Un soldado de 25 años fue hallado sin vida en Tartagal. Tenía esposa e hija. Mientras las causas siguen sin esclarecerse, la seguidilla de muertes dentro de las fuerzas armadas expone una trama de abandono, opacidad y responsabilidad política.
Bajada: La muerte de un joven integrante del Regimiento de Infantería de Monte 28 en Salta vuelve a encender las alarmas por la situación interna en las Fuerzas Armadas. Ya son al menos cinco los fallecimientos en apenas dos meses. Familias que esperan respuestas, investigaciones que avanzan a cuentagotas y un gobierno que mira para otro lado.
La preocupación por los fallecimientos prematuros de jóvenes soldados en el Ejército Argentino volvió a activarse con fuerza este viernes tras confirmarse una nueva muerte en la ciudad salteña de Tartagal. El joven, de apenas 25 años, pertenecía al Regimiento de Infantería de Monte 28. Tenía una esposa y una hija pequeña. Su muerte no solo enluta a una familia: vuelve a desnudar un problema estructural que el Estado se resiste a mirar de frente.
El soldado no se presentó a trabajar, algo que —según relataron sus compañeros— no era habitual. Tampoco dio aviso ni dejó señales. Esa ausencia encendió las alarmas. Cuando otros efectivos se dirigieron a su domicilio, se encontraron con el peor escenario: el joven estaba muerto. A partir de allí, el protocolo fue el de siempre. Policía provincial, consigna, intervención federal. Mucho procedimiento, pocas respuestas.
La investigación quedó en manos del fiscal penal Gonzalo Vega, con intervención del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Hasta el momento, no se informó oficialmente si hubo signos de violencia ni cuál fue la causa del fallecimiento. Todo queda, una vez más, bajo la cómoda etiqueta de “averiguación de causales de muerte”. Una fórmula judicial que se repite y que, en la práctica, suele diluir responsabilidades.
El padre del soldado fue quien recibió la primera notificación. Declaró que desconocía qué pudo haber ocurrido y remarcó que su hijo llevaba años en la institución, con intención de continuar su carrera militar. Allegados lo describieron como un joven respetuoso, muy vinculado a su familia, que había ingresado al Ejército siendo apenas un adolescente. No encaja fácilmente en el relato rápido y tranquilizador del “caso aislado”.
Su esposa y su hija no se encontraban en la ciudad en los últimos meses y regresaron a Tartagal tras enterarse de la tragedia. A ellas —como a tantas otras familias— el Estado les debe algo básico: la verdad.
Esta muerte no ocurre en el vacío. Se suma a una cadena inquietante de fallecimientos recientes dentro de las fuerzas. Hace apenas días, un soldado del Centro Recreativo del Ejército “Héroes de Malvinas” fue hallado sin vida en Quilmes. Antes, el 16 de diciembre, el efectivo Rodrigo Andrés Gómez murió mientras cumplía tareas de seguridad en la Residencia Presidencial de Olivos, en un caso que quedó bajo la órbita de la Justicia Federal y sobre el cual se impuso un férreo cerrojo informativo.
El mismo mes, en Santiago del Estero, el gendarme Diego Matías Kalilec, de 21 años, fue encontrado ahorcado en la vivienda que alquilaba. Un día después, en Corrientes, el suboficial principal Juan Pereira apareció muerto en el cuartel de la Guarnición de Ejército Monte Caseros, tras 28 años de servicio. Y el 19 de diciembre, en Mendoza, Facundo Gabriel Lima, soldado voluntario del Liceo Militar General Espejo, murió tras dispararse con un arma.
Cinco muertes. Dos meses. Distintos puntos del país. Diferentes rangos. La coincidencia temporal ya no permite hablar livianamente de hechos inconexos.
Frente a este escenario, la respuesta política aparece, otra vez, tardía y defensiva. Según se informó, el ministro de Defensa Carlos Presti impulsó un convenio con el Ministerio de Salud para abordar problemáticas de salud mental dentro de las Fuerzas Armadas. Se distribuyó material audiovisual y se habló de “herramient’s de detección temprana”. Suena bien en los comunicados. Suena hueco cuando los muertos se acumulan.
Porque el problema no es solo clínico. Es institucional, laboral y político. Jóvenes con salarios bajos, condiciones de vida precarias, exigencias extremas y contención casi nula. Todo enmarcado en un gobierno que pregona ajuste, recorte y deshumanización, incluso dentro de las propias fuerzas que dice reivindicar.
Bajo la administración de Javier Milei, el discurso de orden y autoridad convive con una peligrosa indiferencia hacia la vida concreta de quienes visten uniforme. No hay conferencias de prensa, no hay explicaciones públicas, no hay autocrítica. Solo expedientes, silencios y familias rotas.
Mientras tanto, las investigaciones avanzan lentamente, las causas se fragmentan y la pregunta de fondo queda sin responder: ¿qué está pasando puertas adentro del Ejército Argentino? La sucesión de muertes ya no admite parches ni spots institucionales. Exige una revisión profunda, transparente y urgente. Porque cada día que pasa sin respuestas, el mensaje es claro y brutal: la vida de estos jóvenes vale poco. Y el silencio oficial, demasiado.
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