Dólares en Puerto Madero: el escándalo ANDIS que exhibe la crueldad del ajuste y el negocio con la discapacidad. Un posteo viral de Jorge Rial puso el foco en fajos de dinero hallados en la casa de Ornella Calvete, y la causa judicial expone una trama de presuntas coimas, sobreprecios y direccionamiento de contratos en compras para personas con discapacidad desde diciembre de 2023.
La investigación que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad describe una presunta asociación ilícita con lobistas, funcionarios y vínculos políticos en el corazón del gobierno. Mientras familias buscan remedios, traslados y tratamientos, la Justicia halló casi 700 mil dólares en efectivo en un departamento de Puerto Madero y procesó a 19 acusados.
Hay posteos que no son solamente posteos: son una bofetada. El 9 de febrero de 2026, Jorge Rial publicó una imagen (o varias) de fajos de billetes en dólares y clavó una frase que, por brutal, duele dos veces. “Acá está la plata de los remedios, los tratamientos, los traslados y todo lo que necesitas vos o tu hijo discapacitado”, escribió, apuntando directo a una funcionaria de este gobierno: Ornella Calvete. La cifra que acompaña el golpe emocional no es menor: alrededor de 700 mil dólares. Y el remate, con ironía amarga, condensa el clima de época: “Y eso que era chisme de peluquería…”.
La escena es perfecta para la viralización, sí. Pero lo insoportable es que, detrás del impacto, hay una causa judicial que describe algo peor que un escándalo de redes: una presunta maquinaria para hacer negocios con lo que debería estar blindado por ética básica. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que debería ser sinónimo de cuidado, aparece en el expediente como el escenario de posibles coimas, sobreprecios en compras de medicamentos e insumos, y direccionamiento de contratos. Todo eso, además, con un detalle que atraviesa cualquier defensa comunicacional: se trata de fondos destinados a personas con discapacidad. No es una caja cualquiera. Es una de esas áreas donde, si alguien mete la mano, no roba “al Estado” en abstracto: le roba tiempo, salud y oportunidades a familias concretas.
Según lo descripto en la investigación, Ornella Calvete renunció en noviembre de 2025 tras estallar el escándalo. Su paso por el Estado no era marginal: se la presenta como exfuncionaria del Ministerio de Economía, en un cargo de Dirección Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial dentro de la Secretaría de Industria y Comercio, bajo la órbita de la gestión de Luis Caputo. Es decir: no hablamos de un satélite sin peso, sino de alguien que se movía cerca del corazón económico del oficialismo. Y ahí empieza la pregunta incómoda: ¿cómo se supone que una gestión que se autopresenta como “la que vino a terminar con la casta” convive con una trama donde la sospecha central es que se lucró con la discapacidad?
El expediente suma elementos materiales de esos que, aun en un país acostumbrado a la impunidad, retumban. En octubre de 2025, durante un allanamiento en el departamento de Calvete —Puerto Madero, piso 34— la Policía Federal secuestró 695.457 dólares en efectivo, casi 20 millones de pesos y 1.960 euros. También se mencionan relojes de lujo y otros ítems, como parte de lo incautado. No es un vuelto, no es un ahorro “casero” de supervivencia ni un sobre con un “préstamo familiar”: es una montaña de efectivo que, por volumen y contexto, exige explicaciones robustas. Y cuando el dato se cruza con el área investigada, el contraste se vuelve una postal moral: arriba, el lujo; abajo, la gente peregrinando por un turno, por una medicación, por un traslado.
El 9 de febrero de 2026, el juez federal Sebastián Casanello procesó a Ornella Calvete como partícipe necesaria en una presunta asociación ilícita. No fue la única: también procesó a su padre, Miguel Ángel Calvete, señalado como un lobista clave entre droguerías y ANDIS; a Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS y amigo de Javier Milei; y a otros involucrados hasta completar 19 procesados. La lista, tal como aparece en esta reconstrucción, muestra lo que muchas veces se intenta ocultar con slogans: cuando hay negocios turbios con el Estado, rara vez es un “lobo solitario”. Es red. Es conexión. Es gente que sabe a quién llamar.
