La decisión de la empresa austríaca dejó en la calle a 65 operarios que fueron impedidos de ingresar a la planta sin previo aviso. El sindicato denuncia un posible vaciamiento y sospecha que la firma pretende abandonar la producción nacional para volver a ser importadora. La medida refleja el deterioro del empleo industrial en un país asfixiado por las políticas económicas del gobierno de Javier Milei.
El amanecer en Campana fue distinto este miércoles. Los 65 trabajadores de la ensambladora de motos KTM llegaron a la planta ubicada en el Parque Industrial, pero no pudieron cruzar el portón. Recursos Humanos los recibió con carta documento en mano: no podían ingresar. Sin diálogo previo con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), sin un aviso que les permitiera prepararse para semejante golpe, quedaron a la intemperie, literalmente, frente a una fábrica que hasta el día anterior funcionaba con normalidad.
La reacción no se hizo esperar. Jeremías Colella, delegado gremial, fue tajante: “Los compañeros se vieron imposibilitados de entrar a trabajar. La empresa no dio ninguna novedad y sólo presentó un escrito ante el Ministerio de Trabajo. No sabemos si será un cierre permanente o de corto plazo”. Sus palabras reflejan la incertidumbre de decenas de familias que de un día para el otro quedaron colgadas de un hilo, sin saber si habrá futuro laboral en una planta que hasta hace poco hablaba de nuevos modelos a ensamblar en el país.
El golpe fue doble. No solo Campana quedó paralizada, también la planta de Pilar —donde se producen motos Royal Enfield— detuvo su actividad, aunque allí la empresa prometió retomar al día siguiente. Sin embargo, la promesa poco convence cuando lo que se observa en Campana es un portazo en la cara de los trabajadores.
Lo que más sorprende es que no se trata de una empresa en crisis visible. Los salarios se venían pagando, la producción era estable y existían planes a largo plazo. Nada hacía prever un cierre abrupto. Por eso la UOM sospecha que detrás de esta maniobra hay una decisión más profunda: dejar de producir en el país y volver a operar como importadores, dejando a la Argentina reducida a un simple mercado de consumo y abandonando cualquier proyecto de industria nacional.
La escena no puede leerse en abstracto. En un contexto donde el gobierno de Javier Milei empuja una política económica que desarma la producción y abre la puerta de par en par a las importaciones, la medida de KTM encaja en un patrón mayor. Empresas que encuentran en la liberalización una excusa perfecta para deshacerse de la mano de obra local y maximizar ganancias con el menor compromiso posible. El resultado es siempre el mismo: más trabajadores en la calle, más incertidumbre social y menos industria nacional.
La vigilia de los empleados en la puerta de la planta, sobre la Ruta 9 a la altura del kilómetro 77, se convirtió en símbolo de resistencia. No solo defienden su fuente de trabajo, sino también la idea de que Argentina debe producir y no resignarse a importar. “Esto fue totalmente sorpresivo”, repitió Colella, con un tono que combina bronca, impotencia y alerta.
El caso de KTM es una muestra más de cómo se vacía el aparato productivo mientras el gobierno libertario aplaude la retirada del Estado y entrega el terreno a los grandes jugadores internacionales. Una postal que exhibe con crudeza que el “plan motosierra” no solo ajusta presupuestos, también corta el futuro de la industria nacional.
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