La unificación del control del gas y la electricidad bajo el ENRGE quedó envuelta en un proceso opaco, discrecional y acelerado, donde la promesa de mérito y profesionalismo fue reemplazada por afinidades políticas y lealtades internas al gobierno de Javier Milei.
Un concurso sin concurso, ternas sin explicación y un Congreso convertido en escribanía pasiva completan un cuadro que vuelve a poner en discusión la independencia real de los organismos que deben controlar servicios públicos esenciales.
La creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) fue presentada por el gobierno de Javier Milei como un paso hacia la modernización institucional, la eficiencia administrativa y la racionalización del Estado. Bajo el paraguas de la Ley de Bases, la unificación del ENRE y el ENARGAS se vendió como una cirugía necesaria sobre un sistema regulatorio fragmentado, lento y supuestamente capturado por inercias del pasado. Sin embargo, cuando se corre el telón y se observa con detenimiento el proceso de selección de sus autoridades, lo que aparece no es un salto de calidad institucional sino una olla destapada que huele a discrecionalidad, apuro y colonización política.
El concurso para elegir a los cinco directores del flamante ente arrancó formalmente en 2025 con un discurso grandilocuente sobre la transparencia y el mérito. Pero ya desde su diseño inicial mostró una primera anomalía difícil de justificar: no se trató de un concurso público abierto, tal como establecen los marcos regulatorios históricos del sector energético. Aquellos marcos, sancionados en los años noventa y tantas veces invocados por el propio ideario liberal, preveían convocatorias abiertas, publicación en medios masivos, comités independientes y mecanismos de impugnación. Nada de eso ocurrió. En su lugar, la Secretaría de Energía montó un proceso cerrado, de baja visibilidad pública y con reglas difusas.
El corazón de ese proceso fue un Comité de Selección armado a medida de la actual gestión. Lo integraron Osvaldo Ernesto Rolando, de extensa trayectoria en Edesur y ex interventor del ENRE bajo el gobierno libertario; Santiago Urbiztondo, economista vinculado a FIEL, uno de los think tanks de referencia del oficialismo; y María Luján Crespo, asesora directa de la Secretaría de Energía. No hubo especialistas independientes, ni representantes académicos externos, ni voces ajenas al universo ideológico del gobierno. Desde el inicio, la cancha estuvo inclinada.
Ese comité recibió 31 postulaciones para los cargos de presidente, vicepresidente y tres vocalías. Cinco aspirantes quedaron afuera por no presentarse a la entrevista personal, una instancia que, según el propio informe del comité, tuvo un peso decisivo pero jamás explicitado en términos de puntuación o criterios objetivos. La escena roza lo absurdo cuando se repasa el caso de Vicente Serra, quien terminó siendo elegido como vicepresidente: tuvo que enviar una nota quejándose de que se enteraba por los medios de que las entrevistas ya estaban en marcha porque, sencillamente, no lo habían convocado. Recién después de ese reclamo fue entrevistado. Y, paradójicamente, terminó en el podio.
El informe elevado a la secretaria de Energía detalla criterios generales como experiencia, antecedentes académicos y desempeño en la entrevista, donde se evaluaron aspectos tan subjetivos como personalidad, liderazgo, entusiasmo o nerviosismo. Nada se dice de cómo se midió cada variable, ni qué peso tuvo cada una, ni por qué determinados perfiles resultaron más adecuados que otros. Con ese material opaco, el comité armó una nómina de quince nombres, tres por cada cargo, ordenados alfabéticamente y sin fundamentación individual.
Hasta ahí, el proceso ya estaba lejos de cualquier estándar serio de selección técnica. Pero lo más grave ocurrió después. El 12 de enero de 2026, la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, recibió el informe y ese mismo día, sin dejar constancia de análisis adicional alguno, sin dictamen técnico propio y sin explicación pública, eligió a los cinco directores definitivos. El dedazo fue instantáneo. Presidente, vicepresidente y vocales quedaron definidos en cuestión de horas para ejercer mandatos de cinco años en un organismo clave para el control de tarifas, concesiones y calidad de servicios.