La causa investiga figuras graves: defraudación a la administración pública, negociaciones incompatibles, incumplimiento de deberes de funcionario y asociación ilícita. Y ubica el desvío de fondos en compras para personas con discapacidad desde diciembre de 2023. El detalle temporal no es decorativo: coincide con el arranque del gobierno de Milei. La gran promesa era “barrer con la corrupción”, pero el expediente sugiere que, mientras se imponía un discurso de motosierra, se abrían márgenes para el negocio en áreas sensibles. Ese es el punto que vuelve el caso explosivo: no se trata solo de “corrupción”, sino de la combinación más tóxica posible entre ajuste y saqueo. Porque el ajuste, cuando cae sobre los de abajo, siempre viene con un relato de sacrificio, de “no hay plata”. Pero si aparecen fajos de dólares vinculados a compras esenciales, el relato se rompe y queda el hueso: no era austeridad, era redistribución al revés.
Calvete, por su parte, presentó en diciembre de 2025 un descargo pidiendo el sobreseimiento. Dijo tener “absoluta ajenidad” respecto de los hechos y sostuvo que el dinero no era suyo, sino de una empresa (INDECOMM S.R.L.) ligada a su padre, quien lo habría dejado en su casa antes de mudarse en marzo de 2025. Afirmó también que desconocía el monto exacto y el origen preciso. Es una defensa que, como mínimo, abre una zona de incertidumbre que solo puede resolverse en sede judicial: ¿cómo llega semejante cantidad de efectivo a un domicilio particular?, ¿por qué queda allí?, ¿qué justificación contable lo respalda?, ¿qué trazabilidad real tiene? En cualquier país, esas preguntas serían inevitables. En Argentina, además, son urgentes porque la experiencia demuestra que el “no era mío” suele ser el primer capítulo de una novela larga donde la verdad aparece tarde, si aparece.
El caso explotó, además, por audios atribuidos a Spagnuolo y por chats que mostrarían una red de contactos, seudónimos y supuestos sobornos. Se menciona incluso una “KM” que podría referir a Karina Milei, aunque, según esta misma reconstrucción, no está procesada. Esa referencia, por sí sola, funciona como gasolina política: sugiere cercanías, susurra nombres, instala la sospecha de que el esquema no era periférico sino con ramificaciones. El oficialismo, se indica, lo niega o minimiza; la oposición lo usa para atacar al gobierno. Pero más allá de la pelea de superficie, lo realmente determinante es otra cosa: el daño social de fondo. Porque cada día que una compra se infla, se direcciona o se frena por un retorno, hay alguien que espera una prótesis, alguien que deja de hacer un tratamiento, alguien que suspende un traslado. En discapacidad, la demora no es solo una demora: es deterioro.
Por eso el posteo de Rial pega donde pega. No solo por la foto de los dólares, sino porque activa una intuición popular: la motosierra no corta por igual. Se le exige heroicidad a las familias, se sermonea sobre “privilegios”, se recorta, se empuja a la intemperie, y mientras tanto la política real —la que se cocina en despachos y pasillos— deja abierta la puerta al negocio con los más vulnerables. El gobierno podrá insistir con su épica de “casta” contra “gente de bien”, pero un expediente con 19 procesados y un allanamiento con casi 700 mil dólares en efectivo no entra fácil en un eslogan. La realidad es una mala noticia para la propaganda: no se tapa con un tuit, ni con una entrevista amiga, ni con un grito en cadena nacional.
En última instancia, la causa ANDIS no es solo un caso judicial: es un espejo incómodo de un modelo. Un modelo que habla de eficiencia, pero que, cuando se mira de cerca, puede terminar pareciéndose demasiado a la vieja historia argentina: los que más necesitan el Estado reciben trámites, excusas y recortes; los que saben moverse, reciben ventanillas rápidas, contratos y, si la Justicia lo prueba, retornos. La investigación dirá responsabilidades y pruebas. Pero el escándalo, ya hoy, dice otra cosa: que cuando un gobierno hace del ajuste una religión, suele multiplicar la impunidad de quienes convierten lo público en botín. Y si el botín sale de la discapacidad, entonces la degradación no es solo política. Es moral.
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