Escándalo en Salud: Lugones y Vilches se esconden del Congreso mientras crece la trama de coimas en medicamentos

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Las sillas vacías hablaron más fuerte que cualquier discurso. El ministro de Salud, Mario Lugones, y el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Vilches, decidieron no presentarse en el plenario de comisiones de Salud y Discapacidad de la Cámara de Diputados. Habían sido citados para dar explicaciones por el escándalo de los audios que revelan coimas en la compra de medicamentos, pero prefirieron el silencio. Un silencio cómplice que se convierte en grito de impunidad.

Mientras el gobierno de Javier Milei promete auditorías y ajuste para “terminar con los curros”, el caso ANDIS expone la obscenidad del doble discurso: miles de personas con discapacidad fueron privadas de pensiones y prestaciones básicas, al mismo tiempo que empresas amigas multiplicaban contratos millonarios con el Estado.

La ausencia de Lugones y Vilches no fue una casualidad. Fue una estrategia para ganar tiempo y evitar responder a preguntas incómodas: ¿quién autorizó los pagos sospechosos?, ¿qué funcionarios estaban detrás del sistema de retornos?, ¿por qué se castiga a los más vulnerables mientras se habilitan negocios escandalosos en la compra directa de medicamentos?

El presidente de la Comisión de Discapacidad, Daniel Arroyo, lo dijo con crudeza: “El sistema de prestaciones está detonado. La gente viaja cientos de kilómetros, hace colas interminables y se enfrenta a un Estado que les da la espalda, mientras circulan audios donde se hablan de coimas de medio millón de pesos”. La obscenidad del contraste es brutal: de un lado, personas con ceguera o enfermedades crónicas obligadas a revalidar papeles absurdos; del otro, funcionarios y empresarios repartiendo retornos.

El discurso oficial se derrumba con cada revelación. El diputado Eduardo Valdés (UxP) fue directo: “Hay 110 mil pensiones dadas de baja con un método arbitrario. ¿Quién dio la orden de barrer a los más necesitados mientras multiplicaban contratos a empresas proveedoras?”. No se trata de errores administrativos. Se trata de un plan deliberado: ajustar brutalmente a quienes menos tienen y, al mismo tiempo, abrir la caja de la corrupción para alimentar a la nueva casta gobernante.

La diputada del Frente de Izquierda, Mercedes de Mendieta, fue aún más tajante: “Lo que avanza con Milei no es la libertad, es la corrupción. Vinieron a terminar con los curros y se hicieron del Estado para hacer curros. Está claro que son recontra casta”.

El socialista Esteban Paulón recordó un dato que desnuda la magnitud del negociado: la empresa Suizo Argentina multiplicó por más del 2.600 % sus contratos con el Estado. Mientras tanto, miles de personas quedaron sin medicamentos ni atención. La diputada Mónica Fein lo resumió con precisión: “Acá hay gente que muere por falta de prestaciones, mientras millones de pesos desaparecen en un sistema de corrupción que rompe cualquier equilibrio fiscal”.

El diputado Leandro Santoro puso nombres y apellidos al escándalo: “Es imprescindible que den la cara Lule Menem y Karina Milei. No puede ser que siempre se sacrifique a un fusible menor mientras se protege a los verdaderos responsables”.

El caso ANDIS ya motivó siete proyectos en el Congreso para interpelar funcionarios, pedir informes y hasta crear una comisión investigadora. La lista de legisladores que exigen explicaciones incluye a Sergio Casas, Esteban Paulón, Andrea Freites, Sabrina Selva, Oscar Agost Carreño, Ricardo López Murphy y Christian Castillo. El reclamo es transversal: quieren saber quién se benefició de las coimas y por qué se usó la auditoría como pantalla para el saqueo.

El Gobierno que se autopercibe adalid de la transparencia queda, una vez más, en evidencia. Prometieron un Estado austero y terminaron con un Estado corrupto, que ajusta a los débiles y engorda a los amigos del poder. La ausencia de Lugones y Vilches no los libra de responsabilidad. Por el contrario, confirma lo que todos sospechan: el caso ANDIS es apenas la punta de un iceberg que puede hundir al oficialismo en su propia contradicción.

Mientras tanto, las personas con discapacidad, las mismas que Milei utilizó como excusa para “recortar curros”, siguen pagando con su vida y su dignidad la fiesta de la corrupción libertaria.

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