Autorizaciones secretas, vínculos empresariales y denuncias políticas envuelven al “gobernador de las aguas” en una crisis que expone las tensiones entre grandes capitales y pequeños productores.
Un nuevo escándalo sacude los cimientos políticos e institucionales de Mendoza y amenaza con escalar hasta la Corte provincial. En el ojo de la tormenta está el Departamento General de Irrigación (DGI), cuyo titular, Sergio Marinelli —apodado en la provincia como el “gobernador de las aguas”—, autorizó en secreto perforaciones en un acuífero protegido, beneficiando a poderosos empresarios vinculados al presidente Javier Milei. El hecho desató una feroz polémica que involucra intereses económicos, recursos naturales estratégicos y cuestionamientos a la transparencia gubernamental.
Una autorización secreta que contradice la ley
El epicentro del conflicto es la autorización de nueve nuevos pozos en la zona de Agrelo, otorgada en febrero de este año a Cresud, empresa del magnate Eduardo Elsztain. Esto ocurrió pese a que en agosto de 2024 Mendoza había resuelto suspender por dos años los permisos para nuevas perforaciones debido a la delicada situación hídrica de la provincia.
Según reveló el sitio El Medio y reprodujo La Política Online, la firma Cresud había solicitado el permiso para perforar en Agrelo y, al no recibir respuesta del organismo, acudió a la Justicia. La Corte mendocina obligó al DGI a emitir una respuesta, sin dictar si debía ser positiva o negativa. Sin embargo, en febrero, Cresud y el organismo comparecieron ante la Corte para comunicar que habían llegado a un acuerdo.
Lo más alarmante es que la resolución que habilita las perforaciones —identificada irónicamente con el número 125— no fue publicada en el Boletín Oficial, manteniéndose en secreto hasta que la investigación periodística la sacó a la luz. La medida contradice informes técnicos, jurídicos y científicos del propio DGI, que recomendaban mantener las restricciones para proteger El Carrizal, un subacuífero considerado vulnerable. Tampoco se hizo público el informe que hablaba de un supuesto excedente hídrico que justificaría las perforaciones.
Beneficios para Elsztain y otros empresarios
La decisión benefició directamente a Elsztain, uno de los empresarios más cercanos al presidente Milei, quien incluso lo alojó en su Hotel Libertador durante la campaña electoral. La resolución revalorizó las más de 400 hectáreas que Cresud posee en Agrelo, zona estratégica para la vitivinicultura y el agro mendocino.
No fue el único favorecido: Chimpay La Rioja S.A., perteneciente a Young Woo, recibió autorización para dos pozos, mientras que Grappolo S.A., de Walter Bressia, y Pedro García Mateo obtuvieron permiso para perforar un pozo cada uno.
Silencio político y pedido de jury
Mientras la polémica crece, el gobernador Alfredo Cornejo optó por mantenerse en silencio, lo que aumenta las especulaciones sobre posibles repercusiones políticas. El senador provincial Félix González, alineado con Anabel Fernández Sagasti, presentó un pedido de jury para remover a Marinelli.
“La negligencia de los funcionarios también genera injusticias como esta. Que un grupo económico poderoso pueda acceder al agua genera una distorsión frente a los pequeños productores a los que se les niega ese recurso”, denunció González, reflejando el creciente enojo de sectores productivos menores que ven cómo los grandes capitales avanzan sobre recursos vitales.
La sombra del Atuel y la tensión interprovincial
El escándalo también reactualiza viejas tensiones interprovinciales. Marinelli es conocido en La Pampa por su histórica resistencia a acatar los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el caudal mínimo del río Atuel. En 2020, la Corte estableció un flujo de 3,2 metros cúbicos por segundo hacia La Pampa, caudal que Mendoza nunca cumplió.
Este antecedente alimenta las sospechas de manejo político y discrecional de los recursos hídricos mendocinos, una provincia que desde hace años lidia con la escasez de agua y con fuertes reclamos de equidad en su distribución.
Futuro incierto
Ahora, Marinelli dejó entrever que las autorizaciones podrían quedar sin efecto si no obtienen el aval del tribunal provincial, abriendo un nuevo capítulo judicial y político que podría repercutir no solo en Mendoza, sino en las relaciones con Nación y provincias vecinas.
Mientras tanto, la opinión pública mendocina asiste a un espectáculo que desnuda las tensiones entre el poder económico, los recursos naturales y la transparencia institucional. Y en el centro de todo, una pregunta incómoda se impone: ¿Quién gobierna realmente las aguas de Mendoza?
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