Mientras impulsa una reforma laboral que precariza el trabajo docente, el Gobierno elimina el piso del 6% del PBI en educación y desfinancia áreas estratégicas como la Educación Técnico Profesional. El rechazo de los docentes de escuelas técnicas a la reforma laboral y la eliminación del financiamiento mínimo educativo exponen una misma lógica de ajuste: menos derechos laborales y menos inversión estatal, con consecuencias directas sobre la calidad educativa y el desarrollo productivo del país.
El rechazo categórico de los docentes de escuelas técnicas bonaerenses a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei no es un hecho aislado ni una reacción corporativa. Es la expresión concreta de un conflicto más profundo que atraviesa hoy al sistema educativo argentino: la convergencia entre la precarización del trabajo y el desfinanciamiento deliberado de la educación pública. Dos decisiones políticas que avanzan en paralelo y que, lejos de ser técnicas o inevitables, responden a una concepción ideológica que concibe a la educación como un gasto a reducir y al trabajo como una variable de ajuste.
Desde la AMET Provincia de Buenos Aires, el gremio que nuclea a los docentes de Educación Técnico Profesional, el mensaje fue directo y sin eufemismos. La reforma laboral representa, según señalaron, un retroceso en derechos históricos y un ataque frontal a las condiciones laborales de quienes sostienen cotidianamente las escuelas técnicas. No se trata de una discusión abstracta ni de un debate jurídico distante: lo que está en juego impacta de manera inmediata en la estabilidad de los cargos, en los salarios, en el derecho a organizarse sindicalmente y en la posibilidad misma de garantizar una educación pública de calidad.
La reforma que impulsa el Ejecutivo avanza sobre pilares fundamentales del derecho del trabajo. Flexibiliza las condiciones de contratación, relativiza derechos adquiridos, reduce indemnizaciones y sanciones a los empleadores y pone bajo sospecha el derecho a huelga y la organización sindical. Bajo el discurso de la “modernización” y la “libertad”, el ajuste se traslada sin anestesia a quienes viven de su trabajo. Para la docencia técnica, esto se traduce en mayor inestabilidad, pérdida de derechos asociados a la antigüedad, debilitamiento de licencias y una sobrecarga laboral que erosiona las condiciones de enseñanza y aprendizaje.
En el caso de la Educación Técnico Profesional, el impacto es todavía más profundo. La formación técnica no admite improvisaciones ni esquemas laborales precarios. Requiere continuidad pedagógica, equipos docentes estables, inversión sostenida en infraestructura y talleres, y planificación a largo plazo. Un régimen laboral flexibilizado atenta directamente contra la calidad educativa y contra el rol estratégico que la educación técnica cumple en el desarrollo productivo y social del país. Sin docentes con derechos, no hay técnicos calificados; sin técnicos formados, no hay industria ni desarrollo posible.
Este ataque al trabajo docente se ve reforzado por otra decisión clave del gobierno nacional: la eliminación del piso del 6% del PBI destinado a educación. Con la aprobación del Presupuesto 2026, el Ejecutivo derogó el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional que establecía un mínimo de inversión educativa. A partir de ahora, ya no existen garantías legales de financiamiento, y el propio presupuesto proyecta una inversión inferior en casi 0,7 puntos del PBI. La medida no sólo desfinancia al sistema educativo en su conjunto, sino que además elimina el Fondo Nacional para Escuelas Técnicas, un instrumento central para sostener talleres, equipamiento y formación específica.
La discusión sobre el financiamiento educativo fue abordada desde dos miradas distintas, pero no equivalentes. El ex ministro de Educación Alberto Sileoni, quien condujo la cartera durante los años en que se alcanzó el piso del 6% del PBI, fue contundente: con menos inversión, la educación inevitablemente empeora. Recordó que entre 2006 y 2015 el aumento del presupuesto educativo tuvo consecuencias concretas y medibles: mejora de salarios docentes, creación de 17 universidades nacionales en distintas provincias, distribución masiva de libros y la entrega de millones de netbooks a través del programa Conectar Igualdad. No idealizó aquel período y reconoció deudas pendientes en materia de resultados de aprendizaje, pero dejó en claro que sin recursos no hay política educativa posible.
Sileoni también puso el foco en una realidad estructural que el gobierno actual parece ignorar deliberadamente. Las provincias destinan más del 95% de sus presupuestos educativos al pago de salarios docentes. Sin el auxilio del Estado nacional, no tienen margen para construir escuelas, mejorar infraestructura, capacitar docentes o equipar talleres. En un contexto de creciente pobreza y desigualdad, pretender que las familias sostengan por sí mismas la educación gratuita de sus hijos es una ficción peligrosa. La pregunta que plantea el ex ministro es tan simple como incómoda: ¿alguien puede sostener seriamente que destinando menos recursos la educación va a mejorar?
Desde otra perspectiva, la economista Virginia Giordano planteó que el problema no pasa exclusivamente por cuánto dinero se destina, sino por cómo se utiliza. Es una discusión válida y necesaria, pero incompleta cuando se la utiliza para justificar el recorte. Invertir mejor es una obligación del Estado, pero invertir menos en un sistema ya tensionado por la desigualdad social y el empobrecimiento de las provincias es una receta segura para el deterioro. La eficiencia no reemplaza a la inversión: la complementa.
Lo que emerge con claridad al analizar ambas decisiones —la reforma laboral y la eliminación del piso de inversión educativa— es una misma lógica de fondo. El gobierno de Milei concibe al Estado como un problema y a los derechos como obstáculos. En ese esquema, la docencia deja de ser un trabajo con derechos para convertirse en un servicio precarizado, y la educación pública pierde su carácter de política estratégica para transformarse en una variable de ajuste fiscal. No es modernización: es ajuste. No es libertad: es desigualdad. No es progreso: es pérdida de derechos.
La reacción de los docentes de escuelas técnicas no es sólo una defensa sectorial. Es una advertencia sobre el futuro. Sin estabilidad laboral, sin inversión sostenida y sin un Estado que asuma su responsabilidad, la Educación Técnico Profesional queda a merced del mercado y del corto plazo. Y con ella, se compromete la formación de generaciones enteras y la capacidad del país de pensar un desarrollo propio.
En este contexto, la consigna que levantan desde AMET resume el núcleo del conflicto: no hay educación pública de calidad sin trabajo docente con derechos. Cada derecho conquistado —la estabilidad, la carrera docente, la negociación colectiva, las licencias, la organización sindical— es el resultado de años de lucha colectiva. Desmantelarlos en nombre de una supuesta modernización no sólo empobrece a quienes enseñan, sino también a quienes aprenden y, en última instancia, a toda la sociedad.
La discusión que hoy se da no condiciona únicamente el presente de la docencia técnica. Define el modelo de país que se está construyendo. Un país que precariza el trabajo y desfinancia la educación renuncia, de hecho, a cualquier proyecto de desarrollo inclusivo. Por eso el rechazo no se agota en una declaración gremial: es un llamado a informarse, debatir y movilizarse. Porque lo que hoy se discute en el Congreso y en el presupuesto se juega, mañana, en cada aula y en cada taller de las escuelas técnicas argentinas.
Fuente:
https://www.infogremiales.com.ar/docentes-de-escuelas-tecnicas-rechazaron-la-reforma-laboral-recorta-derechos-precariza-el-trabajo-y-pone-en-riesgo-a-la-educacion-tecnico-profesional/
https://elauditor.info/actualidad/se-elimino-el-piso-del-6–del-pbi-en-educacion–dos-miradas-sobre-una-misma-problematica_a69723a9d0e48856db2378401
Deja una respuesta