El gobierno libertario avanza en un acercamiento militar sin precedentes con el Reino Unido, mientras Estados Unidos presiona por instalar una base en Ushuaia. Las reuniones reservadas, el silencio oficial y la desactivación práctica del reclamo por Malvinas revelan un viraje geopolítico que erosiona la soberanía argentina.
En secreto y bajo la justificación de “intercambio académico”, el Ministerio de Defensa y la Embajada británica coordinaron encuentros con altos mandos argentinos para debatir estrategias de combate y analizar la guerra en Ucrania. Las Fuerzas Armadas y los ex combatientes expresan su malestar por un acercamiento que contradice la histórica causa de Malvinas, mientras Milei consolida su alineamiento automático con la OTAN y el gobierno de Estados Unidos.
La diplomacia del gobierno de Javier Milei avanza en una dirección que incomoda incluso dentro de las propias Fuerzas Armadas. Detrás del discurso de “modernización” y “cooperación internacional”, el Ejecutivo libertario dio un paso más en su política de acercamiento al Reino Unido, ahora desde el plano militar. Según confirmó un oficial de alto rango, la embajada británica en Buenos Aires convocó en reserva a miembros de las Fuerzas Armadas argentinas para discutir estrategias de defensa y combate. Un encuentro de carácter confidencial que, lejos de ser un hecho aislado, se inscribe en un entramado más amplio de alineamiento con potencias extranjeras y abandono efectivo del reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas.
La embajada británica no actuó sola. El propio Ministerio de Defensa argentino, encabezado por Luis Petri, organizó una actividad académica con funcionarios del Reino Unido en la Universidad Nacional de la Defensa (UNDEF). El evento, titulado “Perspectivas y lecciones del conflicto en Ucrania”, fue anunciado como una conferencia abierta, pero su difusión se limitó a un correo interno dirigido a docentes y personal académico. Ninguna publicación en redes sociales, ningún comunicado de prensa. Todo en silencio, casi en las sombras, como si el gobierno supiera que este tipo de acercamientos podrían despertar una reacción adversa. “No se animaron a difundirla públicamente”, confesó a La Política Online un militar en actividad, dejando al descubierto la incomodidad que genera este tipo de maniobras en un país donde la herida de Malvinas sigue abierta.
El reclamo argentino por las islas, que el gobierno libertario repite en el discurso pero desactiva en los hechos, se ha convertido en una pieza ornamental. Mientras Milei proclama “defender la libertad del mundo occidental”, sus decisiones políticas y diplomáticas apuntan en otra dirección. En este caso, la embajada británica solicitó formalmente al Ministerio de Defensa que designe a los representantes que asistirán a las reuniones reservadas: uno del área de Inteligencia, otro de la Infantería de Marina, uno de Doctrina y otro de Educación. Una delegación cuidadosamente seleccionada que evidencia el interés británico en conocer de cerca la estructura y funcionamiento del sistema de defensa argentino.
Este acercamiento militar se produce en un contexto de tensión geopolítica global y de creciente influencia estadounidense sobre la política exterior del gobierno de Milei. Diversas fuentes diplomáticas confirman que una de las condiciones que el Tesoro de los Estados Unidos habría planteado para la concesión de nuevos préstamos a la Argentina es la habilitación de una base militar en Ushuaia, un punto estratégico para el control del Atlántico Sur y la Antártida. No por casualidad, desde que el libertario llegó a la Casa Rosada se multiplicaron las visitas de funcionarios y oficiales del Comando Sur. En ese tablero, la histórica alianza entre Estados Unidos y el Reino Unido cobra un nuevo significado: cualquier actividad militar en el Atlántico Sur, incluida una eventual base en Tierra del Fuego, requiere del visto bueno británico, dado el papel que cumplen las Islas Malvinas como enclave de la OTAN en la región.
El viraje del gobierno argentino hacia una política exterior subordinada a los intereses de Washington y Londres genera un profundo malestar entre diplomáticos, ex combatientes y sectores nacionalistas dentro de las Fuerzas Armadas. La contradicción es flagrante: mientras Milei repite que “las Malvinas son argentinas”, en los hechos consolida un alineamiento con los mismos actores que ocupan el territorio nacional desde 1833. El discurso de soberanía se diluye entre los gestos de complacencia hacia potencias extranjeras y el secretismo con el que se manejan los encuentros bilaterales.
