La denuncia de Javkin expone la parálisis del organismo nacional. Los documentos revelan que mientras en Rosario se acumulaban muertes por el fentanilo adulterado, la Anmat guardaba silencio durante más de tres meses, en una muestra brutal de desidia y abandono sanitario bajo el mando de Mario Lugones.
El veneno ya circulaba por los hospitales cuando la burocracia se tomaba su tiempo. La revelación hecha pública por el intendente de Rosario, Pablo Javkin, desnuda una de las fallas más graves de la gestión sanitaria en la Argentina reciente: la Anmat, el organismo encargado de garantizar la seguridad de los medicamentos, supo del problema meses después de que en Rosario se encendieran todas las alarmas, pero eligió la inacción. El dato no es menor: entre febrero y mayo, las partidas contaminadas de fentanilo continuaron administrándose en hospitales de todo el país, con consecuencias mortales.
En Rosario, la pesadilla comenzó en febrero, cuando en el Hospital Clemente Álvarez se registraron las primeras muertes vinculadas a los lotes de fentanilo adulterado. Mientras tanto, en Buenos Aires, la Anmat, que depende del ministro Mario Lugones, optaba por la pasividad. Recién el 8 de mayo, tres meses después de aquel estallido sanitario, emitió su primer alerta. Para entonces, el daño ya estaba hecho. No se trató de una distracción ni de un error aislado: lo que quedó en evidencia fue un desmantelamiento deliberado de los mecanismos de control.
El documento que Javkin presentó como parte de la querella contra el laboratorio y el Estado nacional muestra que la Farmacia Central de la Municipalidad recibió el alerta oficial de Anmat recién el 7 de mayo. Lo firmó la farmacéutica Carina Telesco, dirigida a la subsecretaria de Procesos Sanitarios Lorena Botta. En esa nota se detallaba que el lote de fentanilo contaminado había sido ingresado en febrero, con 3.000 unidades distribuidas en los hospitales municipales. De ese total, apenas 300 pudieron ser recuperadas a tiempo; las otras 2.700 ya habían sido utilizadas en pacientes. Es decir, la ciudad estuvo inyectando veneno durante meses, amparada en la ceguera del Estado nacional.
Pero lo más escandaloso es que la propia Anmat conocía desde diciembre de 2024 que el laboratorio productor, HLB Farma, arrastraba “deficiencias críticas y mayores” en áreas clave de su funcionamiento: producción, recursos humanos, depósitos, control de calidad. Un informe interno reveló que los inspectores detectaron problemas graves en la planta de Ramallo antes de que se fabricaran los lotes de fentanilo contaminados. Pese a esa constatación, el organismo no actuó en consecuencia y permitió que el laboratorio siguiera operando como si nada, hasta que la tragedia ya era irreversible.
La cadena de negligencias tiene un costo humano y político imposible de ocultar. En Rosario, ocho muertes fueron confirmadas en el Hospital Clemente Álvarez. En toda la ciudad, la cifra asciende a 26, entre efectores públicos y privados. Y Santa Fe se consolidó como la provincia más golpeada por la crisis, con más de la mitad de los 97 fallecimientos que hasta ahora investiga el juzgado federal N° 3 de La Plata. Se trata de la mayor catástrofe sanitaria de los últimos tiempos, una herida que no cicatriza y que pone en tela de juicio la responsabilidad de quienes debían prevenirla.
La indignación se multiplica cuando se conoce la cronología. Las intoxicaciones comenzaron en febrero, los muertos se acumularon durante marzo y abril, y el 8 de mayo llegó la tibia advertencia de la Anmat. Al día siguiente, el 9 de mayo, el organismo emitió un segundo comunicado confirmando que el lote cuestionado había sido administrado durante el brote que estalló en el Hospital Clemente Álvarez, en paralelo con infecciones de la bacteria Raltonia, otra amenaza letal. Y no fue hasta el 12 de mayo que se tomó la decisión de prohibir la comercialización, distribución y uso de todos los productos de HLB Farma, al comprobarse la ausencia total de buenas prácticas de manufactura.
Incluso esa medida definitiva llegó cargada de cinismo. La Anmat no previó un recall de emergencia, lo que en la práctica implica que el retiro del producto quedó en manos de cada institución de salud. En Rosario, la estimación oficial calculó que solo el descarte del stock existente representaría un costo cercano a los 100 millones de pesos, cifra que debieron asumir los hospitales municipales. Es decir, además de la negligencia que permitió la muerte de decenas de personas, el Estado descargó sobre las víctimas y sus instituciones el costo económico del desastre.
