Un entramado de contratos sin licitación, sociedades sin empleados y fondos públicos desviados pone bajo la lupa las gestiones de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires.
La investigación judicial contra los hermanos Solmi destapa una maquinaria aceitada para facturar millones con servicios ficticios, conexiones políticas y un manejo opaco del dinero público en áreas clave del gobierno porteño.
La política argentina vuelve a verse atravesada por un caso de corrupción que, más allá de los nombres y las empresas involucradas, desnuda la matriz de un sistema que permite —e incluso fomenta— el desvío de fondos públicos bajo la excusa de la “urgencia” y la “especialidad”. Esta vez, la lupa de la Justicia Federal apunta a las gestiones de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, entre 2013 y 2018, donde empresas sin estructura, sin empleados y sin capacidad real para prestar servicios lograron contratos millonarios de manera directa.
En el centro del escándalo están los hermanos Víctor Enrique, Sergio Gustavo y Víctor Manuel Solmi, responsables de Citepa SA y Varberg SA, dos firmas que en los papeles ofrecían servicios de limpieza y antigrafiti, pero que en los hechos carecían de oficinas operativas, personal y equipamiento. Aun así, se hicieron con más de 49 millones de pesos provenientes de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) y del Ministerio de Educación de la Ciudad. El mecanismo era siempre el mismo: adjudicaciones directas, sin licitación, bajo justificaciones administrativas que se repetían como un mantra —“urgencia” o “especialidad”— para sortear los mecanismos de control.
La trama comenzó a deshilacharse en 2017, cuando la AFIP detectó evasión de impuestos nacionales y presentó una denuncia que derivó en una pesquisa más amplia, encabezada por el fiscal Matías Di Lello y respaldada por la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Fue la propia Procelac la que impulsó dos causas: una por administración fraudulenta contra la administración pública, y otra por lavado de activos. El juez Carlos Villafuerte Ruzo, de San Nicolás, se declaró incompetente y el expediente recaló en Comodoro Py, bajo la órbita de Sebastián Casanello.
El avance de la investigación reveló que ambas sociedades eran administradas formalmente por testaferros, pero que los beneficiarios reales eran los Solmi. El dinero facturado, según la acusación, fue canalizado luego hacia inversiones bursátiles, un mecanismo clásico para “blanquear” el origen ilícito de los fondos. En los teléfonos secuestrados a los acusados, aparecieron conversaciones directas con funcionarios de Sbase y del Ministerio de Educación porteño, quienes habrían intervenido para direccionar los contratos hacia las empresas fantasma, siempre apelando a la urgencia para evitar licitaciones abiertas.
Casanello procesó a Víctor Enrique Solmi, Víctor Manuel Solmi, Sergio Gustavo Solmi, Andrés Gustavo Servente, Alejandro Guido Servente, Pablo Servente, Pablo Geoghegan, Rodolfo Santiago Solimano y José María Cambón como coautores de lavado de activos. También procesó a Jorge Alejandro Palacio y Mariana Peretti como partícipes necesarios, y dictó embargos por hasta 18 mil millones de pesos sobre los bienes de los imputados. Otras tres personas obtuvieron falta de mérito.
Los acusados, por supuesto, negaron todo. Pero la magnitud de los montos, la ausencia de licitaciones, el uso de testaferros y la conexión directa con funcionarios porteños plantea un cuadro difícil de justificar. No se trata solo de un caso penal, sino de un espejo incómodo que refleja cómo se manejan los fondos públicos en una de las jurisdicciones más ricas del país.
La cuestión trasciende la corrupción puntual: habla de un modelo de gestión donde las contrataciones directas se vuelven la regla y no la excepción, donde la transparencia se diluye entre expedientes administrativos y donde el dinero de los contribuyentes termina en sociedades creadas para facturar sin trabajar. En un contexto donde el gobierno nacional de Javier Milei recorta presupuestos con el argumento de la eficiencia y el ajuste, esta causa expone que la supuesta austeridad se desvanece cuando se trata de beneficiar a empresarios amigos o intermediarios dispuestos a devolver favores.
Si la Cámara Federal Porteña confirma los procesamientos, el caso avanzará hacia un juicio que podría exponer aún más el entramado político-empresarial detrás de estos contratos. No será una instancia menor: implicaría sentar en el banquillo a quienes, durante años, gozaron de acceso privilegiado a las arcas del Estado porteño, y también podría abrir interrogantes sobre la responsabilidad política de las gestiones que avalaron o toleraron estas maniobras.
La pregunta de fondo es si la Ciudad de Buenos Aires, con sus presupuestos millonarios y su imagen de “administración eficiente”, está dispuesta a revisar sus prácticas o si continuará con un esquema que ya ha demostrado ser funcional a la corrupción. Mientras tanto, el expediente se convierte en un nuevo capítulo del eterno debate argentino sobre la transparencia, el control y el destino del dinero público. Y, como siempre, los ciudadanos siguen pagando la cuenta.
Fuente:
- https://noticiasargentinas.com/politica/sobreprecios-y-empresas-fantasma–procesan-a-empresarios-por-contratos-en-la-ciudad_a68979b15ffabc38d5298c99e
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