El Ejecutivo decidió no aplicar el protocolo antipiquete frente a la Marcha Federal Universitaria convocada en rechazo al veto presidencial, aunque dispuso un fuerte vallado y la coordinación de fuerzas federales para custodiar el Congreso.
La estrategia del Gobierno expone su temor a una movilización masiva y deja al descubierto las contradicciones de una gestión que recorta derechos, desprecia la educación pública y a la vez intenta mostrarse como garante del “orden”.
El Gobierno de Javier Milei tomó la decisión de no implementar el polémico protocolo antipiquete durante la movilización prevista para esta tarde contra el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. El reconocimiento es explícito: saben que será una marcha multitudinaria y que cualquier intento de represión solo escalaría el conflicto político y social. La consigna oficial es clara: “Que marchen, los vamos a dejar”. Pero el mensaje, lejos de transmitir calma, desnuda la debilidad de un Ejecutivo que no logra contener el descontento popular.
Lejos de confiar en una convivencia pacífica, el Ministerio de Seguridad desplegó un operativo de vallados alrededor del Congreso y activó el comando unificado de Gendarmería, Policía Federal, Prefectura y Policía Aeroportuaria. El objetivo declarado es evitar “contactos directos” con los manifestantes, aunque no dudan en advertir que intervendrán si se intenta derribar las vallas. Una señal inequívoca de que el Gobierno prepara un cerco físico y político para aislar al Congreso del pueblo que reclama por su derecho a una universidad pública con financiamiento real.
En Balcarce 50 la tensión es evidente. No confían en sostener los vetos en la Cámara de Diputados, donde hoy se tratarán las insistencias contra el rechazo a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley de Emergencia Pediátrica. El oficialismo se escuda en tecnicismos legales y en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera para justificar que la ley vetada carece de recursos específicos. Sin embargo, lo que queda claro es que el Gobierno privilegia la disciplina fiscal sobre la educación y la salud, condenando a millones de argentinos a la precariedad.
El intento de Milei de calmar las aguas con el anuncio de partidas presupuestarias para 2026, por un total de $4,8 billones para universidades, fracasó en su propósito. Las universidades, los sindicatos y amplios sectores políticos consideran que la promesa es apenas un dibujo en el aire, incapaz de compensar la asfixia presupuestaria actual. En paralelo, el Ejecutivo exhibe sus prioridades al anunciar también un aumento del 5% en jubilaciones y un 17% en Salud, porcentajes que resultan insignificantes frente a la magnitud de la crisis inflacionaria y social.
La marcha de hoy no será una más. A la convocatoria universitaria se suman la CGT, partidos políticos de la oposición, la UCR, la Coalición Cívica, agrupaciones peronistas y el Frente de Izquierda. La pluralidad de adhesiones refleja que lo que está en juego trasciende la cuestión educativa: se trata de defender el Estado social frente a un gobierno que insiste en gobernar con recortes, vetos y un desprecio abierto hacia los consensos democráticos.
La presencia del secretario de Inteligencia del Estado, Sergio Neiffert, en las oficinas de Santiago Caputo previo a la movilización deja al descubierto la verdadera naturaleza de la estrategia oficial: no es la defensa de la educación pública, sino el control político y represivo de una ciudadanía cada vez más harta. Con la plaza del Congreso como escenario, el Gobierno se enfrenta hoy no solo a la universidad pública, sino al espejo de sus propios fracasos.
Fuente
.https://tn.com.ar/politica/2025/09/17/el-gobierno-no-aplicara-el-protocolo-antipiquete-en-la-marcha-contra-el-veto-al-financiamiento-universitario/
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