El video —emitido por el programa Argenzuela— muestra a Cúneo Libarona con un exagente de la CIA acusado de pedofilia y trata, ofreciéndole favores políticos y judiciales: gestionar medios, reuniones con jueces, legisladores y universidades, todo para blanquear su imagen. Para Rozanski, la flagrancia de las conductas queda registrada en tiempo real: ofrecimientos explícitos, vínculos directos y abuso de la estructura estatal. La denuncia penal abarca abuso de autoridad, negociaciones incompatibles, violación de los deberes y la Convención de Palermo contra la trata y el lavado. Enlace relacionado:Reviví el video escándalo que sacude al Ministerio de Justicia | Justicia argentina
Encubrimiento y cinismo: entre la política y la impunidad
La reacción política fue inmediata: figuras del oficialismo salieron a defender al ministro, según Rozanski, con “cinismo y brutalidad”, en lo que describe como parte de “la gran estafa” de la gestión actual, una estrategia de saqueo y distracción. Para el exjuez, el caso refleja un modus operandi de impunidad y perversidad, donde derechos humanos y garantías son dilapidados para proteger intereses y mafias, incluso mediante la legislación actual (ley bases y RIGI).
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Crímenes de fondo y la operación internacional
Rozanski conecta el escándalo con delitos de alcance internacional: trata de personas, lavado de dinero y protección política a redes de explotación sexual infantil. “El video no es solo una cámara oculta: es una operación mucho mayor”, advierte, vinculando el caso a reformas legales que abren las puertas al crimen global con billeteras anónimas y fueros garantizados.
Dato clave: La denuncia fue impulsada junto a más de 40 organismos y personalidades del ámbito de los derechos humanos, además de legisladores como Hugo Ayersky. Reclaman el juicio político inmediato y el avance de la causa penal.
Ataques a la niñez y reformas a medida del delito
El exjuez explica también el contexto de nuevos proyectos de ley impulsados para proteger a los pedófilos y atacar a víctimas y denunciantes, como los proyectos de Lilia Lemoine y Carolina Losada. Según Rozanski, buscan crear “herramientas para descalificar a mamás protectoras, psicólogas y fiscales honestos”, desmontando décadas de protección al derecho de la infancia.
¿Y ahora? ¿Juicio político y causa penal?
Rozanski y los firmantes insisten: la causa penal y el juicio político pueden y deben coexistir, porque la gravedad amerita el máximo rigor institucional y judicial. “No es un lobista, es un engranaje principal del saqueo organizado”, recalca, llamando a no subestimar el alcance ni frenar la presión de la opinión pública.
“Cuando los delitos quedan grabados en tiempo real, estamos ante flagrancia. Es imperativo que la sociedad y la justicia respondan sin demora ante semejante gravedad.” – Carlos Rozanski
Para saber más
- La denuncia penal completa contra Cúneo Libarona
- Cómo la ley bases puede facilitar el crimen internacional
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