La diputada Ana Clara Romero exige al Poder Ejecutivo habilitar la guardia del Hospital Militar de Comodoro Rivadavia ante la saturación del sistema de salud local
La crisis sanitaria de Comodoro Rivadavia se ha convertido en un espejo brutal de lo que significa gobernar desde la indiferencia. Mientras el Hospital Regional “Dr. Víctor Manuel Sanguinetti” rebalsa de pacientes, con profesionales agotados y vecinos desesperados esperando horas —a veces días— por una atención urgente, el Hospital Militar de la ciudad permanece con su guardia cerrada. Allí está, como un gigante mudo y ocioso, cuando podría ser la pieza clave para descomprimir un sistema que ya no da más.
La diputada nacional por Chubut, Ana Clara Romero, presentó en el Congreso un proyecto de declaración que, lejos de ser un capricho burocrático, busca una acción concreta: que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Defensa y en coordinación con el Ministerio de Salud, arbitre las medidas necesarias para habilitar el servicio de guardia del Hospital Militar de Comodoro Rivadavia. La propuesta es clara, directa y urgente. Pero en tiempos donde el gobierno de Javier Milei se especializa en mirar para otro lado frente a las necesidades básicas, lo que debería ser una decisión inmediata corre el riesgo de transformarse en otra promesa perdida en el laberinto del ajuste.
Romero advierte que la ciudad atraviesa una situación crítica. El Hospital Regional, columna vertebral de la atención pública, ya no resiste el volumen de pacientes que ingresan a diario. La saturación no es un dato frío de estadísticas: se traduce en emergencias desbordadas, en diagnósticos tardíos, en angustia y en vidas puestas en riesgo por la falta de capacidad de respuesta. El colapso sanitario no admite demoras ni dilaciones, y mucho menos una administración nacional que parece convencida de que la salud es un gasto prescindible.
El proyecto remarca que el Hospital Militar no es un edificio fantasma ni una estructura en ruinas. Todo lo contrario: representa una infraestructura sanitaria de relevancia que podría brindar un apoyo inmediato. Reabrir su guardia permitiría derivar pacientes, optimizar recursos existentes y dar un respiro al personal del hospital público, que hoy se debate entre la vocación y el agotamiento. Sin embargo, para que eso ocurra se necesita voluntad política, la misma que brilla por su ausencia en un gobierno obsesionado con la motosierra y el desmantelamiento del Estado.
El planteo no surge de la nada ni es una iniciativa aislada. El senador nacional Carlos Alberto Linares ya había solicitado al ministro de Defensa la firma de un convenio entre el Hospital Regional y el Hospital Militar, con acuerdos sobre derivaciones, capacitación de personal, intercambio de recursos e incluso investigación conjunta. Se trata de una propuesta que busca algo elemental: articular capacidades en vez de dejarlas dormir. Porque no hay peor despilfarro que tener recursos ociosos mientras la gente se enferma y muere esperando atención.
La habilitación de la guardia del Hospital Militar no solo aportaría capacidad de respuesta inmediata en emergencias, también consolidaría un esquema de trabajo en red entre instituciones públicas y militares. Esa cooperación podría reducir los tiempos de espera, ampliar el acceso a la atención y, sobre todo, devolverle a la comunidad la certeza de que su derecho a la salud no depende de la suerte o del bolsillo. Pero esta lógica choca de frente con el modelo que impulsa Milei, donde la salud pública se degrada día a día, mientras se ensalza el discurso de la “libertad” individual, como si enfrentar un infarto o un accidente pudiera resolverse con slogans de campaña.
El reclamo de Romero, aunque formalizado en un proyecto de declaración, es en realidad un grito de sentido común. ¿Cómo puede justificarse que un hospital con guardia cerrada se mantenga al margen cuando la demanda se multiplica y el principal centro de atención de la ciudad ya no tiene cómo responder? La única explicación posible es la de un Estado ausente, uno que mira a los ciudadanos como meros números en una planilla de recorte fiscal.
La situación sanitaria de Comodoro Rivadavia desnuda el verdadero rostro del ajuste. No se trata de variables macroeconómicas ni de la épica vacía del déficit cero: se trata de personas que no acceden a una cama, de familias que deambulan por pasillos colapsados, de médicos que ya no saben cómo seguir. Mientras tanto, el gobierno nacional continúa encerrado en la lógica de la motosierra, convencido de que clausurar derechos es un acto de valentía política.
Este proyecto expone una paradoja cruel: mientras Milei insiste en predicar la meritocracia y la eficiencia, mantiene inutilizada una infraestructura capaz de salvar vidas. ¿Qué mérito puede tener un Estado que elige la inacción cuando podría actuar? ¿Qué eficiencia puede reivindicarse cuando el costo es la salud de miles de ciudadanos?
El debate ya no es técnico ni administrativo, es profundamente ético y político. La salud no puede seguir siendo tratada como una mercancía de lujo reservada para quienes puedan pagarla. La guardia del Hospital Militar de Comodoro Rivadavia debe abrirse ya, porque cada minuto que se pierde se traduce en sufrimiento, y cada silencio del Ejecutivo es una condena más para quienes no tienen otra opción que confiar en un sistema público que hoy está siendo desmantelado.
Romero cierra su fundamentación pidiendo a sus pares el acompañamiento del proyecto. Lo hace desde el terreno de la política institucional, pero detrás de esas palabras se esconde una urgencia que no admite dilación: la vida de miles de personas depende de una decisión que podría tomarse hoy mismo. El problema es que, en este país gobernado por la indiferencia, hasta lo evidente se convierte en un campo de batalla. Y el tiempo, en cuestiones de salud, no es neutro: es la diferencia entre vivir o morir.
Fuente: https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2025/PDF2025/TP2025/4384-D-2025.pdf
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