El rescate de 31 trabajadores rurales, entre ellos dos menores, en campos de Santa Fe expone las condiciones inhumanas en las que operan sectores del agro mientras el gobierno de Javier Milei desmantela políticas de control laboral y debilita la protección de los más vulnerables. La trata laboral, lejos de ser un fenómeno aislado, es la cara oculta de un modelo económico que prioriza la rentabilidad sobre la dignidad humana.
El 12 de septiembre se conoció el rescate de 31 personas que eran víctimas de explotación en los establecimientos rurales Santa Ana y La Revancha e Isabelliana SA, ubicados en el departamento 9 de Julio, provincia de Santa Fe. La escena que describieron los investigadores parece sacada de un pasado que creíamos superado: hombres y mujeres trabajando de lunes a lunes, de 8 a 18 horas, por un salario de 300 mil pesos quincenales al que se le descontaba incluso la comida. Como si no bastara, no tenían agua potable, hacían sus necesidades en tachos y vivían hacinados en campamentos miserables. Entre ellos había dos menores de edad.
El operativo fue encabezado por personal de la Agencia Regional de Coordinación contra el Trabajo Ilegal (ARCA), el RENATRE y la Justicia Federal. El juez Eduardo Rodríguez Da Cruz ordenó allanamientos, secuestro de teléfonos y documentación, e imputó a dos personas vinculadas a los campos. Las víctimas, oriundas de Los Juríes, Santiago del Estero, quedaron bajo asistencia de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe y del Programa de Rescate a Víctimas de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación.
Lo que se reveló en Santa Fe no es un episodio aislado, sino parte de una matriz de explotación que avanza al calor de la desregulación y la desprotección estatal. Mientras se ajustan presupuestos y se debilitan organismos de control, crecen los márgenes para que empresarios sin escrúpulos reproduzcan prácticas que bordean la esclavitud. El gobierno de Milei, con su prédica de “menos Estado”, crea el terreno fértil para que la trata laboral encuentre impunidad y silencio.
La retórica libertaria habla de “libertad de mercado”, pero ¿qué libertad tiene un trabajador al que se le niega el agua, el baño y hasta el derecho a la documentación? ¿Qué libre acuerdo puede haber entre un patrón poderoso y una familia en extrema vulnerabilidad traída de otra provincia? Se trata, en realidad, de una violencia estructural disfrazada de contrato laboral.
La investigación del fiscal Jorge Gustavo Onel y su equipo continúa, pero el mensaje político es más profundo. Si el Estado se repliega, la explotación avanza. Si se naturaliza que la rentabilidad está por encima de los derechos humanos, entonces estos horrores seguirán multiplicándose. El caso de Santa Fe no solo desnuda a quienes se enriquecen a costa de la miseria ajena, también interpela a un gobierno que parece más preocupado por defender a los grandes empresarios que por garantizar la dignidad básica de los trabajadores rurales.
El drama es evidente y la urgencia es impostergable: sin un Estado activo, la Argentina corre el riesgo de retroceder a un tiempo en el que los peones eran tratados como descartables. Hoy son 31 las víctimas rescatadas, pero detrás de ellas se esconde una realidad mucho más amplia que este modelo económico pretende invisibilizar.
Fuente:.
.https://www.infogremiales.com.ar/rescataron-a-31-personas-entre-ellos-2-menores-que-eran-victimas-de-explotacion-laboral-en-campos-de-santa-fe/
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