Un fallo judicial suspendió la operación hasta que se determine el pasivo ambiental de la empresa. La decisión se suma a las denuncias por presuntas irregularidades en las tasaciones de activos estratégicos del Estado.
La avanzada privatizadora del Gobierno recibió un nuevo golpe cuando la Justicia ordenó suspender la venta de AySA. El fallo pone el foco en los riesgos ambientales, el acceso al agua y las cuestionadas maniobras administrativas que rodean el proceso impulsado por Javier Milei.
El proyecto de privatizaciones que el gobierno de Javier Milei presenta como una de las piezas centrales de su programa económico acaba de encontrar un nuevo obstáculo en los tribunales. El juez en lo Contencioso Administrativo N°2 de La Plata, Mariano López, resolvió suspender cautelarmente la venta del 90 por ciento de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) hasta que se determine el pasivo ambiental de la compañía.
La decisión judicial responde a una presentación del Defensor del Pueblo bonaerense, quien advirtió que el pliego de licitación omite aspectos esenciales vinculados al acceso al agua potable y desconoce la existencia de pasivos ambientales en territorio de la provincia de Buenos Aires. Para el magistrado, el esquema de privatización propuesto podría derivar en una reducción de las exigencias regulatorias y en la postergación de obras fundamentales, afectando derechos consagrados por la Constitución Nacional, como el acceso al agua y la protección de un ambiente sano.
La resolución llega en un contexto de creciente judicialización de las privatizaciones impulsadas por la administración libertaria. Mientras AySA queda momentáneamente fuera del mercado, otros procesos también enfrentan cuestionamientos, como la concesión de las represas hidroeléctricas del Comahue, actualmente bajo análisis judicial.
En paralelo, la polémica se extiende al funcionamiento del Tribunal de Tasaciones de la Nación, organismo clave para determinar el valor de los activos públicos que el Gobierno busca transferir al sector privado. Su presidente, Julio Roberto Villamonte, reconoció haber comunicado al Ministerio de Economía la imposibilidad de avanzar con diversas tasaciones sin consultar previamente al resto de los integrantes del cuerpo.
La admisión abrió interrogantes sobre la legalidad de los procedimientos utilizados para avanzar con la venta de empresas estratégicas como AySA, Transener, Nucleoeléctrica, Belgrano Cargas e Intercargo. Aunque Villamonte se amparó en facultades de representación institucional, las normas internas del organismo establecen que los asuntos de especial importancia requieren acuerdo previo del cuerpo colegiado.
La controversia resulta aún más significativa cuando se observa el caso de Nucleoeléctrica Argentina. La empresa, que registra resultados positivos y posee activos valuados en miles de millones de dólares, habría quedado atrapada en un proceso de tasación que, según distintas observaciones, fue derivado a entidades sin la especialización técnica necesaria para determinar su valor real.
Las denuncias apuntan a un mecanismo que permitiría avanzar con privatizaciones sin cumplir plenamente los procedimientos previstos por la legislación vigente. En el centro de las críticas aparecen tanto el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, como el Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger, principal impulsor de la reducción del aparato estatal.
El fallo sobre AySA no sólo representa una pausa administrativa. También vuelve a instalar una pregunta de fondo: si el Gobierno está dispuesto a acelerar la venta de empresas públicas estratégicas incluso cuando persisten dudas sobre su valuación, sus impactos ambientales y las garantías de acceso a servicios esenciales. La suspensión judicial marca, por ahora, un límite a una estrategia que busca avanzar a máxima velocidad, pero que empieza a acumular cuestionamientos cada vez más difíciles de ignorar.
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