Un «delivery de tráfico de influencias» desde el Estado
Como desenmascaró Félix Crous (ex titular de la Oficina Anticorrupción) en Radio 10, las imágenes muestran lobby inverso: es el propio Estado, a través de uno de sus máximos funcionarios, quien se ofrece a operar en favor de intereses privados y oscuros. Lejos de tratarse de un simple coqueteo con el poder mediático, lo que se exhibe es el uso personal de la estructura estatal para garantizar favores – “delivery de tráfico de influencias”, según define Crous.
Bullrich le suelta la mano y amenaza de juicio político
La reacción oficial no tardó en abrir grietas dentro del gabinete: Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, acusó públicamente a Ballard de abusador serial y se negó a recibirlo, desmarcando así su sector del escándalo. El conflicto de intereses expuesto desnuda una feroz interna política al tiempo que diputados de la oposición exigen la renuncia y promueven el juicio político contra Cúneo Libarona[1][2].
Corrupción, complicidades y modus operandi
En la entrevista, Crous enfatizó que lo grave no es solo el hecho puntual, sino la radiografía de corrupción estructural que sale a la luz: funcionarios que ofrecen “arreglar” ante jueces y periodistas amigos, utilización de reformas legales como moneda de cambio y pactos de impunidad que trascienden gobiernos.
La denuncia penal presentada contra Cúneo Libarona lo acusa de abuso de autoridad y tráfico de influencias, con sospechas de fondo sobre la protección política de la Casa Rosada que, hasta ahora, lo mantiene en su cargo[3][4][5].
Reacciones, antecedentes y la sombra de la impunidad
El repudio es transversal: desde el Congreso hasta organismos sociales y referentes judiciales, todos reclaman la renuncia inmediata de Cúneo Libarona y el inicio del juicio político. Se recuerda también su precedente penal por la causa AMIA, donde fue procesado por extorsión, y su rol como defensor de personajes vinculados a escándalos judiciales mayores[2][6].
Las acusaciones contra Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia de Argentina, por ofrecer protección a Tim Ballard están respaldadas por diversos elementos de peso:
1. Grabaciones clandestinas y videos
Se difundieron videos y audios secretos —obtenidos en reuniones con Ballard— donde Cúneo Libarona le propone explícitamente gestionar su protección, mejorar su imagen pública en el país y conseguirle apoyo mediático mediante contactos directos con periodistas y jueces. Estos materiales muestran al ministro sugiriendo su capacidad de influir en medios y hasta en reformas legales, lo que constituye una clara evidencia de lobby y uso personal de la estructura estatal.
2. Denuncias penales
A raíz de la exposición de estos audios y videos, distintos sectores políticos y sociales presentaron denuncias penales contra Cúneo Libarona por presunto abuso de autoridad y tráfico de influencias. Las causas están radicadas en la Justicia Federal y cuentan como prueba principal el contenido audiovisual difundido públicamente.
3. Reacción política y amenazas de juicio político
El escándalo generó una fuerte reacción en el Congreso y en otras áreas del gobierno. Diputados oficiales y de la oposición iniciaron trámites para impulsar el juicio político contra el ministro por sus declaraciones y acciones en el caso Ballard, señalando la gravedad de operar en favor de un extranjero acusado de delitos graves mediante el aparato estatal.
4. Admisión en entrevistas y repercusiones públicas
Tanto los propios protagonistas como analistas y ex funcionarios, como Félix Crous (ex titular de la Oficina Anticorrupción), confirmaron que los videos reflejan una dinámica de tráfico de influencias y lobby inverso, es decir, la oferta de protección y favores estatales a privados con pasado delictivo.
5. Contexto y antecedentes
La situación de Ballard es conocida internacionalmente (acumulando múltiples denuncias de abuso y trata de personas) y las filmaciones muestran a Cúneo Libarona interactuando activamente en pos de su “limpieza de imagen”, reforzando la verosimilitud de las acusaciones.
En conclusión, la evidencia clave que avala las acusaciones contra Cúneo Libarona consiste en:
- Material audiovisual irrefutable donde hace las ofertas.
- Presentación formal de denuncias judiciales.
- Constancia y aceptación pública de los hechos por parte de testigos y analistas.
- Acciones políticas en marcha para forzar su salida y sanción.
Estas pruebas han generado una crisis política y judicial sin precedentes en torno al Ministerio de Justicia argentino.
“Es un delivery de tráfico de influencias. No sorprende el desparpajo, sino la naturalidad con que se despliega el poder en beneficio de privados con prontuario. El Estado aparece como gestor del delito.” – Félix Crous
¿Justicia atada a la supervivencia política?
Para Crous, el verdadero interrogante es si la justicia argentina avanzará sobre el escándalo o esperará un cambio en el ciclo político. Mientras el gobierno de Javier Milei conserve poder y siga siendo el “representante de los intereses estadounidenses”, la impunidad estará garantizada, advierte el ex funcionario.
El caso evidencia la profunda crisis de ética y legalidad del oficialismo y reaviva el debate sobre la necesidad de transparencia, control institucional y división real de poderes en la Argentina contemporánea.
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