La Cámara Nacional Electoral revocó el fallo que permitía a la expresidenta votar en las elecciones legislativas, en una decisión que refuerza el cerco judicial contra el kirchnerismo mientras el Gobierno busca mostrar autoridad a cualquier precio.
Cristina Kirchner quedó fuera del padrón electoral por decisión de la Cámara Nacional Electoral, que anuló la resolución de primera instancia dictada en Río Gallegos. Aunque la exmandataria nunca pidió ser habilitada, la medida adquiere un claro tinte político en un escenario atravesado por el avance judicial contra la oposición y por la estrategia de Javier Milei de disciplinar a sus adversarios con tribunales y decretos.
La decisión de la Cámara Nacional Electoral (CNE) de excluir a Cristina Fernández de Kirchner del padrón electoral no puede leerse solo como un acto administrativo. Más allá de la formalidad jurídica, el fallo encaja con un proceso que desde hace años convierte a la Justicia en un actor central de la política argentina, y hoy, bajo el gobierno de Javier Milei, funciona como engranaje de un disciplinamiento cada vez más evidente.
El tribunal revocó la sentencia de la jueza federal subrogante de Río Gallegos, Mariel Borruto, que en julio había autorizado a la expresidenta a figurar en el padrón pese a la condena en la llamada Causa Vialidad. La Cámara argumentó que la decisión de Borruto fue dictada de oficio y sin pedido expreso de la propia Cristina ni de su defensa, y que además no se realizó un análisis concreto del caso como exige la jurisprudencia. Hasta aquí, los tecnicismos. Pero lo que late detrás es otra cosa: la consolidación de un uso político del Poder Judicial como garante de exclusiones y vetos en nombre de la “república”.
El punto resulta más claro aún si se recuerda que la propia expresidenta jamás solicitó estar en el padrón. Su exclusión, entonces, no es una consecuencia de un reclamo personal ni de una estrategia electoral, sino la confirmación de que la Justicia no pierde ocasión para marcar territorio. El fallo funciona como mensaje hacia todo el arco opositor: nadie que desafíe al actual gobierno puede confiar en tener reglas claras en el terreno institucional.
Milei, mientras tanto, aprovecha el escenario. La narrativa libertaria insiste en que “nadie está por encima de la ley”, aunque el mismo gobierno que celebra esta exclusión se permita violar sistemáticamente derechos laborales, liquidar presupuestos universitarios y gobernar por decretos de necesidad y urgencia. La paradoja es evidente: se recorta el derecho ciudadano de una dirigente política en nombre de la legalidad, mientras se degrada la democracia en nombre de la libertad de mercado.
No hay ingenuidad en este movimiento. La inhabilitación de Cristina Kirchner para votar ni siquiera altera la campaña electoral, ya que su nombre no figuraba entre las candidaturas. Sin embargo, sí reafirma una estrategia más amplia: vaciar de legitimidad a los referentes opositores, consolidar la imagen de Milei como el garante de la “mano dura institucional” y profundizar la judicialización de la política como forma de anular la disputa democrática en las urnas.
En un país donde la desigualdad social se agrava día a día, la inflación golpea los bolsillos y la represión busca acallar las protestas, la exclusión de Cristina del padrón es un síntoma más de una democracia cada vez más tutelada. La Justicia vuelve a dictar sentencia, pero lo que se juega no es solo un trámite procesal: es el derecho de la ciudadanía a que las diferencias políticas se resuelvan en las urnas y no en los tribunales que, como se ve, responden más al clima de época que a la letra de la Constitución.
Fuente:
.https://www.pagina12.com.ar/857993-la-justicia-revoco-el-fallo-que-le-permitia-a-cristina-kirch
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