La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica tras ser denunciada penalmente por el abogado Gregorio Dalbón ante los tribunales de Comodoro Py. La acusación apunta al delito de abuso de autoridad, motivado por los allanamientos solicitados a periodistas y medios de comunicación, supuestamente con el objetivo de amedrentarlos y restringir la libertad de prensa.
El hecho se produjo luego de que Bullrich presentara una denuncia por presunto espionaje ilegal a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Según Dalbón, la ministra utilizó esta acción como herramienta de intimidación, afectando no solo a los profesionales mencionados sino al conjunto de los medios y plataformas digitales, configurando así una forma de censura indirecta y masiva.
Entre las medidas solicitadas por Bullrich se encuentran el allanamiento de los estudios de Carnaval Stream y de los domicilios de periodistas como Jorge Rial y Mauro Federico. Además, pidió una medida cautelar inédita: prohibir la difusión de los audios y cualquier material escrito o audiovisual relacionado con la investigación, bajo apercibimiento legal, algo que Dalbón calificó como un intento evidente de censura previa, prohibida por la Constitución Nacional.
La denuncia sostiene que estas acciones son manifiestamente contrarias a la Constitución y a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Dalbón pidió que la ministra sea citada a prestar declaración indagatoria y subrayó que el pedido de allanamiento, el secuestro de equipos de trabajo y la pretensión de prohibir la difusión de información periodística representan un abuso de autoridad y una extralimitación funcional que no puede pasar inadvertida.
El caso vuelve a poner en tensión la relación entre el Gobierno y los medios, en un contexto donde la seguridad y la persecución política parecen entrelazarse, y refuerza las críticas sobre la concentración de poder y el uso de herramientas estatales para amedrentar a la prensa.
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