La primera etapa del plan afectará 741 kilómetros clave en el litoral y apunta a transferir miles de kilómetros más a manos privadas, bajo la promesa de eficiencia que genera dudas sobre su impacto real en el transporte y el comercio.
El 8 de octubre se abrirán los sobres para licitar seis rutas nacionales esenciales para la conexión con Brasil y Uruguay. Mientras el Gobierno asegura que la iniciativa mejorará la gestión vial, críticos advierten sobre riesgos de aumento de peajes y pérdida de control estatal sobre infraestructura estratégica.
El gobierno de Javier Milei continúa su ofensiva privatizadora con un paso que promete generar controversia: la concesión de más de 9 mil kilómetros de rutas nacionales, un paquete que pone en manos privadas tramos vitales para la economía y la conectividad internacional. La primera fase de la Red Federal de Concesiones, que será licitada el 8 de octubre, abarca 741 kilómetros estratégicos en el litoral del país, incluidos los denominados “Tramos Oriental y Conexión”.
El ministro de Economía, Luis Caputo, insiste en que la medida permitirá que el sector privado invierta y administre con mayor eficiencia, asegurando obras y mantenimiento de calidad. Sin embargo, especialistas y sectores críticos advierten sobre el riesgo de encarecimiento de peajes, menor supervisión estatal y un control fragmentado de vías fundamentales para el comercio regional. La incertidumbre es alta, especialmente para productores y transportistas que dependen de estas rutas para conectar Buenos Aires con Brasil y Uruguay.
Entre las rutas involucradas se encuentran la RN12, que une Buenos Aires con Misiones; la RN14, la principal vía hacia Brasil y Uruguay desde Buenos Aires; la RN135, que conecta Colón con el puente internacional Artigas; la RN A015, que facilita el acceso al complejo hidroeléctrico de Salto Grande; la RN117, que vincula Paso de los Libres con Uruguaiana; y la RN174, que articula el tránsito este-oeste del litoral con la zona núcleo en Santa Fe. Cada uno de estos tramos concentra flujos de transporte y comercio de gran relevancia para el país, por lo que su concesión a operadores privados genera preocupación sobre la estrategia del Ejecutivo.
El gobierno planea que los 8.384 kilómetros restantes se liciten en etapas posteriores mediante la plataforma Contrat.ar, en convocatorias nacionales e internacionales. La magnitud de esta privatización, sumada a la rapidez de la ejecución, abre un debate crítico sobre los beneficios reales frente a la pérdida de control sobre infraestructura estratégica y el riesgo de favorecer únicamente a grandes empresas. Mientras el Ejecutivo defiende su plan como un paso hacia la eficiencia, la sociedad enfrenta un escenario de mayor incertidumbre y exposición a posibles aumentos de costos para usuarios y transportistas.
Fuente:
Deja una respuesta