La habilitación del Acueducto Norte en La Plata expone el contraste entre una Provincia que invierte en derechos básicos y un gobierno nacional que ajusta sobre la infraestructura esencial. Mientras Javier Milei paraliza la obra pública y celebra el retiro del Estado, la Provincia de Buenos Aires avanza con el Plan Hídrico del Gran La Plata, una intervención estructural que busca garantizar el acceso al agua potable para más de un millón de personas.
El agua no suele ocupar la primera plana del debate político hasta que deja de salir de la canilla. Cuando la presión cae, cuando los barrios aprenden a convivir con cortes, horarios inciertos o servicios deficientes, recién entonces la infraestructura deja de ser un concepto abstracto y se convierte en un problema concreto, cotidiano y urgente. En la región del Gran La Plata, esa historia es conocida y arrastrada desde hace décadas. Por eso la habilitación del Acueducto Norte y el avance del Plan Hídrico provincial no son un anuncio más: son una definición política que choca de frente con el modelo de ajuste y desmantelamiento del Estado que impulsa el gobierno de Javier Milei.
El gobernador Axel Kicillof fue explícito al anunciar la puesta en funcionamiento del Acueducto Norte desde su cuenta oficial: “Estamos orgullosos de habilitar el Acueducto Norte en La Plata que va a mejorar el servicio de agua potable para más de 30 mil vecinos y vecinas”. La frase no es menor en un contexto donde desde el poder central se demoniza cualquier intervención estatal. La obra, según remarcó el propio gobernador, es parte de “una obra histórica que forma parte del Plan Hídrico del Gran La Plata que tanto necesita la región” y que permite optimizar el servicio en Tolosa, Gonnet, Villa Castells y Ringuelet, zonas que durante años padecieron una presión insuficiente y un suministro inestable.
La rehabilitación del Acueducto Norte implicó la puesta en valor de 8,5 kilómetros de cañerías y una inversión superior a los 10.213 millones de pesos. El impacto es tangible: se duplica la presión del agua y se mejora de manera directa el servicio para más de 30.000 personas. No se trata de una mejora cosmética ni de una promesa a futuro, sino de una respuesta concreta a una demanda histórica que, durante décadas, fue postergada por distintos gobiernos y relegada frente a otras prioridades. En una época donde el discurso oficial nacional insiste en que “no hay plata”, la Provincia decide mostrar que sí hay decisiones.
Pero el Acueducto Norte no es una obra aislada ni un gesto simbólico. Es una pieza clave dentro de un programa integral que busca intervenir sobre todo el sistema de producción, transporte y distribución de agua potable en la región capital, beneficiando a más de un millón de habitantes de La Plata, Berisso y Ensenada. El Plan Hídrico del Gran La Plata incluye, además, la construcción de una nueva Planta Potabilizadora en Punta Lara, complementaria a la histórica Donato Gerardi. Con casi 29.500 metros cuadrados, esta planta incorpora estación de bombeo, acueductos de agua cruda y tratada y nuevas cañerías, con el objetivo de aumentar la capacidad de producción y mejorar la distribución en toda la zona.
Estas obras estructurales suelen quedar fuera del radar del marketing político porque no se resuelven en semanas ni se agotan en una foto. Requieren planificación, financiamiento sostenido y una mirada de largo plazo. Justamente lo contrario a la lógica que hoy domina el gobierno nacional, donde la obra pública fue directamente paralizada y convertida en una variable de ajuste. Mientras Milei celebra la motosierra y presenta la retirada del Estado como una virtud, la Provincia de Buenos Aires avanza sobre una premisa básica: sin agua no hay salud, no hay desarrollo y no hay dignidad.
El contraste se vuelve aún más evidente con el anuncio de la Etapa 2 del Plan Hídrico, presentada en el mismo acto. Con financiamiento internacional del Fondo Kuwaití por 50 millones de dólares, equivalentes a unos 72.500 millones de pesos, se pondrán en marcha nuevas obras estratégicas como el Acueducto Parque San Martín, el Acueducto Secundario Oeste, nuevas cisternas y estaciones de bombeo, además de la repotenciación de instalaciones existentes. Son intervenciones pensadas para resolver problemas históricos de presión y calidad del agua, especialmente en los momentos de mayor demanda.
Aquí aparece otro dato político clave: el tipo de financiamiento. Mientras el gobierno de Milei recurre al endeudamiento para sostener un esquema financiero que no derrama en la economía real ni mejora la vida cotidiana, la Provincia accede a créditos orientados a infraestructura concreta. No es deuda para la especulación, es inversión para un servicio esencial. Esa diferencia explica mucho más que cualquier discurso ideológico sobre el rol del Estado.
Kicillof lo sintetizó con una definición que funciona como una toma de posición frente al modelo libertario: “En la Provincia entendemos que gobernar es trabajar para que la gente viva mejor y no para las corporaciones e intereses extranjeros”. La frase incomoda porque pone en palabras lo que el ajuste nacional intenta ocultar: cada decisión presupuestaria expresa una prioridad. Ajustar sobre el agua, la salud o la educación no es neutral, es elegir quién paga el costo del modelo.
Ningún plan hídrico está exento de dificultades ni puede prometer soluciones inmediatas a problemas acumulados durante décadas. La complejidad técnica, la magnitud de las obras y la escala urbana obligan a reconocer matices y tiempos. Pero asumir esa complejidad no debilita el proyecto, sino que lo vuelve más creíble. Lo que sí resulta insostenible es el discurso que propone la inacción como virtud y el abandono como política pública.
El Plan Hídrico del Gran La Plata expone, en definitiva, una disputa de fondo sobre el sentido de gobernar. Frente a un gobierno nacional que reduce al Estado a un estorbo y presenta la infraestructura como un gasto inútil, la Provincia de Buenos Aires muestra que la inversión pública sigue siendo una herramienta central para garantizar derechos básicos. El agua que llega con más presión, la planta que amplía la capacidad de potabilización, las cisternas que estabilizan el sistema no son abstracciones ideológicas: son políticas que se sienten todos los días.
En tiempos de Javier Milei, defender la obra pública y el acceso al agua potable se volvió casi un acto de resistencia. No por nostalgia estatista, sino por sentido común. Porque hay cosas que el mercado no va a resolver nunca y porque, al final del día, gobernar no es ajustar números en una planilla, sino garantizar condiciones mínimas para que la vida cotidiana sea un poco más digna.
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