El fiscal Fernando Domínguez imputó a José Luis Espert por presunto lavado de dinero tras recibir 200 mil dólares de Fred Machado, empresario acusado de narcotráfico y estafa en Estados Unidos. La denuncia fue presentada por Juan Grabois.
Mientras el discurso oficial libertario pretende erigirse como emblema de la transparencia y la moral económica, la Justicia argentina investiga a uno de sus referentes más visibles por haber cobrado una cifra millonaria de un empresario con vínculos narcos. La causa amenaza con exponer la contradicción más obscena del gobierno de Javier Milei: el doble estándar entre la prédica anticorrupción y la realidad de sus aliados.
El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, imputó a José Luis Espert por presunto lavado de dinero, en el marco de la denuncia presentada por Juan Grabois. En el centro del escándalo aparece el financista Fred Machado, un empresario acusado de estafa, lavado y vínculos con el narcotráfico en Estados Unidos, cuya extradición fue habilitada por la Corte Suprema argentina.
Según la investigación, Espert recibió una transferencia de 200 mil dólares provenientes de Machado. El propio empresario admitió en una entrevista radial que el pago formó parte de un acuerdo más amplio, de hasta un millón de dólares, por una supuesta “consultoría” vinculada a una empresa minera en Guatemala. El detalle es tan burdo como revelador: la operación habría sido canalizada a través del fideicomiso Richt Brother, manejado por Debra Mercer-Erwin, socia de Machado, detenida en Estados Unidos.
A esta altura, lo que huele a podrido no es sólo el dinero. Es la estructura de impunidad que permite que un legislador libertario —que se jacta de combatir “la casta corrupta”— termine cobrando en dólares de una red empresarial manchada por causas de narcotráfico. Y más aún, que el gobierno de Javier Milei, lejos de despegarse, haya optado por el silencio, como si la transparencia fuese un bien de lujo al que sólo acceden los enemigos.
Machado, desde su prisión domiciliaria en Viedma, no sólo confirmó el vínculo, sino que desmintió a Espert, asegurando que el economista estaba al tanto de las causas que lo cercaban. “Cuando vengo a la Argentina en marzo lo voy a ver a Espert y le digo: mirá, José Luis, me pasó esto, esto y esto, olvídate del trabajo”, contó el empresario. Las palabras del financista son dinamita para la imagen moral del diputado, que hasta hace poco encabezaba discursos sobre ética pública y responsabilidad individual.
El episodio desnuda, además, la incoherencia de un espacio político que construyó poder a fuerza de señalar a otros como corruptos mientras tejía vínculos con empresarios de dudosa procedencia. No es sólo un caso judicial: es un espejo de la hipocresía libertaria, que mientras pide “motosierra y austeridad”, negocia con fondos de origen turbio y calla ante el olor a pólvora financiera.
En un contexto donde el gobierno de Milei persigue a investigadores, desfinancia universidades y criminaliza la protesta social, el silencio oficial frente a este escándalo resulta obsceno. La vara moral del “cambio” parece flexible: se endurece contra los pobres y se ablanda cuando el dinero sucio entra por la puerta grande.
Aun así, el caso Espert abre un debate más amplio sobre la calidad ética de quienes hoy administran el poder en nombre de una supuesta revolución moral. Si un diputado libertario puede recibir dinero de un empresario acusado de narcotráfico sin que el gobierno se inmute, ¿qué queda del discurso de la transparencia? ¿Cuánto más podrá sostenerse una narrativa que se desmorona ante cada evidencia?
La imputación de Espert no es sólo una mancha personal. Es un síntoma del sistema que lo protege, del entramado de poder y negocios que late bajo el discurso libertario. Y, sobre todo, es una señal del país que se está gestando bajo Javier Milei: uno donde la ética se negocia, la justicia se acomoda y la impunidad, como el dólar, siempre cotiza en alza.
Fuente
.https://www.lapoliticaonline.com/judiciales/imputaron-a-espert-por-lavado-de-activos/
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