La contradicción no se limita al plano militar. Hace pocas semanas, el presidente se reunió con Vjosa Osmani, mandataria de Kosovo, un Estado no reconocido por la Argentina debido a que su independencia violó el principio de integridad territorial de Serbia. Ese principio —el respeto a la integridad territorial— es el mismo que sustenta el reclamo argentino por las Islas Malvinas. Sin embargo, Milei ignoró el detalle y posó sonriente junto a Osmani, un gesto que fue leído por el mundo diplomático como una señal preocupante. Peor aún, Kosovo mantiene acuerdos militares con el Reino Unido y actualmente efectivos kosovares integran unidades británicas desplegadas en las propias Islas Malvinas. Es decir, Milei se fotografió con la líder de un país cuyos soldados están estacionados en territorio argentino ocupado.
El ministro de Defensa, Luis Petri, ha sido uno de los ejecutores más fieles de este giro. Las revelaciones sobre la compra de aviones F-16 a Dinamarca, supervisada por Estados Unidos y el Reino Unido, confirmaron que los modelos adquiridos carecen de radares con alcance suficiente para operaciones sobre el Atlántico Sur. Una decisión técnica que en los hechos imposibilita cualquier despliegue militar sobre las Islas Malvinas y que fue interpretada en ámbitos castrenses como una cesión encubierta de soberanía.
A esto se suma la reciente llegada a Buenos Aires del nuevo embajador británico, David Cairns, un diplomático con pasado empresarial: antes de su nombramiento fue vicepresidente de la petrolera noruega Equinor, una compañía que posee concesiones de exploración en la plataforma continental argentina. El gesto no es menor. Equinor mantiene intereses en las mismas aguas donde el Reino Unido promueve licitaciones ilegales de explotación hidrocarburífera bajo jurisdicción de las Malvinas. Sin embargo, el gobierno argentino lo recibió con honores. El ministro del Interior, Guillermo Francos, fue el encargado de la foto protocolar, otro símbolo del pragmatismo que domina la política exterior del actual gobierno.
La docilidad con la que Milei se comporta frente a los intereses británicos se evidenció también en su paso por la Asamblea General de la ONU. En su discurso no hubo una sola mención al reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, ni al accionar de empresas extranjeras que operan ilegalmente en la zona. Por el contrario, el presidente aprovechó la tribuna internacional para consolidar su alineamiento con Israel y Estados Unidos, evitando cualquier conflicto con el Reino Unido. El silencio fue tan estridente que la propia Cancillería argentina se vio obligada a emitir un comunicado aclarando su posición oficial, en un intento tardío por mantener la coherencia institucional.
El problema es que detrás de cada gesto “diplomático” se esconde una concesión política. Cada reunión reservada, cada omisión calculada, cada silencio en foros internacionales va vaciando de contenido la causa Malvinas. Y ese vaciamiento no es neutro: tiene consecuencias concretas. La política exterior del gobierno libertario no sólo pone en riesgo la histórica reivindicación de soberanía, sino que además condiciona la capacidad de decisión de la Argentina sobre sus recursos naturales, sus rutas marítimas y su proyección antártica.
En ese marco, el hermetismo con el que se manejan las reuniones con funcionarios británicos y estadounidenses no hace más que aumentar las sospechas. Nadie dentro del Congreso ha sido informado oficialmente sobre los acuerdos en curso. No hay registros públicos de las reuniones, ni actas, ni listados de participantes. El Ministerio de Defensa se limita a repetir que “son actividades de intercambio académico”, pero la opacidad es total. Resulta llamativo que un gobierno que se autoproclama como abanderado de la transparencia mantenga bajo siete llaves la información más sensible para la soberanía nacional.
El contraste entre el relato patriótico y la práctica entreguista se vuelve insoportable para quienes aún consideran a las Fuerzas Armadas como instituciones con un compromiso histórico con la defensa del territorio nacional. Los ex combatientes de Malvinas, en particular, ven con indignación este tipo de acercamientos. No sólo porque significan un retroceso político, sino porque implican un insulto a la memoria de los 649 argentinos que perdieron la vida defendiendo la bandera en las islas.
A 43 años del conflicto del Atlántico Sur, el gobierno de Javier Milei parece decidido a reescribir la historia. Pero no desde la reivindicación, sino desde la claudicación. Su estrategia geopolítica, basada en el alineamiento automático con Washington y Londres, representa una ruptura profunda con la tradición diplomática argentina. Las reuniones secretas, los acuerdos militares encubiertos y el silencio sobre las Malvinas son las piezas de un mismo rompecabezas: un modelo de país que renuncia a su soberanía en nombre de una supuesta modernidad, que confunde subordinación con pragmatismo y que convierte la defensa nacional en una moneda de cambio.
El reclamo por Malvinas, una causa que trascendió gobiernos y banderas, está siendo desmantelado paso a paso por un poder que ya ni siquiera siente la necesidad de disimular. Mientras tanto, las banderas británicas flamean más alto que nunca en el Atlántico Sur, y el gobierno argentino mira para otro lado.
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