El Jefe de Gobierno porteño, junto a su ministra de Educación, emprendió una campaña de hostigamiento contra un maestro que expresó solidaridad con las infancias palestinas. El caso expone la ofensiva contra la docencia, la libertad de expresión y la organización sindical en plena sintonía con el gobierno de Javier Milei.
La sanción anunciada contra el docente Federico Puy, secretario de prensa de ADEMYS y maestro de primaria, revela hasta qué punto el macrismo porteño está dispuesto a criminalizar la palabra crítica. Durante un acto por el Día del Maestro, Puy dedicó su homenaje a los educadores de Gaza, a las infancias asesinadas por el ejército israelí y a las víctimas del bombardeo sobre Dubái, donde incluso mencionó a Tomy, un exalumno suyo que sobrevivió al ataque. El gesto, profundamente humano y solidario, fue interpretado por Jorge Macri como un “adoctrinamiento” y desencadenó una ofensiva en redes sociales, amplificada por la ministra de Educación, Mercedes Miguel.
No se trata de un hecho aislado. La embestida contra Puy se inscribe en un clima político donde el PRO y La Libertad Avanza actúan en tándem para acallar voces disidentes. En un país donde los docentes ya cargan con salarios depreciados, aulas abarrotadas y escuelas con infraestructura deficiente, ahora se suma la amenaza de ser perseguidos por ejercer un derecho elemental: expresar una posición frente a un genocidio que conmueve al mundo.
La paradoja es evidente. Mientras Milei se pasea en foros internacionales proclamando la defensa de la libertad, en la Ciudad de Buenos Aires se sanciona a un maestro por el solo hecho de hablar de derechos humanos y solidarizarse con las infancias palestinas. Se pretende instalar la idea de que la docencia debe ser un oficio neutral, despojado de toda conciencia social. Como si enseñar fuese limitarse a repetir contenidos vacíos, sin vínculo con la realidad ni sensibilidad frente al dolor ajeno.
El propio Puy lo expresó con claridad: “Me persiguen por homenajear a las maestras y maestros de Gaza asesinados, por hablar de lo que significa el genocidio en las escuelas”. Y lejos de quedar aislado, recibió un aluvión de apoyos: desde la pedagoga Adriana Puiggrós, pasando por colectivos como Judíes contra el Genocidio, hasta gremios y organizaciones de derechos humanos de Argentina y el exterior. La reacción popular desbarata el relato oficial de “adoctrinamiento” y muestra que el trasfondo real es la censura política.
Este hostigamiento no puede leerse sin el contexto mayor: un gobierno nacional que ataca sistemáticamente a las universidades, demoniza a los sindicatos y se alinea sin matices con la derecha israelí. La Ciudad, gobernada por Jorge Macri, funciona como laboratorio de esa política represiva, donde se naturaliza la persecución a trabajadores de la educación bajo el eufemismo de “defensa de la neutralidad escolar”.
El caso de Puy es un llamado de alerta. Si un maestro puede ser sancionado por solidarizarse con niños bombardeados en Gaza, ¿qué queda para quienes denuncien el ajuste en las aulas, la precarización laboral o el vaciamiento de la educación pública? La persecución contra la docencia no es solo un atropello individual, es un mensaje disciplinador hacia toda la comunidad educativa.
En tiempos donde Milei y Macri cierran filas para imponer silencio y miedo, el apoyo masivo que recibió Puy demuestra que hay otra Argentina que no acepta la mordaza. Defender a este docente es defender el derecho de enseñar, de pensar y de hablar sin ser castigados por un poder cada vez más autoritario.
Fuente:
.https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/docente-palestina-sancion-jor-macri/
Deja una respuesta