan los hornos y se paralizan los tornos, en los medios oficialistas se continúa con el relato fantasioso de la “reactivación en V”, del “equilibrio fiscal” y del “fin de la casta”. Pero en el territorio, el relato no alcanza. En el barrio, en la fábrica, en el comedor popular, la realidad grita otra cosa. Y grita fuerte.
El vaciamiento del Estado y el achicamiento del mercado interno son dos caras de una misma moneda que paga, como siempre, el pueblo trabajador. ¿Qué libertad puede existir para un obrero suspendido que no sabe si podrá pagar el alquiler o comprar comida para sus hijos? ¿Dónde está el mérito para los que, pese a todo, se levantan cada día y ven que sus esfuerzos se vuelven inútiles en un sistema que los margina?
La situación en Acindar no es un caso aislado. Es apenas el síntoma más visible de una enfermedad que avanza a pasos acelerados: la desindustrialización deliberada. Cada cierre, cada suspensión, cada parate productivo, es una línea más en el obituario de un modelo que supo levantar a la Argentina con trabajo, con valor agregado y con soberanía productiva.
Los números que deja este modelo son crueles. Menos empleo, menos consumo, más pobreza. Pero, sobre todo, menos futuro. Porque un país sin industria no es un país libre, es un país condenado a la dependencia. Lo que se juega hoy en plantas como Acindar no es solo la suerte de una empresa, sino el tipo de Nación que queremos ser: una que produce o una que importa, una que genera empleo o una que lo destruye.
Mientras los gerentes financieros celebran en Puerto Madero, los trabajadores de Villa Constitución cuentan los días para volver a tener un jornal. Mientras se habla de superávit fiscal, se silencian las voces de miles de familias que caen en la pobreza. Y mientras Milei se llena la boca hablando de “eficiencia”, el país se hunde en un modelo que expulsa, margina y reprime toda forma de producción nacional.
El caso de Acindar es una alarma. Pero también es un llamado a resistir. Porque el ajuste no es una necesidad técnica, es una elección política. Y como tal, puede ser revertida. Dependerá de la fuerza de los trabajadores, de la organización de la comunidad y del compromiso de los sectores que todavía creen que una Argentina industrial, inclusiva y soberana no solo es posible, sino imprescindible.
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