Mientras el Presidente se escuda en su cuenta “personal” de X para desligarse del escándalo $Libra, la Justicia Federal lo contradice y expone grietas legales y éticas que podrían sacudir su inmunidad política. Un dictamen de la Fiscalía Federal de La Plata pulveriza el argumento que eximía a Javier Milei de responsabilidades por sus publicaciones en redes sociales, reabriendo un frente judicial que conecta política, criptomonedas y la utilización del poder presidencial en las plataformas digitales.
Hay un silencio espeso, casi cómplice, que a veces envuelve los escándalos políticos en Argentina, pero basta que un fiscal interino decida levantar la voz para que todo retumbe. Eso es lo que acaba de ocurrir con el caso $Libra, un capítulo incómodo en la ya tumultuosa saga presidencial de Javier Milei. Lo que hasta hace pocos días parecía una causa moribunda, sellada bajo la lapidaria frase “la Oficina Anticorrupción probó que soy inocente”, de pronto revive con la furia de quien viene a desmentir una coartada cuidadosamente construida. Y es que el dictamen del fiscal federal interino de La Plata, Oscar Gutiérrez Eguía, no sólo refuta los argumentos con los que Milei intentó blindarse, sino que asesta un golpe al corazón de la estrategia jurídica que lo quiso separar de sus propias palabras en la red social X.
Para entender la magnitud del revés, hay que regresar al origen del laberinto. Cuando la historia del token $Libra salió a la luz, las alarmas se encendieron. Milei había promovido en su cuenta de X el contrato para adquirir este activo cripto, conocido también como “Viva la Libertad Project”. Hasta ahí, puro Milei: liberalismo, criptoactivos y épica libertaria. Pero la cuestión no era tan naïve. En juego estaba la eventual utilización del cargo presidencial para beneficiar un proyecto privado, con implicancias éticas y legales nada menores. Para sacarse de encima esa sospecha, el presidente contó con un dictamen de Alejandro Melik, jefe de la Oficina Anticorrupción (OA), quien lo eximió de responsabilidad alegando que sus posteos se hicieron desde su cuenta “personal” y no como mandatario. Un artilugio jurídico tan forzado que rozaba lo grotesco, pero que Milei no dudó en enarbolar como prueba absoluta de su inocencia.
Así, en una entrevista reciente con Luis Majul, apenas surgió el tema $Libra, el presidente se despachó sin rubor: “la Oficina Anticorrupción probó que soy inocente”. Más claro, imposible. O al menos, eso creía él. Porque la Justicia, que a veces camina lento pero no necesariamente ciego, empezó a mirar el tema con otros ojos. Y lo hizo a partir de otro expediente que, en apariencia, poco tenía que ver con $Libra: la denuncia de Marlene Spesso, madre de Ian Moche, el niño activista con autismo a quien Milei atacó indirectamente en sus redes, reposteando el 1 de junio una publicación que lo vinculaba con operaciones políticas “ultra kirchneristas”.
En ese dictamen reciente, el fiscal Gutiérrez Eguía hizo añicos la línea argumental que usó Melik para absolver a Milei. Con precisión quirúrgica, el fiscal señaló que la cuenta de X del presidente posee la verificación gris, signo inequívoco —según las propias reglas de la red— de que se trata de una cuenta oficial de un funcionario de gobierno. Y aunque aclaró que la cuenta institucional de Presidencia es @CasaRosada, no dudó en enfatizar que Javier Milei figura en X como “Economista” pero ejerce, indiscutiblemente, como presidente de la Nación. Ergo: lo que Milei publica, incluso en su “cuenta personal”, no puede separarse del ejercicio del poder público. Y en esa grieta se cuela ahora el caso $Libra, porque el argumento de “no soy presidente cuando tuiteo desde mi cuenta personal” se derrumba como un castillo de naipes.
Esta nueva interpretación judicial mete presión no solo sobre la causa por los agravios contra Ian Moche, sino sobre el expediente $Libra, que sigue vivo en Comodoro Py. Y ahí, la olla está lejos de estar tapada. Porque mientras Milei insiste en declararse inocente, surgen datos cada vez más escandalosos alrededor de las finanzas del proyecto cripto. Hace apenas días, el especialista en criptomonedas Fernando Molina reveló una serie de transferencias millonarias vinculadas a Hayden Davis, creador del token $Libra, realizadas justo antes de la publicación presidencial del 14 de febrero que promovía el contrato. Entre ellas, una particularmente explosiva: una transferencia de 1275 millones de dólares a una billetera desconocida, Gate.io, apenas 24 horas antes de que Milei hiciera público el vínculo contractual.
Si alguien esperaba que la causa $Libra se apagara por inanición, está profundamente equivocado. La querella que conduce Juan Grabois en Comodoro Py sigue empujando el expediente y ya pidió que Molina vuelva a declarar, esta vez para exponer las pistas sobre estas transferencias que, hasta ahora, estaban fuera del radar de la Justicia. No se trata solo de montos siderales que generan vértigo. El núcleo del problema es otro, mucho más inquietante: ¿tuvo el presidente algún interés en el éxito del token que impulsó desde su cuenta? ¿O fue apenas otro acto de la performance libertaria en redes? Preguntas que, con cada dato nuevo, se hacen más incómodas de responder.
El riesgo para Milei no es menor. Porque si la Justicia valida la postura del fiscal Gutiérrez Eguía, se abre la posibilidad de que sus publicaciones en X sean consideradas actos oficiales o, al menos, acciones que no pueden quedar escindidas de su condición de presidente. En ese caso, cualquier promoción de negocios privados, como $Libra, podría arrastrar consecuencias legales graves. Y, por supuesto, políticas. Nadie puede fingir demencia frente a la sospecha de que un jefe de Estado use su plataforma pública —aunque la pinte de “personal”— para empujar negocios turbios.
Es cierto, vivimos tiempos en que las fronteras entre lo público y lo privado son cada vez más difusas, sobre todo en un país donde la política se mudó a las redes. Pero el caso Milei encarna un dilema inquietante: ¿dónde termina el influencer y empieza el presidente? ¿Hasta dónde puede escudarse detrás de su avatar digital mientras su firma y su investidura cargan el peso de la función pública? Lo que parecía una maniobra legal para lavarse las manos en el caso $Libra, hoy se estrella contra el muro de la realidad judicial.
Mientras tanto, los tribunales de Comodoro Py bullen. Y la causa $Libra, lejos de ser un episodio menor, amenaza con convertirse en la estocada que exponga la vulnerabilidad política de un presidente que, en público, proclama pureza ética pero, en privado, juega con fichas millonarias en el tablero cripto. El blindaje que le ofreció la Oficina Anticorrupción se empieza a agrietar, y la narrativa de “soy inocente porque tuiteo como ciudadano” suena cada vez más a cuento chino.
Puede que Milei siga tuiteando furioso desde @JMilei. Pero en el horizonte judicial, las cuentas —y no sólo las de X— podrían empezar a rendirle un balance mucho menos libertario de lo que esperaba.
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