El fallo judicial que condena a dos integrantes de Gendarmería por drogar y violar a una compañera no solo exhibe la violencia dentro de la fuerza, también recuerda la responsabilidad política de la gestión de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, cuando ocurrieron los hechos.
Williams Jovani Romero y Rolando Esteban Ríos recibieron ocho años de prisión efectiva por abuso sexual con acceso carnal contra una colega. El ataque se produjo en 2019, bajo la presidencia de Macri y con Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad. Hoy, el gobierno de Javier Milei continúa empoderando a las fuerzas mientras guarda silencio frente a estos crímenes.
La justicia de Santiago del Estero dictó una condena ejemplar: ocho años de prisión efectiva para los gendarmes Williams Jovani Romero, oriundo de Misiones, y Rolando Esteban Ríos, de Salta. Ambos fueron hallados culpables de drogar y violar a una compañera de Buenos Aires en octubre de 2019, durante un encuentro en el Dique Los Quiroga. El tribunal, integrado por los jueces Graciela Viana de Avendaño, Rosa Falco y Julio Carmelo Vidal, ordenó su inmediata detención, revocando las excarcelaciones que habían gozado durante el proceso.
El dato político es insoslayable: los hechos ocurrieron durante el gobierno de Mauricio Macri, con Patricia Bullrich como ministra de Seguridad y máxima responsable de la conducción de Gendarmería. En ese período se consolidó un discurso de “mano dura” que no solo se tradujo en represión contra la protesta social, sino que también convivió con prácticas de violencia, abusos y complicidades dentro de las fuerzas federales.
La víctima relató que fue obligada a beber cerveza mezclada con pastillas, lo que la dejó en estado de indefensión antes de ser atacada por sus propios colegas. Una escena brutal, que refleja no solo un crimen aberrante sino también la ausencia de mecanismos de control y protección interna.
Lo que debería escandalizar a cualquier sociedad es que, a más de cinco años del hecho, los responsables políticos de aquel entonces jamás se hicieron cargo. Ni Bullrich, que hoy vuelve a ocupar un rol central en la seguridad bajo el gobierno de Javier Milei, ni el propio Macri, que alentó la militarización de las calles, reconocieron el drama de una fuerza que fue terreno fértil para la violencia de género y la impunidad.
La imagen de Romero y Ríos esposados en la sala de audiencias podría interpretarse como un acto de justicia reparadora. Sin embargo, el trasfondo es mucho más complejo. Porque mientras un tribunal provincial condena a violadores con uniforme, la política nacional mantiene un discurso que los legitima como “garantes del orden”, negando la violencia y el abuso que se reproducen dentro de esas instituciones.
Hoy, el gobierno de Milei repite los mismos vicios: fortalecimiento de las fuerzas, aumentos salariales por encima de cualquier otro sector y un blindaje discursivo que ignora las denuncias de corrupción y violencia. La condena de Romero y Ríos no solo es un triunfo para la víctima que tuvo la valentía de denunciar, sino también un recordatorio de que las fuerzas de seguridad no están exentas de cometer delitos aberrantes, incluso mientras dicen defender a la sociedad.
La pregunta de fondo es si alguna vez habrá un gobierno dispuesto a revisar en serio a las fuerzas que hoy siguen siendo intocables. Sin un control político real, estos episodios se seguirán repitiendo, con víctimas que quedan atrapadas en el doble silencio del uniforme y del poder.
Fuente:
.https://noticiasargentinas.com/sociedad/dos-gendarmes-fueron-condenados-a-8-anos-de-prision-por-drogar-y-violar-a-una-companera-en-santiago-del-estero_a68c9b09203f9d1e33022b2dd
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