La sombra de la corrupción vuelve a instalarse en la Casa Rosada. La droguería Suizo Argentina, acusada en audios explosivos de Diego Spagnuolo de haber montado un mecanismo de coimas con la venia del poder, acumula contratos por más de 100.000 millones de pesos con distintas áreas del Estado.
La historia parece calcada de un guion que los argentinos conocen demasiado bien: empresas cercanas al poder que, de la noche a la mañana, multiplican contratos, facturan cifras astronómicas y se instalan en la estructura del Estado como si fueran parte de su engranaje. La protagonista de este capítulo es la droguería Suizo Argentina, propiedad de la familia Kovalivker, que en poco más de un año y medio del gobierno de Javier Milei se convirtió en una de las principales beneficiarias del negocio de los medicamentos, con contratos que superan los 100.000 millones de pesos.
El escándalo estalló tras los audios de Diego Spagnuolo, exdirector en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde no solo denunció presiones para beneficiar a la empresa sino que apuntó directamente contra Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem como responsables de un entramado de corrupción. Sus palabras son tan crudas como reveladoras: “La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘escuchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8. Lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando’”. Una radiografía precisa del mecanismo de recaudación ilegal que, de confirmarse en sede judicial, desnudaría cómo se cocina la corrupción desde los despachos oficiales.
El vínculo entre la droguería y el Estado no nació con Milei, pero lo cierto es que con su llegada al poder encontró tierra fértil. Según el sitio oficial COMPRAR.AR, Suizo Argentina intervino en 105 procesos de compra desde el desembarco del libertario en la Casa Rosada, la mayoría de ellos victoriosos. Para dimensionar la magnitud del salto: son los mismos que en los cuatro años de Alberto Fernández y un 400% más que durante todo el gobierno de Mauricio Macri, que apenas llegó a 22. Un crecimiento tan abrupto no se explica sin un clima de negocios favorable desde las más altas esferas del poder.
Los allanamientos ordenados por el juez federal Sebastián Casanello —14 en total, entre la sede de ANDIS, la droguería, domicilios particulares de Spagnuolo y de los propios dueños de la empresa— encendieron las alarmas de un sistema que parecía funcionar con total impunidad. Sin embargo, la historia arrastra antecedentes: ya en los primeros meses del gobierno de Milei, una denuncia presentada por Alejandro Sebastián Díaz Pascual, de la Fundación Arcos, advertía sobre compras por casi 30.000 millones sin licitación pública. Esa misma presentación señalaba el vínculo con Farma Online, la plataforma de venta de la droguería, que comercializaba productos de la marca GenTech, fundada por Martín Menem, actual presidente de la Cámara de Diputados. Aquella causa terminó archivada, como suele ocurrir cuando los intereses tocan fibras demasiado sensibles.
Los números son demoledores y hablan por sí solos. Entre diciembre de 2023 y la actualidad, el Ministerio de Salud cerró contrataciones directas con Suizo Argentina que van desde los 436 millones de pesos por Enzalutamida hasta más de 1.000 millones por Asparaginasa Pegilada. En mayo, por ejemplo, la empresa ganó una compulsa por 2.800 millones por Cetuximab 500 mg. Cada medicamento, cada fármaco oncológico, cada hormona de crecimiento se convierte en una cifra millonaria que engorda las arcas de una sola compañía, consolidando un monopolio de hecho en un área tan sensible como la salud pública.
Pero el negocio no termina allí. En una contratación directa por el servicio de logística, Suizo Argentina derrotó a OCA y al propio Correo Argentino para encargarse de la distribución de medicamentos junto con Andreani, embolsando 78.000 millones de pesos. Andreani, en ese mismo proceso, se llevó apenas 20.000 millones. La comparación deja en evidencia quién es el jugador privilegiado en este esquema de negocios.
La trama se expande a otras carteras, demostrando que la empresa de la familia Kovalivker no juega a una sola ficha. En el Ministerio de Defensa, bajo la órbita de Luis Petri, vendió guantes de cirugía por 105 millones y mantiene contratos en proceso de adjudicación por más de 130 millones en insumos médicos. Incluso llegó a facturar 469 millones en medicamentos inmunosupresores y antitumorales.
El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, también figura en la lista. Allí, la Policía Federal aparece como compradora recurrente de medicamentos de alto costo. Solo en febrero, una de esas compras ascendió a 1.680 millones. En abril, la empresa se aseguró 939 millones por medicamentos anticuerpos monoclonales con cadena de frío. En mayo, 301 millones por tratamientos para el HIV y otros 1.426 millones por fármacos antineoplásicos. Una concentración de negocios tan sistemática como alarmante.
Lo que aflora es un patrón: un Estado que no diversifica proveedores, que repite contrataciones directas y que se deja arrastrar por una sola empresa que, casualidad o no, mantiene vínculos con apellidos que orbitan alrededor del poder político. Si algo queda claro es que la salud de los argentinos no es aquí la prioridad, sino la caja negra de un negocio multimillonario que se reparte entre pocos y siempre con la sospecha del retorno.
Mientras tanto, el gobierno de Milei se muestra imperturbable. Prefiere insistir con su retórica de ajuste y motosierra, mientras puertas adentro sus funcionarios y familiares cercanos aparecen involucrados en operaciones que huelen a coima. El contraste es brutal: se ajusta en educación, en salarios, en programas sociales, pero no se ahorra un centavo cuando se trata de engordar los bolsillos de las droguerías amigas.
La investigación judicial recién comienza y es posible que nunca llegue al fondo de la cuestión. La historia argentina está plagada de causas que nacen con estrépito y mueren en el archivo. Pero lo que ya no se puede ocultar es la obscenidad de los números: más de 100.000 millones de pesos en contratos en poco más de un año, con un solo jugador como protagonista. Lo que para el gobierno libertario se disfraza de “eficiencia” en la gestión, en realidad parece ser la consolidación de un sistema aceitado de favores, presiones y retornos.
El país vuelve a enfrentarse a la pregunta de siempre: ¿hasta dónde puede llegar la voracidad de un gobierno que se presenta como “la casta contra la casta” mientras reparte negocios multimillonarios a sus allegados? La respuesta, por ahora, está en manos de la justicia, aunque la calle ya percibe el hedor. Porque en definitiva, lo que está en juego no son solo contratos y millones, sino la salud pública de millones de argentinos convertida en una mercancía más, al servicio del poder de turno.
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