El diputado liberal presentó un pedido de licencia tras conocerse que la Justicia solicitó a la Cámara de Diputados autorización para avanzar en medidas de prueba en su contra, en el marco de la causa que lo vincula con el empresario detenido por narcotráfico, Fred Machado. Nadie lo defendió. El oficialismo, incómodo, lo dejó caer en silencio.
La sesión en Diputados se convirtió en una radiografía del aislamiento político de José Luis Espert. El juez federal Lino Mirabelli pidió autorización para allanar su despacho y secuestrar bienes en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico. En un Congreso crispado, el economista pidió licencia hasta el final de su mandato, pero la decisión judicial y la soledad política sellaron su destino.
José Luis Espert enfrenta sus días más oscuros desde que decidió lanzarse a la política. El Congreso, que alguna vez lo escuchó con atención mientras agitaba consignas de ajuste y meritocracia, hoy lo mira con distancia y desconfianza. En una sesión cargada de tensión y morbo, la Cámara de Diputados aprobó casi por unanimidad el pedido judicial del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, para avanzar con medidas de prueba en su contra. Solo tres abstenciones marcaron un gesto de piedad en un recinto que, por primera vez, habló con una sola voz: Espert está solo.
El libertario, que intentó adelantarse enviando una nota de licencia minutos después de iniciada la sesión, no logró frenar el avance de la Justicia ni contener el daño político. El juez Mirabelli, que instruye la causa por presunta transferencia de dinero narco del empresario Fred Machado —detenido por lavado y tráfico internacional—, solicitó a la Cámara autorización para allanar los despachos del diputado y secuestrar bienes. Amparado por los fueros parlamentarios, Espert creyó que bastaría con tomarse un “descanso” hasta fin de mandato. Pero su jugada fue leída como una maniobra desesperada para evitar el desafuero y dilatar el proceso judicial.
El secretario parlamentario, Adrián Pagnan, intentó mantener la discreción alegando que el pedido judicial se encontraba bajo secreto de sumario. Sin embargo, las versiones circularon rápido entre los pasillos y los medios. En cuestión de minutos, el escándalo se adueñó del recinto. Legisladores de distintos bloques se cruzaron sobre la conveniencia de discutir públicamente o pasar a un cuarto intermedio. Germán Martínez reclamó transparencia y advirtió que ocultar el tema solo agravaría la sospecha sobre el Congreso.
En medio de la tensión, Mónica Frade —una de las voces más incisivas de la oposición— tomó la iniciativa y presentó formalmente la moción para autorizar al juez a actuar. La votación fue contundente: 215 votos afirmativos, tres abstenciones y ni un solo apoyo al economista liberal. Hasta los propios libertarios optaron por el silencio. No hubo defensas, ni discursos, ni gestos solidarios. Espert quedó aislado, con su banca vacía y su reputación bajo sospecha.
El episodio alcanzó tintes de escándalo cuando Carlos Castagnetto denunció que, mientras la Cámara debatía el pedido judicial, “había operarios en mameluco” dentro del despacho de Espert, lindero al suyo. Según relató, los trabajadores decían estar “haciendo reparaciones”, pero el momento despertó sospechas. Minutos después, personal de seguridad colocó fajas en las puertas de la oficina del diputado, sellando lo que parecía una escena de película política: un despacho clausurado, un legislador imputado y un Congreso que respiraba la mezcla agria de vergüenza y alivio.
La soledad política de Espert es el reflejo de un gobierno que se fragmenta bajo el peso de sus propias contradicciones. Javier Milei, que hizo de la “casta” su enemigo, enfrenta ahora el boomerang de sus discursos: uno de los suyos está acusado de haber recibido fondos provenientes del narcotráfico. El silencio oficial, tan ensordecedor como predecible, solo alimenta la sospecha de complicidades o, al menos, de un intento por minimizar el escándalo.
Durante la sesión, varios diputados dejaron entrever que el libertario podría haber intentado vaciar su oficina o manipular documentos antes de la llegada de las fajas. Las imágenes de seguridad aún no fueron difundidas, pero el episodio dejó un sabor amargo incluso entre quienes prefieren mantener la prudencia. Lo cierto es que, más allá del desenlace judicial, el costo político ya es irreversible.
