Los trabajadores del Hospital Garrahan denunciaron que parte de la recaudación fue destinada a un fondo de inversión impulsado por el ministro de Economía, en lugar de financiar infraestructura y salarios.
La Asociación de Profesionales y Técnicos advirtió que el Gobierno retuvo $40.000 millones que debían ir a los trabajadores y a la atención pediátrica. Legisladores opositores acusaron a Javier Milei de utilizar esos recursos para sostener el dólar barato, mientras miles de familias enfrentan un sistema de salud cada vez más debilitado.
La denuncia sacudió al sistema de salud pública y expuso, una vez más, las prioridades del Gobierno de Javier Milei. La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan reveló que $40.000 millones de pesos, provenientes de la recaudación por servicios a obras sociales y prepagas, fueron desviados a un fondo de inversión vinculado al ministro de Economía, Luis Caputo. Ese dinero, que representa un 35% de las prácticas médicas realizadas, debía destinarse a infraestructura y a los llamados “recursos genuinos”, un ítem que impacta directamente en los salarios de los trabajadores del hospital pediátrico más importante del país.
“Esto es un escándalo. Nos dicen que no hay plata, que somos ñoquis, mientras guardan 40.000 millones en un fondo de Caputo”, denunció Norma Lezana, secretaria general del gremio, en diálogo con Noticias Argentinas. La indignación de los trabajadores es palpable: lo que debería invertirse en atención médica y condiciones laborales se convirtió en un mecanismo financiero que solo beneficia al gobierno central.
El informe del balance 2024 confirmó que los fondos fueron derivados al Fondo de Inversión Carlos Pellegrini, del Banco Nación, promovido por Caputo como parte de su esquema de “timba financiera”. Las autoridades del hospital, lejos de dar explicaciones claras, deslizaron que, si la denuncia es cierta, los trabajadores “hagan un juicio”. Una respuesta que refleja el desprecio oficial por quienes sostienen el sistema de salud en condiciones cada vez más precarias.
La diputada Victoria Tolosa Paz también cargó contra el Ejecutivo, acusando a Milei de entregarle esos recursos a Caputo para “mantener el dólar barato” en lugar de destinarlos a lo que corresponde: salarios dignos e inversiones urgentes en salud. “Ese dinero pertenece a los trabajadores y a las familias que dependen del Garrahan. Lo que está haciendo el Gobierno es una estafa a la comunidad”, sostuvo.
La situación se agrava en un contexto donde la Ley de Emergencia Pediátrica, pensada para reparar la pérdida salarial del 70% sufrida desde noviembre de 2023, todavía espera ser implementada. Mientras tanto, médicos, enfermeros y técnicos del Garrahan vuelven a las calles, acompañados por organizaciones sociales y de derechos humanos, exigiendo lo que les corresponde por derecho y lo que el Estado debería garantizar sin excusas: recursos para salvar vidas y salarios para quienes las sostienen.
La contradicción es brutal. Un gobierno que se jacta de “no gastar un peso de más” en salud pública, pero que inmoviliza fondos millonarios para especular en el mercado, está dejando en claro cuáles son sus prioridades: el negocio financiero por encima del bienestar de los niños y las familias que acuden al Garrahan. La incertidumbre sobre el destino de estos fondos no solo hiere a los trabajadores sino que erosiona la confianza social en un hospital que siempre fue símbolo de excelencia y compromiso con la salud pública.
La denuncia ya escaló al Congreso y promete convertirse en un nuevo frente de batalla política y social. Los trabajadores no piensan retroceder. Saben que no se trata solo de sus salarios, sino de defender el acceso a la salud en un país donde la desigualdad se profundiza al ritmo de las decisiones económicas del gobierno libertario.
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