La historia de Mark Bray empezó a convertirse en un símbolo incómodo del clima político contemporáneo en Estados Unidos. Lo que durante años fue presentado como un debate académico sobre antifascismo, movimientos sociales y extrema derecha terminó derivando en amenazas de muerte, campañas de hostigamiento y el traslado de su familia a España por razones de seguridad. Lo notable no es solamente el caso individual de un profesor universitario perseguido por investigar el antifascismo, sino el contexto político que vuelve posible semejante situación dentro de una potencia que históricamente se autoproclamó defensora de la libertad de expresión.
Bray, profesor de historia en Rutgers University y autor de Antifa: The Anti-Fascist Handbook, quedó en el centro de una ofensiva política impulsada por sectores conservadores y organizaciones ligadas a la derecha universitaria estadounidense. El detonante fue la decisión de Donald Trump y sectores republicanos de instalar la idea de Antifa” como una amenaza terrorista interna. A partir de allí, Bray comenzó a ser señalado públicamente como un supuesto militante extremista, a pesar de que reiteró en múltiples entrevistas que su rol era estrictamente académico y de investigación histórica.
La situación escaló rápidamente. Según reportaron medios como Associated Press, The Washington Post, The Guardian y El País, el profesor recibió amenazas de muerte directas, incluida una donde prometían asesinarlo delante de sus estudiantes. También sufrió “doxxing”, una práctica cada vez más habitual en las campañas de persecución digital contemporánea: la difusión pública de direcciones, datos personales e información familiar con el objetivo de intimidar.
La historia adquiere una dimensión aún más inquietante cuando se observa quiénes impulsaron la campaña. El capítulo universitario de Turning Point USA lanzó peticiones públicas exigiendo el despido del historiador, acusándolo de ser “Dr. Antifa” y de representar un peligro para la seguridad del campus. La operación política no surgía de una investigación judicial ni de evidencia concreta sobre delitos, sino de sus publicaciones académicas y de sus análisis históricos sobre los movimientos antifascistas.
Lo que aparece detrás de este episodio es un fenómeno más profundo: la creciente criminalización de la producción intelectual crítica en el clima político neoliberal y ultraconservador contemporáneo. Bray no fue perseguido por participar en un atentado ni por organizar grupos armados, sino por investigar históricamente el antifascismo y cuestionar públicamente el avance de discursos autoritarios. El propio historiador sostuvo que existía “un esfuerzo por pintarlo” como alguien involucrado directamente en acciones violentas, cuando en realidad su trabajo se centraba en el análisis académico del fenómeno.
En varias entrevistas, Bray denunció que el problema excedía su caso personal. Para él, lo que estaba ocurriendo representaba “un ataque a la libertad académica” y una tendencia más amplia dentro de Estados Unidos hacia formas crecientes de autoritarismo político. En declaraciones recogidas por Democracy Now y otros medios, afirmó que el gobierno estadounidense avanzaba hacia “una dirección marcadamente autoritaria” donde el pensamiento crítico y las investigaciones incómodas comenzaban a ser tratados como amenazas internas.
La escena resulta particularmente reveladora del momento histórico que atraviesa Estados Unidos. Durante décadas, Washington se presentó ante el mundo como garante de las libertades civiles frente a los regímenes autoritarios del planeta. Sin embargo, hoy un profesor universitario especializado en historia del antifascismo termina abandonando temporalmente su país luego de recibir amenazas contra sus hijos y ver su domicilio publicado en redes sociales por sectores radicalizados de extrema derecha.
La paradoja histórica es brutal. Mientras el discurso neoliberal insiste en celebrar una supuesta “libertad individual absoluta”, el aparato mediático y político conservador desarrolla mecanismos cada vez más agresivos para disciplinar voces críticas dentro de universidades, sindicatos, movimientos sociales y espacios culturales. La lógica es conocida en la historia contemporánea: convertir al pensamiento disidente en enemigo interno. Antes fueron comunistas, sindicalistas y activistas por los derechos civiles. Hoy aparecen académicos, investigadores y docentes que analizan el crecimiento del neofascismo global.
La persecución contra Bray también revela cómo funcionan las nuevas formas de censura política en la era digital. Ya no se necesitan necesariamente listas negras estatales como durante el macartismo clásico. Ahora operan campañas coordinadas en redes sociales, influencers políticos, plataformas de hostigamiento y operaciones mediáticas que convierten a una persona en objetivo permanente de amenazas y demonización pública.
Incluso el episodio del aeropuerto alimentó las sospechas de Bray sobre el nivel de hostigamiento que estaba sufriendo. Según relató a distintos medios, él y su familia ya habían despachado equipaje y atravesado controles de seguridad cuando descubrieron que sus reservas de vuelo hacia España “habían desaparecido” misteriosamente del sistema. Aunque nunca pudo probarse una intervención deliberada, Bray declaró públicamente: “No creo que sea una coincidencia”.
El caso generó además un fuerte debate sobre libertad de expresión dentro del ámbito universitario estadounidense. Mientras organizaciones conservadoras pedían su expulsión, sectores académicos y sindicatos docentes denunciaron una ofensiva política destinada a destruir la autonomía universitaria y condicionar los contenidos de enseñanza e investigación. Profesores de distintas universidades defendieron públicamente a Bray y advirtieron sobre el peligro de convertir las aulas en espacios subordinados a campañas ideológicas partidarias.
En definitiva, la historia de Mark Bray termina funcionando como una radiografía de época. Un historiador que estudia el antifascismo obligado a abandonar temporalmente Estados Unidos por amenazas políticas parece una escena sacada de los años más oscuros del siglo XX europeo. Pero ocurrió en pleno siglo XXI, en la principal potencia occidental y en medio de un clima político donde el neoliberalismo radicalizado ya no solo discute salarios, derechos laborales o políticas sociales: también empieza a disputar violentamente qué ideas pueden circular y cuáles deben ser castigadas públicamente.
Detrás del caso Bray emerge una pregunta incómoda para las democracias contemporáneas: ¿qué ocurre cuando investigar el autoritarismo comienza a volverse peligroso? La respuesta quizás sea la señal más alarmante de todas.
Fuentes
Bray, M. (2017). Antifa: The Anti-Fascist Handbook. Melville House.
Democracy Now! (2025, octubre 9). Antifa expert to flee with family to Spain following death threats. Democracy Now! Democracy Now!
Hernández, J. (2025, octubre 9). Rutgers professor says threats forced family to relocate to Spain. Spectrum News. Spectrum News
The Guardian. (2025, octubre 9). US anti-fascism scholar relocates after threats and harassment campaign. The Guardian. The Guardian
WHYY. (2025). Rutgers professor targeted by conservative activists over antifascist scholarship. WHYY News. WHYY News
