Pobreza 31,6%: el gobierno de Milei minimiza la crisis con cifras parciales
Subtítulo: Según el Indec, el 31,6% de la población fue pobre en el primer semestre de 2025; la lectura oficial oculta realidades cotidianas —alquileres, servicios y pérdida de consumo— que empujan a miles más hacia la precariedad.
El dato oficial, difundido el 25 de septiembre de 2025, muestra una baja respecto de trimestres anteriores, pero la metodología y la actualización de las canastas alimentaria y total ofrecen una lectura incompleta. Mientras el Ejecutivo celebra una baja porcentual, millones siguen perdiendo capacidad de compra y afrontando gastos que la estadística no contabiliza.
El Indec dio a conocer este jueves que la pobreza alcanzó al 31,6% de la población en el primer semestre de 2025. Es un número frío que el gobierno de Javier Milei no dudó en exhibir como logro. Y, en efecto, la serie oficial parece mostrar una caída: desde el 52,9% del primer semestre de 2024 hasta este 31,6% en 2025; una caída de 21,3 puntos porcentuales en menos de un año. Pero ahí está la trampa —perdón, la limitación—: esos porcentajes se calculan solo sobre ingresos monetarios del hogar y omiten otras dimensiones vitales del bienestar.
La medición del Indec usa dos referencias concretas: la Canasta Básica Alimentaria (CBA) para definir la indigencia y la Canasta Básica Total (CBT) para marcar la pobreza. Para agosto, dice el informe, un adulto necesitó $375.657 para no ser considerado pobre; para no ser indigente la barrera fue $168.456. Ahí aparece el ejemplo que incomoda: un jubilado que cobró la mínima —con el bono incluido de agosto, $385.000— queda por encima del umbral y, según la estadística, “no es pobre”. ¿Y eso qué significa en la vida real? Significa que un ingreso que apenas supera la canasta, en un país donde uno de cada tres hogares no tiene vivienda propia, alcanza para poco: el alquiler, la medicación, el transporte y los imprevistos suelen comerse la diferencia.
El problema es más estructural que técnico. Las canastas se actualizan por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), pero el IPC que rige la actualización tiene una composición que no refleja la reciente recomposición del gasto de las familias: los aumentos en servicios y tarifas crecieron mucho más que en alimentos, y sin embargo tienen poco peso en la canasta que calcula la inflación. Resultado: la actualización automática de la CBT y la CBA tiende a subestimar el impacto real en el bolsillo cuando los rubros que más duelen —alquileres, tarifas, salud— no reciben el peso que merecen en la ecuación. ¿Se entiende? Los ingresos nominales suben, pero el poder adquisitivo cae; el porcentaje oficial baja y la vida cotidiana de la gente empeora.
La Ciudad de Buenos Aires ilustra la contradicción. La nota oficial recuerda que CABA dispone de una canasta más actualizada —basada en la Encuesta Permanente de Hogares 2017/18— que pondera más los servicios, pero que nunca se utilizó plenamente; en cambio, a nivel nacional se sigue usando una canasta de 2004/05 totalmente desfasada. Desde la asunción de Milei, la inflación en CABA acumula alrededor de 30 puntos porcentuales por encima del dato nacional, lo que, de aplicarse la canasta más realista, elevaría la pobreza algunos puntos adicionales. Es decir: la foto nacional pinta mejor de lo que la vida en la ciudad revela.
La narrativa oficial es maniquea y cómoda: el gobierno presume una reducción “del 14%” —una cifra que circula en discursos y comunicados— y, al mismo tiempo, culpa a la mega devaluación de diciembre de 2023 en manos del gobierno anterior por los números que le resultan incómodos. La realidad es menos simple. El descenso estadístico de la pobreza coexiste con una caída sostenida del consumo masivo durante el mandato de Milei; esa contracción del mercado interno no es una anécdota: afecta ventas, salarios y la actividad cotidiana de los barrios. El ajuste fiscal y las políticas implementadas explican parte de ese fenómeno. Decir que la pobreza “bajó” y quedarse ahí es maquillaje retórico.
Además, hay omisiones que deberían ser inaceptables en cualquier debate serio: la medición oficial no incorpora una mirada multidimensional que incluya vivienda, salud, empleo digno y educación. En el mundo académico y en gran parte del debate público contemporáneo, la pobreza se analiza así: no sólo como falta de ingreso sino como ausencia de condiciones mínimas para una vida plena. Reducir todo a un número de ingresos por hogar es simplificar una tragedia social en un titular manejable por el Ejecutivo.
Frente a esto, la respuesta debería ser política y clara: actualizar las canastas con criterios que reflejen la realidad actual, incluir gastos de alquiler en la evaluación —más aún cuando una de cada tres familias no tiene vivienda propia según el Censo 2022— y abrir el debate para incorporar mediciones que no escondan a los vulnerables detrás de promedios. Hablar de reducción de la pobreza sin reconocer la pérdida de poder adquisitivo y la caída del consumo es, lisa y llanamente, una lectura parcial que beneficia al que gobierna en lo comunicacional y perjudica a quienes sostienen la economía desde abajo.
La certeza es que los números oficiales existen y son un insumo; la incertidumbre, enorme y legítima, es hasta dónde esos números reflejan la vida real. Si el objetivo es gobernar para reducir la pobreza de verdad, no alcanza con festejar porcentajes: hay que cambiar la metodología, revisar prioridades de gasto y reconocer que el ajuste no puede seguir siendo la excusa para justificar cifras que maquillan la emergencia social. La discusión está planteada y la sociedad merece algo más que titulares cómodos.
Fuente
.https://www.pagina12.com.ar/860723-la-pobreza-alcanzo-al-31-6-por-ciento-de-la-poblacion
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