ATE y APINTA recibieron visto favorable al amparo que presentaron para evitar la eliminación del INTA que pretende Javier Milei.
Cerca de la medianoche de este miércoles, la Justicia Federal dictó una medida cautelar que frena el plan oficial de desguace del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
La resolución toma un amparo presentado conjuntamente por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación de Personal del INTA (APINTA), y le ordena al Gobierno nacional que se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo que derive de la aplicación del decreto 462/25, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas al Instituto.
Con mucha rapidez, tras conocerse la disposición, desde Casa Rosada anunciaron que el Gobierno apelará la medida para poder seguir avanzando con el plan de reducción y despidos. En el Ejecutivo insisten en que las reformas que están plasmadas en decretos son necesarias para “modernizar y hacer más eficiente la gestión de los recursos públicos” y que la judicialización de las medidas de gobierno busca obstaculizar el proceso de ajuste.
Qué dice la cautelar por el INTA
El fallo que frena los cambios en el INTA se fundamenta en la necesidad de “evitar perjuicios irreparables y preservar el statu quo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”.
Según surge del texto, está en tela de juicio la constitucionalidad del decreto. E indica que la medida gubernamental “interfiere arbitrariamente” en cuestiones que deben ser resueltas en el marco de la negociación colectiva, y que vulnera los derechos laborales y sindicales.
La cautelar fue firmada por Martina Forns, la jueza al frente del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín.
Forns ya había fallado en contra del decreto 585/2025 que ordenaba modificaciones en organismos descentralizados y, en esta ocasión, tomó la denuncia realizada por ATE y APINTA.
Como no puede eliminar el INTA, el Gobierno empezó a vaciarlo
En dicha presentación, los gremios argumentaron que las disposiciones del decreto vulneraban la estabilidad laboral de los trabajadores y amenazaban “la esencia misma del INTA, poniendo en riesgo sus funciones esenciales de investigación y desarrollo tecnológico”.
“Un límite al autoritarismo”
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, calificó el fallo como un “límite institucional al autoritarismo del Gobierno”.
Por su parte, Flavio Vergara, secretario de Convenios Colectivos de Trabajo de ATE, expresó: “Este Gobierno viene a entregarle al capital privado, las herramientas del Estado. Y el INTA es una de las herramientas más importantes porque construye conocimiento, trabaja solidariamente en el territorio, produce mejoras en el terreno con lo que tiene que ver con la biología, con la genética, y además trabaja con otros organismos del sistema científico”.
“Este ataque que estamos viendo es un ataque que empieza por acá pero que va por todo el sistema científico”, agregó.
Este no es el único frente judicial que se le abre al DNU 462/2025. Otras organizaciones, han presentado amparos contra la reestructuración del INTA, remarcando que las modificaciones que pretende hacer el Gobierno afectan de manera directa a los sectores productivos y la soberanía tecnológica.
Entre estas, destaca una presentada por la Comunidad Aborigen de Laguna Fría y Chacay Oeste, de la meseta centro norte de Chubut, y que ya está en la Justicia Federal de Rawson.
En dicho proceso, la comunidad mapuche-tehuelche manifestó que no la consultaron sobre la publicación del decreto 462/2025, y que el derecho a la consulta previa es un derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas a partir de la reforma constitucional de 1994 y la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Por Gestión Sindical
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