El pedido de licencia que Espert envió al presidente de la Cámara, Martín Menem, aduce “motivos particulares” y se extiende hasta el 8 de diciembre, apenas dos días antes de finalizar su mandato. No menciona si lo hará con o sin goce de sueldo, un detalle que desató otra polémica: de no aclararlo expresamente, seguirá cobrando su dieta como diputado, aunque no asista ni cumpla funciones. Mónica Frade exigió explicaciones durante la sesión, y Menem —visiblemente incómodo— se limitó a responder que el propio Espert “lo aclarará por escrito a la brevedad”.
El pedido aún debe ser tratado y aprobado por la Cámara baja, algo que, según fuentes parlamentarias, podría quedar trabado en un limbo administrativo. Las sesiones ordinarias prácticamente no existen, y la agenda política está concentrada en la discusión del Presupuesto 2026 y el intento opositor por imponer límites al Ejecutivo. En ese contexto, la licencia de Espert es una bomba de tiempo que nadie quiere manipular.
Facundo Manes y Victoria Tolosa Paz presentaron proyectos para expulsarlo del cuerpo por “inhabilidad moral”, pero ninguna de las iniciativas logró ingresar al temario. Las divisiones internas y el temor a abrir un precedente complicaron la ofensiva. En los pasillos, sin embargo, la sensación es unánime: el futuro político de Espert está terminado.
El contraste con sus discursos de campaña resulta brutal. Quien se jactaba de representar la “ética del mérito y la transparencia” hoy enfrenta una acusación por haber recibido dinero del narcotráfico. Quien señalaba con el dedo a “la política corrupta” ahora se refugia en los fueros que antes prometía eliminar. Es el retrato exacto del doble estándar que atraviesa al oficialismo libertario, un espacio que llegó al poder prometiendo moralizar la política y terminó sumido en los mismos vicios que decía combatir.
El gobierno de Javier Milei, obsesionado con la retórica del enemigo interno, intenta despegarse del caso, pero el costo simbólico es inevitable. La figura de Espert no es menor: fue uno de los aliados clave que aportaron votos al armado de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires y que ayudaron a blindar la narrativa del “cambio cultural”. Hoy, su nombre se asocia con narcotráfico, licencias sospechosas y un despacho sellado por la Justicia.
El escándalo no solo erosiona la credibilidad del oficialismo, sino que también expone la fragilidad institucional del Congreso frente al poder judicial y mediático. Los legisladores se enteraron del pedido del juez Mirabelli por versiones periodísticas, un dato que muestra el grado de desorden y opacidad con el que se manejan temas de alta sensibilidad pública.
En paralelo, mientras el país asiste al espectáculo de un diputado imputado y una cámara que lo repudia, el gobierno sigue sin ofrecer explicaciones. No hay comunicado oficial, ni conferencia de prensa, ni intento de despejar dudas. El silencio de Milei y de su entorno se vuelve ensordecedor. Ni Patricia Bullrich ni Guillermo Francos —dos de los funcionarios más expuestos— salieron a respaldar al economista. La distancia es una estrategia, pero también una confesión: Espert ya no pertenece al círculo de confianza del presidente.
Lo que queda en pie, después de esta sesión, es una foto política potente. En ella, Espert aparece solo, sin aliados ni defensores, frente a un Congreso que eligió preservar su propia imagen antes que acompañar a uno de los suyos. El oficialismo intentará ahora desplazar la atención hacia otros temas —como el presupuesto o el nuevo reparto de fondos—, pero la mancha ya quedó. El narcoescándalo se incrustó en el corazón del gobierno que se autoproclamaba incorruptible.
Y si algo deja esta historia, más allá de la caída de un diputado, es una certeza inquietante: el discurso de pureza moral tiene fecha de vencimiento cuando se enfrenta con la realidad. José Luis Espert creyó que podía surfear el escándalo con retórica y cálculo político. Pero en el Congreso, entre los murmullos, las fajas de clausura y los votos unánimes, quedó claro que el tiempo de los atajos se terminó.
Fuente
.https://www.pagina12.com.ar/864343-espert-solo-y-sin-nadie-que-lo-apoye
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