Un violento operativo policial terminó con trabajadores de prensa agredidos sin causa y con una fiscalía federal, que debería accionar ante casos de violencia institucional, en completo silencio. La represión no discrimina. Ni cámaras, ni micrófonos, ni credenciales bastaron para frenar los tiros a quemarropa que la Policía de la Ciudad descargó sobre periodistas durante una cobertura. Mientras tanto, la Procuraduría de Violencia Institucional, dirigida por Alberto Gentili, brilla por su ausencia. Una nueva postal de un país donde protestar es delito y el periodismo, objetivo militar.
El 30 de julio quedó sellado como otro capítulo oscuro en la ya extensa saga de represión desatada por el gobierno de Javier Milei. En una postal que recuerda las peores épocas del autoritarismo argentino, trabajadores de prensa fueron agredidos brutalmente por la Policía de la Ciudad mientras cubrían una protesta frente al Congreso Nacional. El periodista Nicolás Munafó fue uno de ellos. Y su relato hiela la sangre.
No hubo empujones previos. No hubo advertencias. Solo hubo tiros. «Nos dispararon directamente al cuerpo», relató Munafó. Sin que existiera un solo indicio de provocación, los efectivos apuntaron con armas de balas de goma al torso y las piernas del equipo de televisión que simplemente registraba lo que sucedía en la calle. La escena fue tan grotesca como elocuente: gases, escudos, balas al cuerpo de un periodista claramente identificado con micrófono en mano. ¿El crimen? Mostrar cómo la policía disparaba por la espalda a manifestantes desarmados.
Pero lo más alarmante no es solamente la violencia, sino el contexto en que ocurre. Porque, mientras las fuerzas de seguridad actúan como si la represión fuera parte de un reality show represivo semanal, quienes deberían actuar para proteger los derechos ciudadanos eligen callar. En esta ocasión, el silencio más ensordecedor vino de parte de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), encabezada por Alberto Adrián María Gentili.
¿Quién es Gentili? Un abogado cuya carrera como fiscal federal pareciera más inspirada en los libretos de una serie de Netflix sobre narcos y karaokes que en el respeto por los derechos humanos. Según información publicada por El Destape, su designación al frente de la Procuvin estuvo plagada de irregularidades. Eduardo Casal, procurador interino desde hace años, lo nombró de manera interina, sin concurso ni discusión pública. Un ascenso sospechoso para alguien que supo compartir noches de karaoke con abogados de narcos y que, como fiscal, firmó fallos cuestionables en causas de violencia institucional.
En sus propias palabras, Gentili aseguró en una entrevista con Página/12 que “no hay mejor manera de luchar contra la violencia institucional que reconociéndola”. Pero hoy, cuando la violencia institucional se descarga contra trabajadores de prensa a plena luz del día y ante las cámaras, el titular de la Procuvin parece haber perdido la voz. Ni una intervención. Ni un comunicado. Ni una investigación de oficio. Nada.
El nivel de impunidad es tal que un periodista puede ser baleado por la espalda, a cinco centímetros de distancia, sin que ni un solo fiscal se digne a tomar cartas en el asunto. ¿Qué espera Gentili? ¿Que haya un muerto? La pregunta no es caprichosa. El propio Munafó lo dijo con crudeza: “Hasta que no maten a alguien, no van a parar”. Y su advertencia no es exagerada: Pablo Grillo, otro manifestante baleado en marzo, hoy se encuentra en rehabilitación permanente por las secuelas de la represión. Otro joven perdió el 40% de la visión de un ojo. ¿Quién será el próximo?
La lógica represiva se vuelve cada vez más desquiciada. El Congreso estaba vallado. Las calles ya estaban cortadas por la propia policía. No había circulación, no había tránsito interrumpido. El artículo 194 del Código Penal, que se utiliza para justificar cada operativo, ni siquiera aplicaba. La calle ya estaba cerrada por decisión oficial. Entonces, ¿por qué disparar? ¿Por qué avanzar sobre los periodistas? ¿Por qué sembrar el miedo? La respuesta es clara: se busca criminalizar la protesta, desalentar la movilización, intimidar a quienes pretenden ejercer su derecho constitucional a reclamar.
Y en ese juego del terror planificado, el periodismo libre también se ha convertido en enemigo. Ya no importa si tenés credencial, si llevás un micrófono o una cámara. Sos objetivo. Y si mostrás demasiado, si revelás cómo le disparan por la espalda a un pibe con campera clara, entonces vas a recibir un balazo vos también.
Lo que resulta inaceptable, y a la vez profundamente revelador, es que el sistema judicial mire para otro lado. ¿Cómo puede ser que una agresión captada en vivo, con imágenes explícitas, no active una sola fiscalía de oficio? ¿Qué clase de garantías tiene un ciudadano común si ni siquiera un periodista puede estar seguro mientras trabaja?
Alberto Adrián María Gentili se encuentra al frente de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin)
La Procuvin fue creada precisamente para intervenir ante este tipo de hechos. Para denunciar, para visibilizar, para impedir que el Estado cometa abusos contra su propia ciudadanía. Pero en la era Milei, la institución que debería estar en la primera línea de defensa se esconde. Se vuelve cómplice. El silencio de Gentili no es un error burocrático. Es una decisión política. Es alineamiento con un gobierno que desprecia la protesta, demoniza al periodismo y premia a quienes empuñan armas contra su pueblo.
No es la primera vez que pasa, y si nadie actúa, no será la última. El mensaje es claro: quien salga a protestar, será golpeado. Quien salga a filmar, será disparado. Quien pretenda denunciar, será ignorado por la justicia.
A este ritmo, la pregunta no es si habrá un muerto. La pregunta es cuándo.
Fuente:
https://www.youtube.com/watch?v=jTDk5CswBVk
https://www.pagina12.com.ar/435376-para-luchar-contra-la-violencia-institucional-nada-mejor-que
https://www.eldestapeweb.com/politica/eduardo-casal/fiscal-gentili-de-un-karaoke-con-abogado-de-narcos-a-la-procuraduria-contra-la-violencia-institucional-202278850
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