Un procedimiento de “control poblacional” en San Telmo interrumpió la fila del comedor comunitario que funciona desde 2002 y dejó al descubierto el contraste entre los discursos oficiales y la realidad social que empuja a miles a depender de la solidaridad organizada. La irrupción de la Policía de la Ciudad en el comedor de la Asamblea de San Telmo no fue un hecho aislado ni un error administrativo: expuso una política de hostigamiento sobre los sectores más vulnerables en un contexto de ajuste, negación de la pobreza y expansión de la calle como destino forzado.
El viernes 6 de febrero, en la esquina de Chacabuco y México, la normalidad frágil de una fila para retirar un plato de comida se quebró. Desde temprano, dos consignas policiales permanecían en la zona, una escena ya habitual en el barrio. Pero cerca del mediodía la presencia se intensificó: varios móviles se apostaron frente al local del comedor comunitario que funciona ininterrumpidamente desde 2002 y, de pronto, alrededor de diez agentes cruzaron la calle para pedir documentos a quienes aguardaban su ración diaria. No eran transeúntes al azar; eran personas con hambre.
La intervención se presentó como un “control poblacional”. Así lo explicó el subcomisario Gustavo Denis, al ser interpelado por integrantes del espacio, que exigieron explicaciones por un accionar inédito en casi veinticuatro años de trabajo comunitario. La justificación aludía a denuncias delictivas en el barrio. La respuesta de quienes sostienen el comedor fue clara: desacuerdo total con una modalidad que irrumpe en la fila del hambre y amenaza con encender una chispa en un contexto social ya “candente”. Minutos después, los agentes se retiraron. La tensión, sin embargo, quedó flotando en el aire, pegada a los cuerpos y a la humillación reciente.
No fue un procedimiento neutral ni un control cualquiera. Fue un mensaje. En casi un cuarto de siglo, jamás había ocurrido algo semejante. Y esa excepcionalidad importa porque revela una decisión política: ir contra la población más humilde y vulnerable, justo cuando los relatos oficiales celebran una supuesta baja de la pobreza. El comedor, con su fila diaria, desmiente esa narrativa. La desmiente con nombres propios, con historias que no entran en planillas, con cuerpos que no pueden esperar.
Las personas que sostienen y transitan el comedor no son una estadística abstracta. Son familias que no logran cubrir la alimentación de sus hijos e hijas. Son adultos mayores que, además de un almuerzo, encuentran contención para atravesar la odisea cotidiana de conseguir medicamentos. Son personas con discapacidad que ven cómo sus derechos se licúan entre recortes y trámites imposibles. Son, también, personas en situación de calle, cada día más numerosas, en una ciudad que el censo popular ya describió con crudeza: más de doce mil personas viven hoy a la intemperie. Todas ellas componen el universo que asiste el comedor de la Asamblea, que alimenta a más de 450 beneficiarios diarios.
Frente a esa realidad, la escena de agentes pidiendo DNI en una fila de comida no puede leerse como un hecho aislado. Es la traducción práctica de una lógica que criminaliza la pobreza y desplaza el foco: en lugar de garantizar derechos, se controla a quienes los reclaman con el cuerpo. En lugar de políticas de cuidado, procedimientos de identificación. En lugar de respuestas al hambre, patrulleros.
El contraste es brutal cuando se lo coloca en el marco de las afirmaciones gubernamentales. Si la pobreza hubiera disminuido como se sostiene desde el poder, la fila no crecería. Si el ajuste no mordiera cada día un poco más, el comedor no sería indispensable. Pero lo es. Y por eso molesta. Porque expone la grieta entre el discurso y la calle. Porque deja al desnudo que la celebración estadística no se corresponde con la mesa familiar ni con la heladera vacía.
La responsabilidad política de este clima no se diluye en una comisaría ni en un funcionario de turno. Se inscribe en un rumbo que emana del Gobierno de Javier Milei y que encuentra eco en prácticas locales de Jorge Macri. La referencia al gobierno anterior tampoco es casual: la denuncia señala una continuidad en la construcción de relatos que prometen mejoras mientras las redes comunitarias se ven obligadas a multiplicar esfuerzos para contener lo que el Estado retira. El comedor no solo da de comer; acompaña, escucha, sostiene. Hace lo que la política pública abandona.
Foto: MagaPaula
La presencia policial estuvo a cargo de agentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, específicamente de la Comisaría Vecinal 1-F. Nombrar a la institución no busca personalizar responsabilidades menores, sino ubicar el hecho en una cadena de decisiones. Cuando la fuerza del Estado se convierte en verdugo simbólico de quienes esperan un plato de comida, el problema deja de ser operativo y se vuelve ético y político.
La reacción del comedor fue inmediata y organizada. No desde la violencia, sino desde la palabra y la historia. “En casi 24 años es la primera vez”, subrayaron. Esa memoria no es un dato menor: habla de un tejido social que resistió crisis, cambios de gobierno y emergencias sin recurrir a la intimidación. Habla de un pacto tácito con el barrio, de un reconocimiento construido a lo largo del tiempo. Romperlo de manera abrupta es, también, una forma de disciplinamiento.
El episodio dejó una marca. No solo por el mal momento vivido, palpable entre quienes estaban en la fila, sino porque instala el miedo como variable. ¿Volverán? ¿Se repetirá el control? ¿Habrá consecuencias por haber alzado la voz? En contextos de necesidad extrema, esas preguntas pesan. Y pesan más cuando el Estado aparece no como garante sino como amenaza.
La denuncia cierra con una consigna que condensa una tradición de lucha: ante el atropello de las fuerzas del Estado, organización y lucha. No es una frase declamada al pasar; es una síntesis de experiencia. La Asambleas del Pueblo nacieron de crisis profundas y se sostienen porque la realidad las convoca una y otra vez. El comedor de San Telmo es parte de esa historia. Una historia que hoy vuelve a ser interpelada por un modelo que, mientras ajusta, niega.
Lo ocurrido el viernes no fue un exceso aislado ni un malentendido administrativo. Fue la expresión concreta de una política que prefiere controlar antes que cuidar, señalar antes que asistir, negar antes que escuchar. Y frente a esa elección, la respuesta que emerge desde abajo vuelve a ser la misma: sostener el plato, la dignidad y la organización como forma de defensa colectiva. Porque cuando el hambre es tratada como sospecha, la solidaridad se vuelve, una vez más, un acto profundamente político.
Fuente:
Comunicado Asamblea de San Telmo – Asambleas del Pueblo (Adhesiones: asambleaspueblo@yahoo.com.ar)
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