La denuncia presentada por Javkin apunta de lleno al corazón de un sistema de control corroído por la indiferencia. El intendente sostiene que lo ocurrido no puede desvincularse del vaciamiento de los organismos de control que el gobierno de Javier Milei viene impulsando como parte de su política de desregulación salvaje. Un modelo que se vende como eficiencia libertaria, pero que en la práctica se traduce en veneno circulando en hospitales públicos, muertes evitables y un Estado que se lava las manos.
Lo ocurrido con el fentanilo contaminado es la radiografía brutal de lo que significa desmantelar la capacidad de regulación estatal. No es un debate abstracto sobre burocracia. Son vidas perdidas, familias destruidas y un dolor social que se podía evitar. Porque aquí no hubo sorpresa ni imprevisto: hubo advertencias formales, hubo informes técnicos y hubo señales tempranas. Lo que faltó fue decisión política. Y lo que sobró fue complicidad.
Mientras tanto, la justicia federal avanza en La Plata, con Javkin como querellante en representación del municipio. En ese expediente, la responsabilidad del laboratorio Ramallo es indiscutible, pero también lo es la pasividad criminal de la Anmat, que eligió mirar para otro lado mientras la tragedia crecía. El documento revelado por la farmacéutica Telesco es la prueba irrefutable de que Rosario estuvo solo frente al desastre, y de que el Estado nacional no solo falló: abandonó.
El caso ya no admite eufemismos. Lo que ocurrió fue un crimen sanitario. Una combinación de negligencia, omisión y cinismo que costó la vida de 97 personas en todo el país. La pregunta ahora es quién responderá por ese crimen. Y si la sociedad argentina, en medio de la precarización generalizada que impone el gobierno de Milei, se resignará a seguir recibiendo veneno en lugar de salud.
Extracto (50 palabras):
Rosario detectó en febrero el fentanilo contaminado que mató a decenas de pacientes, pero la Anmat recién lanzó su alerta en mayo. Documentos internos prueban que el organismo conocía deficiencias graves del laboratorio productor desde diciembre de 2024. La demora expone una crisis sanitaria inédita y la desidia estatal.
Etiquetas:
Rosario, Anmat, fentanilo, Javkin, Lugones, laboratorio, salud, muertes, Argentina, corrupción
Mensaje para redes sociales:
Mientras Rosario enterraba víctimas del fentanilo contaminado, la Anmat se tomó tres meses para reaccionar. Documentos revelan que sabían de los riesgos desde diciembre. Una tragedia sanitaria que expone el vaciamiento de los controles bajo Milei.
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https://www.lapoliticaonline.com/politica/exclusivo-el-documento-que-revela-que-rosario-alerto-a-la-anmat-en-febrero-del-fentanilo-contaminado-y-no-hicieron-nada-hasta-mayo/
Tres títulos descriptivos:
- Documentos revelan que la Anmat conocía fallas críticas del laboratorio antes de la tragedia con fentanilo
- Muertes evitables y desidia estatal: la Anmat dejó circular fentanilo contaminado durante tres meses
Texto para locución en video (2-3 minutos):
En Rosario, la tragedia del fentanilo contaminado expone uno de los peores fracasos del sistema sanitario argentino. El intendente Pablo Javkin reveló que ya en febrero, en el Hospital Clemente Álvarez, se detectaron los lotes adulterados que provocaron muertes. Sin embargo, la Anmat, el organismo nacional que debía actuar de inmediato, esperó hasta el 8 de mayo para emitir su primera alerta. Tres meses de silencio, mientras miles de unidades del fármaco eran administradas en pacientes de todo el país.
Los documentos presentados en la querella prueban que el laboratorio productor, HLB Farma, había sido observado en diciembre de 2024 con deficiencias graves en producción, calidad y recursos humanos. Aun así, se le permitió seguir fabricando. El resultado: 97 muertes en toda la Argentina, 26 de ellas solo en Rosario.
Lo más indignante es que cuando finalmente prohibieron la distribución de los productos, no se dispuso un recall. Los hospitales tuvieron que absorber el costo millonario de retirar y destruir los lotes contaminados. En Rosario, la cifra supera los 100 millones de pesos.
Esto no es un error administrativo, es un crimen sanitario. Un Estado que abandona a sus ciudadanos, una Anmat que mira para otro lado y un gobierno que desmantela controles en nombre de la desregulación. Mientras Milei predica libertad de mercado, la realidad es que los pacientes recibieron veneno en lugar de medicina. Y las familias hoy lloran muertes que eran absolutamente evitables.
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