La violencia como método de cobro en un partido bonaerense libertario. En Tres de Febrero, un prestamista salió a la calle armado con una ametralladora para presionar a los vecinos endeudados. El caso desnuda la naturalización del miedo y el vacío del Estado en los barrios bajo el gobierno de Javier Milei.
En un barrio del partido bonaerense de Tres de Febrero, la escena fue tan brutal como simbólica. Un prestamista, convertido en un pequeño señor feudal del miedo, decidió salir a la calle con una ametralladora en mano para exigir el pago de las deudas. No fue un rumor, no fue un susurro entre vecinos. El hombre se paseó con el arma a plena luz del día, frente a todos, como si la intimidación violenta hubiera pasado a ser un recurso legítimo en la Argentina del presente.
El hecho ocurrió en la intersección de Boulevard Finca y Aviador Immelman. Los vecinos, aterrados y al mismo tiempo conscientes de que la impunidad se alimenta del silencio, registraron el momento en video. Allí quedó grabada la figura de este prestamista que, en lugar de buscar abogados o tribunales, eligió el camino de las balas como argumento de cobro. No se trataba de un delincuente común acechando en las sombras, sino de alguien que se presentaba como parte de un entramado cotidiano en el que la violencia se convierte en norma.
La denuncia llegó a la Comisaría 11° de Remedios de Escalada de San Martín. La fiscal Gabriela Viviana Disnan, de la UFI N° 5 del Departamento Judicial San Martín, dispuso un allanamiento inmediato en la vivienda del sospechoso, ubicada en la calle Uspallata al 10.300. La policía actuó y detuvo tanto al prestamista como a su hermano, quienes quedaron bajo custodia. En el operativo se secuestraron tres municiones calibre .38, cuatro teléfonos celulares y hojas impresas con amenazas explícitas, verdaderos manuales del terror con los que se disciplinaba a quienes no podían pagar.
La imputación fue clara: amenazas agravadas por el uso de arma de fuego. Una acusación que, más allá de la letra judicial, revela un trasfondo social cargado de desesperación y fractura. En un país donde el crédito formal se vuelve inaccesible y la inflación devora los bolsillos, cada vez más familias terminan atrapadas en manos de prestamistas que operan en la clandestinidad. Y lo que debería ser una relación financiera se convierte en una cadena de sometimiento basada en el miedo.
El caso no es solo un episodio policial. Es un espejo incómodo de un país en el que la ley se convierte en un lujo distante y la justicia en una moneda escasa. ¿Qué tan naturalizado está que un vecino salga con una ametralladora a la calle sin que antes suene una alarma social contundente? La respuesta se encuentra en la precarización sistemática del tejido social, en el abandono estatal y en el clima de violencia que crece al amparo de un gobierno que reduce su rol a un simple auditor de gastos.
Mientras Javier Milei recorta, ajusta y celebra cada peso que se le niega a la educación, la salud o la seguridad, la vida real en los barrios se deteriora al ritmo de la inflación y del miedo. Lo sucedido en Tres de Febrero no puede leerse como un hecho aislado, sino como un síntoma de un modelo que abandona a la población a su suerte. En la ausencia de políticas de inclusión, proliferan los prestamistas, los punteros, los dueños del miedo que administran a su manera la desesperación ajena.
Las imágenes del prestamista con el arma son más que una anécdota policial: son un retrato de la Argentina rota. Ese hombre caminando con una ametralladora encarna la degradación de un orden social en el que el poder ya no se mide por la legitimidad de la ley, sino por la capacidad de imponer terror. Que los vecinos hayan tenido que recurrir al registro casero para denunciarlo demuestra también la fragilidad institucional que atraviesa al conurbano bonaerense, donde la justicia llega tarde y la policía actúa solo cuando el escándalo se hace público.
En este contexto, hablar de seguridad se vuelve una burla. El gobierno nacional insiste en discursos abstractos sobre la libertad y el ajuste, mientras en la práctica los barrios conviven con la arbitrariedad de los que empuñan un arma. El miedo se convierte en la moneda de cambio y la violencia en un lenguaje corriente. Cada amenaza, cada hoja con intimidaciones impresas, cada bala incautada en el allanamiento cuenta una historia de desesperanza.
Este caso interpela directamente a quienes defienden el achicamiento del Estado como solución mágica. Porque lo que se observa en Tres de Febrero no es la ausencia de problemas, sino todo lo contrario: es la multiplicación de prácticas mafiosas en el vacío que dejan las instituciones debilitadas. En lugar de un Estado que garantice crédito accesible, asistencia social y seguridad real, lo que queda es un territorio donde la ley es reemplazada por el terror armado de un prestamista.
La imagen es cruda y contundente. Un hombre con una ametralladora en medio de un barrio popular, exigiendo dinero a vecinos empobrecidos, mientras un gobierno central festeja la reducción del gasto público como si de un triunfo épico se tratara. La desconexión entre el relato oficial y la vida cotidiana de los argentinos alcanza niveles obscenos. Y lo ocurrido en Tres de Febrero debería ser suficiente para comprender que detrás de cada recorte, de cada ajuste, se esconde una trama de violencia social que solo puede crecer.
El país de Milei no es el de la libertad prometida. Es el país donde la desesperación abre la puerta a prestamistas que amenazan con ametralladoras, donde la justicia corre detrás de los hechos, donde la seguridad se terceriza en los vecinos que se animan a grabar lo que ven porque saben que, de otro modo, todo quedaría en la impunidad. Es un país donde la violencia se instala como un método más de supervivencia y donde la política, lejos de ofrecer soluciones, celebra la precariedad como si fuera una virtud.
La detención del prestamista y de su hermano no borra la postal que queda grabada en la memoria de los vecinos de Tres de Febrero. Esa postal es la metáfora más cruda de lo que significa vivir en un país que se vacía de Estado, que se refugia en slogans libertarios y que entrega a su gente a la ley del más fuerte.
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