Durante la licencia del interventor de la empresa estatal, se aprobó una contratación directa por cifras millonarias, a un empresario allegado al poder. Al intentar frenar la maniobra, fue desplazado y la documentación crítica desapareció del sistema.
Una denuncia de la periodista Camila Dolabjan revela una maniobra opaca en la empresa pública Educar S.E., en la que se autorizó un contrato de 80 millones de dólares sin licitación, con sobreprecios del 30% y a favor de un proveedor ligado al oficialismo. El episodio, que también fue anticipado por Carlos Pagni, culminó con el despido del interventor que se opuso y la eliminación del documento que cuestionaba la operación.
La empresa estatal Educar Sociedad del Estado, encargada de políticas tecnológicas en el ámbito educativo, se convirtió en escenario de un nuevo escándalo que involucra fondos públicos, favoritismo empresarial y censura administrativa.
Según reveló la periodista Camila Dolabjan, el interventor designado de la compañía se encontraba de licencia cuando se autorizó un contrato por 80 millones de dólares, sin proceso licitatorio alguno. El acuerdo fue destinado a la provisión de wifi para todas las escuelas del país, adjudicado directamente a Scatturice, un empresario con presuntos vínculos con el poder político actual. Lo más grave: el contrato incluía precios un 30% más altos que los valores previamente pagados por servicios similares.
Antes de ausentarse, el interventor dejó instrucciones claras de no aprobar ninguna medida más allá de lo meramente administrativo. Sin embargo, durante su ausencia, se avaló la cuestionada contratación. Al regresar, los órganos de control interno le advirtieron sobre la irregularidad y le solicitaron que ratificara el acto. El funcionario se negó a convalidar la maniobra.
Una semana después, fue desplazado de su cargo. Para completar el cuadro de opacidad, el documento que dejaba constancia de su rechazo al contrato desapareció del sistema informático de la empresa.
La operación fue también adelantada por el periodista Carlos Pagni, quien había señalado irregularidades en la contratación directa de Scatturice. Dolabjan, por su parte, aportó las actas internas que documentan lo sucedido, reforzando la veracidad de la denuncia.
El caso expone un posible patrón de conducta dentro del aparato estatal: el uso discrecional de fondos públicos para beneficiar a empresarios amigos, el silenciamiento de quienes intentan poner freno a los abusos y la manipulación del sistema administrativo para borrar las huellas del desvío. Todo esto, en el marco de una política de ajuste que pregona austeridad, pero que parece operar con generosidad cuando se trata de ciertos intereses privados.
La falta de licitación, los sobreprecios y el castigo al funcionario que se opuso colocan este episodio en el centro de la discusión sobre la ética pública, la transparencia en las contrataciones estatales y el verdadero alcance del combate contra la “casta” que prometió el oficialismo.
¿Quién controla al que controla? ¿Cuántos casos como este permanecen ocultos sin periodistas que los expongan? Las preguntas quedan abiertas, mientras los millones vuelan y el silencio administrativo cubre las huellas.
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