La senadora del PRO volvió a quedar en el centro de la polémica al cuestionar el derecho de los niños argentinos a atenderse en el Hospital Garrahan durante el debate por la ley de emergencia pediátrica. Sus dichos provocaron un repudio generalizado y exponen el verdadero trasfondo de las políticas del gobierno de Javier Milei.
En Argentina, los hospitales públicos han sido siempre un símbolo de acceso universal, un reflejo de ese pacto social que, aunque tantas veces golpeado, sostiene la idea de que la salud no es un privilegio sino un derecho. Sin embargo, la senadora oficialista Carmen Álvarez Rivero decidió dinamitar esa noción con una frase que ya quedó grabada en la lista de los papelones políticos más indignantes de los últimos tiempos. “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados”, lanzó sin titubeos en plena reunión de comisiones del Senado. Bastaron esas pocas palabras para encender la bronca, para desnudar con crudeza la concepción que se esconde detrás del discurso oficialista: la idea de que la vida puede fragmentarse en jurisdicciones, que la salud se administra como un negocio y que el Estado nacional puede lavarse las manos cuando se trata de los más vulnerables.
El contexto de la discusión era nada menos que el proyecto de emergencia pediátrica, que finalmente obtuvo dictamen y será tratado en el recinto. Pero mientras el Senado intentaba dar un paso en la dirección de proteger a la infancia frente a la crisis sanitaria que atraviesa el país, Álvarez Rivero eligió pararse del lado opuesto, negando incluso la existencia de un derecho que la Constitución Nacional y el sentido común consideran irrenunciable. No fue un simple error de expresión, como después intentó justificar; fue una declaración cargada de ideología, de esa mirada que reduce la salud a un problema de gestión provincial, como si el destino de un niño con una enfermedad grave pudiera depender de la frontera de su partida de nacimiento.
La respuesta de sus pares fue inmediata y contundente. Lucía Corpacci, presidenta de la comisión de Salud, le recordó que el acceso a la atención no admite excepciones. Guadalupe Tagliaferri apeló directamente a la Constitución, recordándole que allí está consagrado el deber del Estado de garantizar la salud. Y Martín Lousteau fue todavía más gráfico: “Un país es injusto cuando el acceso a la atención depende del lugar donde uno nace. Decir que los niños con patologías graves no tienen derecho a ser atendidos en el Garrahan muestra cuán proclive a la injusticia es la cabeza de una persona”. El rechazo fue unánime, no solo por lo aberrante de la frase sino porque revela un trasfondo alarmante: un oficialismo que no solo no garantiza, sino que empieza a cuestionar, derechos básicos.
La legisladora intentó luego retroceder sobre sus pasos. Pidió la palabra para explicar que había sido “malinterpretada” y trató de despegarse del escándalo. “Los chicos que se operan en el Garrahan no tienen nada que ver en esta discusión”, dijo con una torpeza que solo logró agravar el malestar. Volvió a insistir en que “la competencia es provincial” y que el hospital, financiado por todos, “le provee más servicios a la Ciudad y al AMBA”. Es decir, se aferró a un argumento contable para deslegitimar la universalidad del Garrahan, como si el derecho a la salud pudiera calcularse en porcentajes de derivaciones. Esa visión reduccionista y burocrática no hace más que reforzar la esencia de su planteo inicial: despojar al Estado nacional de la responsabilidad de cuidar la vida de todos los argentinos.
El problema de fondo no es solo lo que dijo, sino lo que representa. Porque Álvarez Rivero ya había mostrado su estilo semanas atrás, cuando como presidenta de la Comisión de Trabajo intentó dar por levantada una reunión para impedir que se discutieran proyectos de moratoria previsional y aumento de haberes jubilatorios. En esa ocasión, se levantó de la mesa con la convicción de haber frenado el debate, pero tuvo que volver a su asiento segundos después, cuando notó que sus maniobras autoritarias habían fracasado. Lo suyo no parece ser un traspié aislado, sino un patrón: obstaculizar, negar derechos, encarnar con una lealtad casi ciega el manual del ajuste oficialista.
El Garrahan no es un hospital más. Es un emblema, un faro de referencia en toda América Latina, un espacio que simboliza el esfuerzo colectivo para que la infancia, sin importar origen ni condición social, reciba la mejor atención posible. Pretender limitar el acceso a esa institución es golpear en el corazón de la salud pública. Es desconocer que detrás de cada derivación hay familias enteras que venden lo poco que tienen para acompañar a sus hijos, que recorren miles de kilómetros buscando una esperanza. Decirles que no tienen “derecho” a ese lugar es condenarlos a la resignación, a aceptar que el azar de la geografía decida sobre la vida y la muerte.
Lo más alarmante es que la senadora no habló en un vacío. Sus palabras resuenan con fuerza porque se inscriben en el marco de un gobierno que promueve recortes, que desmantela estructuras del Estado y que concibe la salud como un gasto y no como una inversión social. Lo que Álvarez Rivero expresó de manera brutal es lo que subyace en muchas de las políticas del oficialismo: la fragmentación, la mercantilización, la renuncia a la universalidad. No es casualidad que sus dichos hayan despertado tanto rechazo; en ellos se condensa el verdadero rostro de un proyecto político que desprecia lo público y privilegia lo privado, que convierte derechos en privilegios y privilegios en moneda corriente.
La frase “fui malinterpretada” aparece como una coartada habitual de los funcionarios cuando sus sincericidios dejan al descubierto la crudeza de su pensamiento. Pero en este caso, el daño ya estaba hecho. No se trata de un resbalón discursivo, sino de una confesión ideológica. Y si algo quedó claro en el Senado es que la sociedad argentina, más allá de sus diferencias políticas, no está dispuesta a retroceder en la defensa de la salud pública. El repudio transversal lo demuestra: hay límites que no pueden cruzarse sin pagar un costo político y moral.
El debate por la emergencia pediátrica continuará en el recinto, pero lo que ya quedó instalado es la necesidad de desenmascarar este tipo de discursos. Porque detrás de cada declaración como la de Álvarez Rivero se esconde la tentativa de naturalizar la exclusión, de convencernos de que no todo el mundo merece lo mismo, de acostumbrarnos a un país dividido entre los que acceden a la salud y los que quedan librados a su suerte. Esa es la batalla de fondo, y no se resuelve con aclaraciones tardías ni con excusas de “malinterpretación”. Se resuelve defendiendo la universalidad del sistema, enfrentando sin miedo a quienes, como la senadora, pretenden recortar los derechos más elementales. Y sobre todo, recordando que cuando se trata de la vida de los niños, no hay margen para la mezquindad ni para la indiferencia.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/850906-no-creo-que-los-ninos-argentinos-tengan-derecho-al-garrahan-
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