La diputada nacional Nilda Moyano, de Unión por la Patria y representante de Santiago del Estero, presentó un proyecto para derogar el Decreto 462/2025 del Poder Ejecutivo, que disuelve o transforma al INTI y al INTA. La iniciativa denuncia la destrucción planificada del entramado público de ciencia y tecnología que sostiene a las economías regionales y a miles de PyMEs.
Lo hicieron casi en silencio, como quien no quiere que lo vean rompiendo algo valioso en la oscuridad de la noche. Sin debate parlamentario, sin estudios de impacto, sin una sola auditoría técnica que lo respalde, el Gobierno de Javier Milei firmó el Decreto 462/2025. Un golpe quirúrgico, letal y brutal a los pilares institucionales del conocimiento aplicado, la producción federal y la soberanía tecnológica. Disolver el INTI y transformar el INTA no es una reforma: es un ajuste con bisturí oxidado, una regresión al país del abandono, donde lo público es desechable y lo estratégico se negocia como baratija.
La diputada nacional Nilda Moyano no se quedó callada. Presentó el proyecto 3895-D-2025 para exigir la derogación total de ese decreto. Su iniciativa no es apenas una respuesta parlamentaria, sino una defensa frontal de dos organismos que llevan décadas vertebrando la innovación productiva en Argentina. Y lo hace con claridad demoledora: “Estamos ante una destrucción planificada del futuro nacional, de la igualdad de oportunidades, de la soberanía y del conocimiento”.
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), fundado en 1957, no es solo un organismo. Es una red federal de más de 24 centros, una estructura que baja al territorio con soluciones reales, asesoramiento técnico, investigación aplicada y un apoyo permanente a miles de PyMEs, cooperativas e industrias que jamás podrían pagar esos servicios en el sector privado. Su misión no es solo brindar asistencia: es multiplicar capacidades, transferir conocimiento, hacer que la ciencia llegue a donde más se necesita, especialmente en el interior profundo del país. Destruir eso es más que una torpeza. Es una traición a cualquier noción de desarrollo con equidad.
Tomemos como ejemplo al Centro INTI Santiago del Estero. Inaugurado en 2012, con una planta técnica de 14 profesionales, laboratorios de última generación y fuerte articulación con universidades, cámaras empresarias y organismos provinciales. Entre 2024 y 2025, asistió a más de 130 empresas locales y otras 500 en toda la región del NOA, con extensiones incluso en Córdoba, Mendoza y el sur del país. Calidad alimentaria, industria 4.0, metrología industrial, seguridad e innovación energética son parte de su menú de trabajo diario. Pero todo eso ahora está en riesgo, porque el decreto lo condena a la degradación, al vaciamiento funcional, a transformarse en una “unidad interna” sin voz ni voto.
La ofensiva del Gobierno no termina ahí. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), otro bastión del Estado inteligente, también es desguazado. Pierde su autarquía y es convertido en un “ente desconcentrado”, sin capacidad de planificación ni autonomía técnica. Esto significa dejar a miles de pequeños y medianos productores rurales sin apoyo, sin investigación, sin el conocimiento que permite producir mejor, de manera sustentable y con soberanía alimentaria. El campo que no cotiza en Wall Street, ese campo que no tiene lobby ni pauta ni glamour, queda a la intemperie.
Desde la retórica oficial, se repite como mantra que “el Estado es ineficiente”, pero no hay evidencia, ni auditorías serias que respalden esa frase de ocasión. Lo que hay es un relato violento y antiestatal, que confunde eficiencia con desmantelamiento y que propone resolver problemas reales con dinamita institucional. Nada en el Decreto 462/2025 apunta a mejorar, optimizar o modernizar. Todo va en la dirección contraria: recentralizar poder, recortar funciones y concentrar recursos. Es la “motosierra” aplicada a lo que funciona, a lo que construye, a lo que no se puede reemplazar con mercado ni algoritmos.
Lo que se pierde no es abstracto. Son laboratorios de análisis que garantizan la seguridad alimentaria. Son ensayos de calidad que hacen competitiva la fibra de algodón del norte argentino. Son técnicos capacitando PyMEs para que puedan certificar normas y exportar. Son instrumentos de medición calibrados para que haya comercio justo. Es el Estado como socio del desarrollo, y no como enemigo ideológico.
Moyano lo resume con precisión: “La destrucción no es eficiencia”. Y tiene razón. Porque lo que avanza desde el Ejecutivo no es una política pública, sino una ideología de ajuste extremo, disfrazada de racionalidad económica, que se lleva puesta décadas de trabajo, inversión y conocimiento acumulado. No hay en este decreto una sola línea que proponga algo mejor. No hay alternativas, ni evaluaciones comparativas, ni métricas de mejora. Solo hay poda, motosierra y desprecio.
Y lo más grave es el método. Se trató de un decreto exprés, sin debate parlamentario, sin convocar a expertos, sin pasar por las comisiones correspondientes. Es un acto de fuerza unilateral, que atropella la división de poderes y desprecia la institucionalidad democrática. Un experimento de gobierno por decreto, sin contrapesos ni diálogo, que pone en jaque el funcionamiento mismo del Estado de derecho.
Frente a esto, el proyecto de Moyano se erige como un freno imprescindible. No sólo por lo que defiende, sino por lo que denuncia: el vaciamiento paulatino pero feroz de toda política pública que apueste al conocimiento, a la ciencia nacional y a la equidad territorial. Porque desmantelar el INTI y el INTA no es solo apagar máquinas o cerrar oficinas. Es renunciar a un modelo de país que cree en el talento argentino, que piensa federalmente y que entiende que no hay soberanía sin ciencia, ni justicia social sin tecnología al servicio del pueblo.
Detrás de la aparente racionalidad económica del gobierno libertario, se esconde una matriz ideológica peligrosa: la que odia al Estado cuando protege a los de abajo, pero lo usa con total cinismo cuando se trata de beneficiar a los poderosos. La que prefiere importar saberes antes que financiar científicos. La que desprecia a los técnicos de provincias mientras subsidia a multinacionales con exenciones fiscales. La que recorta donde más duele y nunca donde más sobra.
Este proyecto legislativo busca restaurar lo que el decreto pretende borrar: la institucionalidad, el sentido estratégico del Estado y el compromiso con el desarrollo soberano. No es solo una discusión técnica o administrativa. Es una disputa política profunda sobre qué país queremos ser. Uno donde los saberes se reparten federalmente o uno donde se concentran en la mesa chica del poder. Uno donde la innovación se comparte o se privatiza. Uno donde los centros tecnológicos son aliados de las PyMEs o simples fichas a eliminar en un Excel.
Por eso, el silencio ante este decreto es también una forma de complicidad. Y romper ese silencio es, hoy, un acto de responsabilidad histórica. Porque lo que se juega no es una estructura burocrática más. Se juega el futuro. Se juega la posibilidad de que Argentina piense, investigue, innove y produzca en su propio territorio y con sus propias capacidades. Defender al INTI y al INTA es defender ese futuro que hoy quieren hacer añicos.
Fuente:
https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=3895-D-2025
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