La licencia de Luis Espert parece más un intento de proteger su imagen que un gesto de responsabilidad política. Mientras tanto, la Justicia sigue sin actuar, dejando en evidencia la impunidad de quienes, como él, recibieron dinero del narcotráfico.
Luis Espert decidió tomarse licencia tras las graves acusaciones que lo vinculan con financiamiento proveniente del narcotráfico. La medida, lejos de ser un acto de transparencia, parece una maniobra para diluir su responsabilidad y esperar que el escándalo se enfríe.
Lo más indignante es que, hasta ahora, la Justicia no lo ha citado formalmente. Mientras se publican informes y documentos que prueban la relación entre Espert y el empresario Fred Machado —detenido en EE.UU. por tráfico de drogas—, el diputado continúa su rutina política sin mayores consecuencias.
El 11 de diciembre, cuando los fueros parlamentarios ya no lo amparen, Espert debería ser detenido. La ley es clara: quienes reciben financiamiento ilegal, y en particular de organizaciones vinculadas al narcotráfico, deben enfrentar la Justicia sin dilaciones. La misma regla aplica a Lemoine y a todos los funcionarios que, según los registros, tenían conocimiento de estas maniobras.
Que Espert pueda tomarse licencia y seguir operando políticamente mientras el sistema judicial se muestra sorprendentemente lento, refleja un doble estándar preocupante: algunos políticos parecen estar por encima de la ley hasta que la presión mediática o social se hace imposible de ignorar.
La pregunta es inevitable: ¿cuánto más deberá esperar la ciudadanía para ver que los responsables —no solo el diputado, sino quienes lo ampararon y facilitaron estas irregularidades— enfrenten la Justicia? Cada día que pasa sin acciones concretas, se fortalece la sensación de impunidad y desconfianza hacia nuestras instituciones.
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