La CATT convoca a un cese de actividades desde las 13 horas y los Metrodelegados frenarán el subte a las 21. La protesta expone la fractura sindical y eleva la presión sobre el Senado. En una jornada que promete impacto nacional, los sindicatos del transporte activan un paro estratégico para garantizar la movilización al Congreso contra una reforma laboral que califican como regresiva y funcional al poder empresario.
El conflicto ya no es una advertencia: es una escena en movimiento. Este miércoles, desde las 13 horas, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) paralizará buena parte del sistema de transporte del país en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo. La medida, anunciada por Juan Carlos Schmid en conferencia de prensa, no es un gesto simbólico. Es una acción concreta destinada a facilitar la movilización masiva hacia el Congreso Nacional, donde el Senado debatirá una iniciativa que, según los dirigentes sindicales, constituye un retroceso histórico en materia de derechos laborales.
La decisión no surge en el vacío ni en un clima apacible. Se da en un contexto de fuerte tensión política y social, con un gobierno que ha hecho del ajuste y la desregulación su bandera, y con un movimiento obrero que oscila entre la cautela estratégica y la confrontación abierta. La CATT, que agrupa a gremios del transporte terrestre, aéreo y marítimo, resolvió declarar el cese de actividades desde las 13 horas con un objetivo explícito: garantizar que “la mayor cantidad de trabajadores puedan asistir a la movilización”. No hay eufemismos. Se trata de ocupar la calle para frenar lo que consideran una avanzada patronal con respaldo estatal.
El impacto será inmediato y visible. El tráfico aéreo y la actividad marítima y portuaria se verán especialmente afectados. Aunque algunos sindicatos ferroviarios y de colectivos se escindieron de la organización y reconfiguraron alianzas en la UGATT, la compleja trama gremial que sostiene el funcionamiento de trenes y servicios asociados permite prever interrupciones y alteraciones en la operatoria. En el mundo del transporte, basta con que una pieza clave se detenga para que el engranaje completo se resienta. Y eso lo saben tanto los trabajadores como el gobierno.
Schmid no dejó margen para la ambigüedad. Sostuvo que la reforma laboral es “absolutamente regresiva”, que ataca derechos constitucionales y que vulnera acuerdos internacionales establecidos por la Organización Internacional del Trabajo. La acusación es grave y apunta al corazón del debate. Para el dirigente, la promesa oficial de que flexibilizar generará empleo es una vieja cantinela que reaparece cada vez que la economía se estanca. “Cada vez que hay estancamiento económico se agita la reforma laboral para terminar con el desempleo. Esto no ha pasado nunca”, advirtió. Y remató con una frase que resume el malestar de amplios sectores: hay gente que trabaja cada vez más para ganar menos.
La crítica no se limita al contenido del proyecto. También se dirige al escenario político donde se dirimirá la votación. Schmid expresó desconfianza respecto de lo que resuelva el Congreso y señaló que la Cámara Alta es permeable a los intereses económicos y a las presiones de los gobernadores. La idea de un federalismo fragmentado, donde cada provincia “tira para su lado”, dibuja un panorama de negociación opaca y de alianzas circunstanciales que pueden inclinar la balanza. En ese marco, la movilización aparece como un intento de incidir desde afuera, de torcer voluntades a través de la presión social.
La medida de la CATT contrasta con la postura de la conducción de la CGT, que decidió no convocar a un paro general y limitar su acción a una movilización a la Plaza de los Dos Congresos, otorgando libertad a las organizaciones de base para definir el alcance de sus medidas. Esa decisión evidencia una fisura en la estrategia sindical. Mientras algunos apuestan a sostener canales de diálogo y evitar una confrontación total, otros consideran que el momento exige una respuesta más contundente. En esa línea se inscriben también la ATE, el SiPreBA, la UOM y los sindicatos nucleados en el Plenario del Sindicalismo Combativo, que confluyen en el rechazo frontal a la reforma.
En el caso del subterráneo porteño, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP) confirmó su adhesión a la jornada de protesta. El sindicato, que recientemente atravesó el fallecimiento de su histórico secretario general Beto Pianelli, resolvió una modalidad particular: garantizar el servicio durante la movilización y paralizar las seis líneas y el premetro a partir de las 21 horas. La decisión combina responsabilidad operativa con firmeza política. No se trata de dejar a los usuarios varados durante la marcha, pero sí de enviar un mensaje claro al cierre del día.
En su comunicado, la AGTSyP fue directa: la reforma laboral representa un profundo retroceso en los derechos de las y los trabajadores y “no podemos permitir que avance”. La consigna difundida en redes sociales convoca a la unidad frente al Congreso para decirle no al proyecto. El sindicato integra la CTA de los Trabajadores y también la CATT, lo que refuerza la articulación entre centrales y gremios sectoriales en esta coyuntura específica. La convergencia no es menor. Indica que, más allá de las diferencias tácticas, existe un núcleo duro de rechazo que atraviesa distintas vertientes del sindicalismo.
El gobierno de Javier Milei, que ha promovido una agenda de reformas estructurales con el argumento de modernizar la economía, enfrenta así una resistencia organizada en uno de los sectores más sensibles: el transporte. No es casual. La paralización del transporte tiene un efecto multiplicador sobre el conjunto de la actividad económica y sobre la vida cotidiana de millones de personas. Es una herramienta de presión potente, que expone el conflicto en la superficie visible de la ciudad y del país.
Desde el oficialismo se ha insistido en que la reforma busca dinamizar el mercado laboral y reducir la litigiosidad. Sin embargo, los gremios sostienen que detrás de ese discurso se esconde una transferencia de poder hacia el sector empresarial, con debilitamiento de convenios colectivos y erosión de garantías históricas. La referencia a la violación de acuerdos internacionales de la OIT no es un detalle retórico. Es un intento de inscribir la discusión en un plano jurídico más amplio, que trasciende la coyuntura local y coloca al Estado argentino frente a compromisos asumidos.
La jornada del miércoles, entonces, no será apenas un paro sectorial. Será una pulseada política de alto voltaje. El Senado debatirá puertas adentro mientras afuera se congregan trabajadores de múltiples actividades, con el transporte como columna vertebral de la protesta. La incógnita es doble: qué sucederá en el recinto y qué efectos tendrá la movilización sobre los senadores indecisos. Juan Pablo Brey, dirigente aeronáutico, anticipó que en algún momento los legisladores deberán responder por cómo votan. La frase sugiere que la memoria política de este conflicto no se agotará en un día.
En definitiva, la convocatoria de la CATT y la adhesión de los Metrodelegados revelan que la reforma laboral no transita un camino pacífico. Más bien se abre paso en medio de desconfianzas, advertencias y una sensación extendida de que se está jugando algo más que una ley: el equilibrio entre capital y trabajo en la Argentina actual. El gobierno apuesta a consolidar su programa de transformación económica. Los sindicatos, a frenar lo que consideran una embestida regresiva. En el medio, un Congreso interpelado por la calle y por los intereses cruzados de un país que, una vez más, discute el sentido de sus derechos laborales.
Fuente:
https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/los-sindicatos-del-transporte-paran-el-miercoles-desde-las-13-horas-contra-la-reforma-laboral/
https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/metrodelegados-confirmo-el-paro-y-no-habra-subte
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