Los vínculos peligrosos: las conexiones entre Marcelo D’Alessio y Patricia Bullrich que incomodan al macrismo y al gobierno de Milei

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Reuniones reservadas, operativos mediáticos, inteligencia ilegal y vínculos telefónicos: las huellas de la relación entre el falso abogado y la actual ministra de Seguridad de Javier Milei que la causa D’Alessiogate sacó a la luz, pese a los intentos por minimizar el escándalo.

El caso Marcelo D’Alessio se convirtió en una de las mayores bombas políticas de los últimos años. El falso abogado, hoy condenado por extorsión y espionaje ilegal, tejió vínculos con políticos, jueces, fiscales y periodistas. Pero uno de los nexos que más ruido generó es el que lo conecta directamente con Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri y actual ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei. Lejos de tratarse de un simple cruce circunstancial, las pruebas acumuladas en la justicia y en múltiples investigaciones periodísticas muestran una trama inquietante que involucra al aparato estatal.

Bullrich siempre admitió haberse reunido con D’Alessio, aunque lo minimizó describiéndolo como “un loco” y “trucho”. Sin embargo, los registros de ingresos al Ministerio de Seguridad durante 2016 y 2017 contradicen esa versión. Según reveló el juez federal Alejo Ramos Padilla y confirmaron medios como La Nueva y El Destape, D’Alessio mantuvo múltiples encuentros en la sede ministerial, algunos de ellos calificados como “reservados”.

No se trataba solo de visitas protocolares. D’Alessio ofrecía “informes de inteligencia” sobre narcotráfico, crimen organizado y operaciones políticas. En particular, sobresale su involucramiento en la problemática del narcotráfico en Rosario, donde envió información sensible que, según consta en la causa, terminaba en despachos oficiales.

Uno de los episodios más ilustrativos de esta relación fue la detención de Marcelo Mallo, ex dirigente de Hinchadas Unidas Argentinas, en 2016. D’Alessio fue quien preparó la entrega mediática de Mallo, mientras Bullrich encabezó el operativo y hasta posó en la foto oficial. Aunque luego Mallo fue desvinculado de la causa, el hecho demostró cómo las operaciones de D’Alessio contaban con respaldo político y escenografía mediática, con la entonces ministra de Seguridad como rostro visible.

Quizá el elemento más contundente sea el hallazgo de conversaciones en el celular de D’Alessio. Allí, se encontraron mensajes enviados a un número agendado como “Patricia Bullrich”. Incluso, Movistar confirmó que ese número correspondía efectivamente a la ex ministra, aunque ella intentó desmarcarse asegurando que ese equipo estaba desactivado desde 2017. Sin embargo, la documentación judicial sostiene que hubo intercambios vinculados a informes de inteligencia ilegal, lo cual plantea interrogantes sobre el verdadero nivel de participación de Bullrich en la red de espionaje.

Otra arista reveladora es la que surge del informe elaborado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que advierte sobre posibles pagos y “contraprestaciones económicas” que D’Alessio habría recibido a cambio de su información y sus servicios de espionaje. Dicho informe indica que gran parte de esas maniobras respondían a directivas emanadas del Ministerio de Seguridad, donde Bullrich ocupaba el máximo cargo político.

Debemos recordar que Marcelo D’Alessio, el falso abogado que saltó a la fama por el caso de espionaje y extorsiones conocido como “D’Alessiogate”, fue condenado el 3 de julio de 2025 a 13 años y medio de prisión por asociación ilícita, espionaje ilegal, extorsión y lavado de activos. El fallo lo dictó el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°8, tras un juicio que se extendió por casi dos años y que involucró 106 testigos y 30 teras de evidencia digital, obtenida en buena parte de los dispositivos electrónicos secuestrados a D’Alessio.

La Justicia dio por probado que D’Alessio encabezaba una organización dedicada a realizar inteligencia ilegal sobre jueces, fiscales, empresarios y políticos. Con esa información, extorsionaba a las víctimas exigiendo grandes sumas de dinero a cambio de no implicarlas en causas judiciales o exponerlas en los medios de comunicación. El tribunal definió la maniobra como un “binomio de espionaje y extorsión”, en el que se usaban los medios y el sistema judicial como herramientas de presión.

Además de su actividad de espionaje, D’Alessio integraba otra asociación ilícita llamada el “Grupo Buenos Aires”, que tenía como objetivo realizar operaciones internacionales de lavado de dinero, valiéndose de estructuras financieras complejas y contactos bancarios para mover fondos ilegales sin dejar rastros. Por esta parte de la investigación, también fueron condenados otros cinco imputados, incluidos dos exagentes de inteligencia, a penas de entre 3 y 9 años y medio de prisión.

El caso que detonó la investigación fue la denuncia del empresario Pedro Etchebest, quien en 2019 acusó a D’Alessio de exigirle 300 mil dólares para no ser involucrado en la causa de los “Cuadernos”. Aunque ya había sido condenado en 2021 a cuatro años de prisión por tentativa de extorsión, esta nueva sentencia cierra el proceso más grande en su contra y confirma la magnitud de su red de espionaje ilegal, dejando aún muchas incógnitas sobre sus vínculos con actores del poder político y judicial.

Aunque Bullrich se esmera en despegarse, el caso D’Alessio sigue siendo un terreno minado para Juntos por el Cambio, y ahora también representa un riesgo para el gobierno de Javier Milei, que decidió reincorporarla como ministra de Seguridad. A medida que surgen nuevas pruebas, queda en evidencia que el vínculo entre el falso abogado y Bullrich no fue anecdótico, sino parte de un sistema de inteligencia ilegal en el que se mezclaron intereses judiciales, políticos y mediáticos.

Las preguntas persisten: ¿Cuántas otras operaciones montó D’Alessio con apoyo oficial? ¿Qué sabía Patricia Bullrich realmente? ¿Por qué se guardó silencio durante tanto tiempo?

Fuentes: