Más problemas para Patricia Bullrich. El caso del fotógrafo Pablo Grillo, herido durante la represión frente al Congreso, sumó un dato clave que compromete directamente a la Gendarmería. Un informe balístico elaborado por la Policía de la Ciudad confirmó que el gendarme Héctor Guerrero violó el protocolo de uso de armas lanzagases y descartó por completo la versión oficial que intentaba encubrir lo ocurrido. La conclusión es contundente: el disparo que impactó en la cabeza de Grillo no fue un accidente, sino el resultado de un accionar irregular durante un operativo represivo ordenado por la ministra de Seguridad.
La pericia, incorporada a la causa judicial, determinó que el proyectil jamás habría alcanzado a Grillo si se hubiera respetado la normativa que establece que los cartuchos deben ser disparados a 45 grados hacia arriba o entre 30 y 45 hacia abajo. La reconstrucción, realizada el 11 de agosto con presencia de peritos de todas las partes, marcó un giro en la investigación y dejó expuesto al agente Guerrero, quien ya fue citado a declaración indagatoria por la jueza María Servini para el próximo 17 de septiembre.
Mientras tanto, el estado de salud de Pablo Grillo sigue siendo delicado. El fotógrafo permanece internado luego de haber sido sometido a múltiples cirugías. Su padre, Fabián Grillo, explicó en diálogo con Página 12 que esperan un nuevo informe médico: “Hoy estaba clínicamente estable, pero en la última tomografía se detectó una pequeña expansión. Mañana tendremos más precisiones con los resultados de los estudios”.
El disparo ocurrió el 12 de marzo, en el marco de la represión frente al Congreso que dejó un saldo de más de cien detenidos y otro centenar de heridos. El operativo incluyó a Gendarmería, Policía Federal, PSA, Prefectura y Policía de la Ciudad, con despliegue de uniformados, efectivos de civil y vehículos identificados y no identificados. La violencia comenzó incluso antes de que iniciara la manifestación convocada para las 17: a las 16 ya se registraban cargas policiales, y apenas pasadas las 17 Grillo recibió en la frente el impacto del cartucho que lo dejó gravemente herido.
La represión se amparó en la resolución 943/23, el llamado “Protocolo antipiquetes” impulsado por Patricia Bullrich, que habilita la dispersión de manifestaciones bajo el argumento de la interrupción del tránsito y otorga a las fuerzas de seguridad facultades para recolectar datos de organizaciones y referentes sociales. Desde su implementación en diciembre de 2023, organismos de derechos humanos advirtieron que se trata de un protocolo inconstitucional que fomenta la criminalización y la estigmatización de la protesta social.
Hoy, con un informe balístico que echa por tierra la versión oficial, la causa avanza y el gobierno enfrenta un nuevo frente de crisis. El caso Grillo desnuda con crudeza la violencia represiva que Bullrich buscó institucionalizar bajo el pretexto del “orden público”, y pone bajo la lupa a una ministra cada vez más cuestionada por el uso indiscriminado de la fuerza.
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