¡Otra de Karina! Fundaciones de dirigentes libertarios recibieron bienes públicos destinados a emergencias sociales

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La Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, aparece en el centro de una trama de discrecionalidad en la distribución de bienes incautados por la Aduana. Fundaciones vinculadas a dirigentes libertarios, imputados judiciales y ONGs alineadas políticamente aparecen como principales beneficiarios, mientras las emergencias sociales quedan relegadas.

La administración de rezagos aduaneros —bienes incautados por la Aduana que deberían destinarse a paliar emergencias sociales— se ha convertido en un nuevo foco de escándalo en el gobierno de Javier Milei. Bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei, se consolidó un esquema que direcciona estas donaciones hacia organizaciones ligadas al oficialismo libertario, generando denuncias de clientelismo político, opacidad y favoritismo.

El caso más resonante involucra a la Fundación Darío Donolo, que recibió más de 26 mil bienes decomisados entre alimentos, ropa e insumos de primera necesidad. El dato no sería grave de por sí si no fuera porque su titular, Darío Donolo, está imputado en la causa conocida como la “Mafia de la Aduana”. Como reveló Perfil y replicó Ahora San Juan, esta misma fundación había registrado en 2024 el dominio de la “Escuela de Formación, Debate y Análisis Político” (EFDAP), vinculada al armado territorial de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

La sospecha es clara: la estructura creada para la capacitación política libertaria estaría recibiendo recursos públicos bajo la excusa de la asistencia social.

Otro de los destinatarios confirmados es la Fundación CONIN, del médico Abel Albino, de reconocida afinidad con sectores conservadores y religiosos, que también recibió mercadería secuestrada en depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo. Según Humanidad, se trató de alimentos, calzado y productos de higiene, insumos de alto impacto social que quedaron bajo control de una organización privada de marcada impronta ideológica.

En Rosario, la polémica escaló a tal punto que derivó en un enfrentamiento interno dentro del propio oficialismo. La asociación civil Luchadores Latinos denunció que, de una donación prometida de 17.000 prendas, sólo recibió una parte, lo que abrió un cruce de acusaciones entre dirigentes libertarios locales. La Nación documentó el caso, dejando en evidencia que el conflicto por el reparto también genera fracturas dentro de La Libertad Avanza.

Lo que debería ser una política pública destinada a paliar situaciones de pobreza y emergencia social terminó convertido en una herramienta de premios y castigos políticos. La normativa vigente (Ley 25.603) establece que los bienes incautados pueden donarse, pero bajo parámetros de transparencia, control y necesidad social comprobada. Sin embargo, la concentración de decisiones en manos de Karina Milei y de su operador Eduardo “Lule” Menem abre un interrogante ético y legal: ¿se utilizan los recursos del Estado para aliviar necesidades urgentes o para fortalecer redes partidarias?

Las donaciones a fundaciones sin trayectoria social, vinculadas a imputados judiciales o directamente ligadas a la construcción política libertaria, configuran un escenario de grave discrecionalidad administrativa.

El trasfondo de este escándalo excede lo administrativo. Por un lado, pueden abrirse causas por malversación de bienes públicos si se comprueba que los rezagos fueron desviados de su función social hacia objetivos partidarios. Por otro, el costo político recae directamente sobre la figura de Karina Milei, ya cuestionada por su rol en la toma de decisiones y su control sobre áreas estratégicas del gobierno.

Incluso medios que habitualmente no confrontan con el oficialismo, como La Nación, han registrado conflictos y acusaciones internas por la gestión de estas donaciones. Esto muestra que la polémica no es sólo una construcción de la oposición, sino un problema real dentro de las filas libertarias.

El manejo de los rezagos aduaneros revela un patrón: bienes que deberían aliviar el hambre y la pobreza terminan en fundaciones ligadas al poder, mientras las organizaciones comunitarias de base quedan al margen. Lejos de garantizar transparencia y responsabilidad social, la Secretaría General de la Presidencia convierte la administración de recursos públicos en una herramienta de fidelización política.

Karina Milei, llamada en el propio oficialismo “El Jefe”, aparece nuevamente como protagonista de un escándalo que erosiona la legitimidad del gobierno y que amenaza con derivar en consecuencias judiciales.