El Consejo de la Magistratura evalúa la remoción de la jueza de San Isidro por su polémica actuación en el caso Abaigar, en un contexto de espectacularización judicial con tinte político. La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura investiga a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado por su rol en la causa que derivó en la detención de la funcionaria bonaerense Alexia Abaigar. Se la acusa de violar la Constitución, sobrepasar sus funciones y montar un show judicial que favorece al oficialismo de Javier Milei.
En tiempos donde la Justicia argentina se encuentra cada vez más entrelazada con las decisiones políticas del Ejecutivo, el Consejo de la Magistratura acaba de dar un paso decisivo en una denuncia que sacude los cimientos del Poder Judicial. Sandra Arroyo Salgado, jueza federal de San Isidro, quedó en el centro de la tormenta por su actuación en el controvertido caso que llevó a la detención de la funcionaria bonaerense Alexia Abaigar, su madre, la concejal peronista Eva Mieri y otras personas. Lo que en apariencia era un expediente más sobre un escrache al diputado libertario José Luis Espert, terminó destapando una cadena de decisiones judiciales cuestionadas por su exceso, su espectacularidad y su notoria conveniencia para los intereses del oficialismo.
La denuncia fue presentada por los consejeros y legisladores de Unión por la Patria, Mariano Recalde y Vanesa Siley, quienes no se anduvieron con eufemismos: acusan a Arroyo Salgado de “manifiesta arbitrariedad”, de violar la Constitución Nacional y de desconocer normas jurídicas y reglamentarias de manera inexcusable. Para ellos, la jueza no solo se excedió en sus atribuciones, sino que transformó el expediente en una herramienta de disciplinamiento político, montando una operación judicial que fue amplificada por funcionarios del gobierno de Javier Milei.
La gravedad del asunto no se detiene ahí. Según informaron desde el organismo, la denuncia fue girada a la Comisión de Acusación, luego de un acuerdo llamativamente transversal entre el senador macrista Luis Juez y el consejero abogado César Grau. Esta Comisión tiene la potestad de recomendar al Plenario la remoción de jueces por mal desempeño, lo que configura un escenario inédito y potencialmente explosivo para el sistema judicial.
Los denunciantes fueron categóricos: Arroyo Salgado ordenó medidas que exceden de forma evidente el hecho investigado —la colocación de un pasacalle y el lanzamiento de excremento frente al domicilio del diputado Espert— y ejecutó detenciones que, por su nivel de desproporción, solo pueden explicarse desde la lógica del castigo ejemplificador. El tribunal de alzada, la Cámara Federal de San Martín, no tardó en advertir los desbordes: liberó a Abaigar, y redujo su caución de 30 a 2 millones de pesos, un recorte que, más allá del aspecto técnico, funciona como una señal de alarma sobre cómo se manejó el expediente.
La sobreactuación judicial que se le imputa a la magistrada no es nueva. Su trayectoria ya venía siendo observada con suspicacia, y este episodio se suma como prueba del deterioro institucional que se vive bajo el mandato de Javier Milei. Porque no es un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio: el avance de un oficialismo que, carente de consensos democráticos, necesita recurrir a la Justicia como brazo ejecutor de su proyecto autoritario. Arroyo Salgado, en este contexto, aparece como una ficha útil en el tablero del poder.
No puede ignorarse el telón de fondo de este proceso. Mientras los grandes medios se enfocan en demonizar la protesta social, en criminalizar a militantes y dirigentes opositores, y en encubrir el ajuste brutal que destroza el tejido social argentino, en los tribunales se libran otras batallas igual de decisivas. Esta denuncia —que muchos intentarán relativizar o minimizar— expone un entramado donde el show judicial reemplaza al debido proceso, donde el revanchismo político se disfraza de legalidad, y donde los sectores reaccionarios encuentran cobijo en decisiones judiciales a medida.
La Comisión de Acusación, hoy integrada por nombres que representan sensibilidades diversas —Juez, Tailhade, González, Reyes, Siley, Grau y Maques— tiene la responsabilidad histórica de establecer un precedente. Porque si los jueces que se exceden, que sobreactúan, que violan normas elementales del derecho y que se prestan a operaciones políticas no reciben ninguna consecuencia, entonces todo el sistema termina siendo cómplice.
De todas formas, en el laberinto burocrático del Consejo de la Magistratura, nada está asegurado. Algunas fuentes no descartan que el expediente termine derivando a la Comisión de Disciplina, una instancia que no contempla la remoción como sanción, lo cual podría traducirse en una salida decorosa para la magistrada, bajo el viejo truco de que todo se soluciona puertas adentro. Sería, en otras palabras, una garantía de impunidad más, en un país que las acumula con vergonzosa eficacia.
Más allá de los vericuetos legales, lo que está en juego es el tipo de Justicia que se está consolidando en la Argentina. Una Justicia funcional al poder de turno, que criminaliza selectivamente, que se muestra implacable con los opositores y curiosamente indulgente con los amigos del gobierno. Una Justicia que actúa más como aparato de propaganda que como garante de derechos.
La causa que originó el escándalo —el escrache a Espert con pasacalle y excremento— fue utilizada como excusa para un despliegue desmedido que recuerda los peores tiempos del lawfare. Que una jueza federal haya ordenado allanamientos y detenciones en ese contexto no solo es desproporcionado: es una muestra de cómo la política represiva de Milei empieza a permear todos los poros del sistema institucional. Y eso, en democracia, no puede pasar inadvertido.
El oficialismo, mientras tanto, aplaude desde las sombras. La sobreactividad judicial de Arroyo Salgado le resulta funcional a un gobierno que necesita enemigos internos para justificar su brutal ajuste. Así como demoniza a docentes, científicos y estudiantes, ahora también pone en la mira a funcionarias y militantes opositoras, utilizando a la Justicia como herramienta de intimidación.
La pregunta final es si el Consejo de la Magistratura estará a la altura del momento. Si tendrá el coraje de desmontar esta maquinaria de persecución. Si se animará a decir que no todo vale en la guerra política. Porque si no lo hace, si Arroyo Salgado sigue ocupando su despacho sin rendir cuentas, no solo se habrá consolidado una injusticia, sino que se habrá enviado un mensaje nefasto: que los jueces pueden violar la ley, si lo hacen en nombre del poder.
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