Sebastián Emanuel Martínez declaró ante la Justicia por haber disparado contra Jonathan Navarro y lo dejó sin un ojo. Afirmó que “cumplió con su deber”, pese a que el reglamento prohíbe disparar a la cabeza. La cadena de responsabilidades apunta a Patricia Bullrich, quien comandó el operativo represivo.
El 12 de marzo quedó grabado en la memoria de miles de manifestantes que marcharon frente al Congreso para apoyar el reclamo de los jubilados. Ese día, Jonathan Navarro, obrero de 33 años e hincha de Chacarita, perdió la visión de su ojo izquierdo tras recibir un disparo de gas pimienta a corta distancia. El autor fue el prefecto Sebastián Emanuel Martínez, quien ahora enfrenta la justicia y, lejos de reconocer la brutalidad de su accionar, se escuda en un supuesto “cumplimiento del deber” que contrasta de lleno con la normativa vigente.
Martínez, de 32 años, oriundo de Diamante, Entre Ríos, declaró ante el juez Ariel Lijo y se negó a responder preguntas. Apenas balbuceó que había actuado dentro del reglamento y que su intención fue proteger tanto a los manifestantes como a su propio personal. Sin embargo, las pruebas son contundentes. El fiscal Eduardo Taiano detalló que el prefecto disparó un proyectil químico Byrna Pepper a una distancia de entre 5 y 6,5 metros, apuntando directamente al rostro de Navarro. El reglamento que regula el uso de este tipo de armas es claro: los disparos deben dirigirse a brazos o piernas, nunca a la cabeza, el cuello o los genitales.
La crudeza de los hechos deja al descubierto no solo la violencia de un agente, sino también un patrón de represión planificada. Ese mismo día, otro uniformado, el gendarme Héctor Guerrero, destrozó el cráneo del reportero gráfico Pablo Grillo con una granada de gas lacrimógeno. La simultaneidad de los ataques revela que no se trató de excesos individuales, sino de un operativo coordinado bajo órdenes superiores.
En su declaración, Martínez intentó mostrarse como un trabajador común, que “vive con su pareja y su hija de cuatro años” y que cobra un sueldo que “no pasa del millón de pesos”. Ese recurso de victimización contrasta brutalmente con la vida truncada de Navarro, cuyo padre había gastado el día anterior 80 mil pesos en remedios sin cobertura, mientras su hijo salía a las calles a reclamar dignidad para los jubilados.
Las imágenes registradas por cámaras del Congreso y por reporteros gráficos fueron decisivas para identificar al prefecto. Se lo ve avanzar en puntas de pie detrás de la primera fila, apuntar por encima de los hombros de sus compañeros y disparar directo al rostro de la víctima. Esa prueba demuele la coartada del imputado y coloca el foco en la cadena de mando.
La querella, a cargo del abogado Pablo Zapulla, exige que la investigación no se limite a los ejecutores materiales. La responsabilidad política recae en Patricia Bullrich, quien se jactó públicamente de haber dirigido el “Comando Unificado de Fuerzas Federales” que coordinó la represión. Sin embargo, el gobierno de Javier Milei, lejos de condenar el accionar violento de sus fuerzas, lo avala con su silencio y con el respaldo explícito a la ministra.
Lo que está en juego no es solo la justicia para Navarro, sino también la posibilidad de frenar una política represiva que amenaza con repetirse en cada movilización popular. La defensa corporativa de los uniformados y la pasividad del Ejecutivo buscan instalar la idea de que disparar a la cara de un manifestante puede ser “cumplir con el deber”. Pero la realidad, brutal y dolorosa, muestra que lo único que se está consolidando es un régimen que desprecia los derechos humanos y habilita la impunidad.
Fuente:
.https://www.pagina12.com.ar/858444-el-prefecto-que-dejo-ciego-de-un-ojo-al-hincha-de-chacarita-
Deja una respuesta