Los elegidos no fueron una sorpresa. Néstor Marcelo Lamboglia fue designado presidente; Vicente Serra, vicepresidente; y los vocales resultaron ser Marcelo Nachón, Griselda Lambertini y Sergio Falzone. Todos, sin excepción, son funcionarios actuales, asesores del gobierno o personas directamente integradas al esquema libertario de gestión energética. La supuesta competencia abierta terminó funcionando como una pantalla para legitimar una decisión política previamente tomada: copar el nuevo ente con gente propia.
El caso de Lamboglia es ilustrativo. Actual interventor del ENRE e integrante del grupo de asesores de la Secretaría de Energía, su designación lo convierte en el hombre de confianza del Ejecutivo dentro del ENRGE. No sólo eso: su trayectoria reciente ya había quedado envuelta en polémica cuando asumió en el ENRE bajo una figura “ad honorem” que, en los hechos, le permitió no perder un contrato en el ENARGAS, organismo en el que nunca trabajó y que ni siquiera figuraba en su currículum. Antes había sido asesor jurídico argentino en Yacyretá. La independencia regulatoria, en este contexto, parece más un slogan que una práctica real.
Vicente Serra, por su parte, llega a la vicepresidencia tras un recorrido que combina sector público, consultorías privadas y un rol reciente como asesor del presidente de ENARSA, Tristán Socas, quien impulsa el desguace y la venta de activos de la empresa estatal. Su perfil técnico no borra el dato político: es otro hombre integrado al engranaje de la actual gestión, con vínculos aceitados y una clara alineación con la orientación del gobierno.
Entre los vocales, Marcelo Nachón y Griselda Lambertini aparecen como perfiles técnicos con pasado en el ENARGAS y experiencia regulatoria. Pero también figuran como integrantes del consejo asesor del propio ente intervenido y con contratos vigentes o recientes. La frontera entre regulador y regulado, entre control y continuidad administrativa, se vuelve peligrosamente difusa.
El nombre que completa el cuadro y condensa todas las contradicciones es el de Sergio Falzone. Asesor de la Secretaría de Energía y con antecedentes en empresas del sector eléctrico, Falzone había sido rechazado meses atrás por la Jefatura de Gabinete cuando se intentó designarlo como vicepresidente de CAMMESA por falta de idoneidad. En un giro difícil de explicar, ese mismo antecedente dejó de ser un problema para ocupar una vocalía en el ente que debe controlar el corazón del sistema energético argentino. Incluso fue designado y removido como subsecretario de Energía Eléctrica en un mismo decreto, en un episodio que rozó el papelón administrativo.
Con los nombres definidos, el Ejecutivo envió los pliegos al Congreso. Pero aquí aparece otra zona gris del proceso. La normativa establece que una Comisión Bicameral debe expedirse en un plazo de 30 días. Si no lo hace, las designaciones quedan automáticamente aprobadas. En pleno receso parlamentario y con sesiones extraordinarias concentradas en la reforma laboral, todo indica que el oficialismo apuesta al silencio legislativo como vía rápida para consolidar el directorio sin debate ni exposición pública.
La ausencia de Carlos Casares, interventor del ENARGAS y figura con trayectoria reconocida, terminó de confirmar que el concurso no buscaba al mejor perfil técnico sino al más funcional políticamente. El propio Casares habría presentado su renuncia tras quedar afuera, firmando antes el pase a planta del personal contratado, en un gesto que muchos leyeron como despedida forzada.
El gobierno de Javier Milei insiste en que el proceso fue legal, ajustado a los decretos vigentes y respaldado por resoluciones administrativas. Y probablemente lo sea en términos formales. Pero la legalidad mínima no alcanza cuando se trata de organismos que deben regular servicios públicos esenciales en un contexto de tarifazos, desregulación y transferencia de recursos hacia empresas privadas. La legitimidad institucional no se construye sólo con decretos, sino con transparencia real, reglas claras y autonomía frente al poder político.
La olla quedó destapada. Lo que aparece no es un escándalo aislado, sino una forma de gobernar. Un Estado que se achica para la sociedad pero se cierra sobre sí mismo, que predica libertad de mercado mientras captura los organismos de control, y que convierte concursos en simulacros. El ENRGE nace así, marcado por un pecado original que condicionará su credibilidad desde el primer día.
Fuente:
https://postenergetico.com.ar/exclusivo-como-fue-el-polemico-proceso-para-la-eleccion-a-dedo-de-los-directores-del-ente-unificado-de-gas-y-electricidad/
https://www.energiaynegocios.com.ar/el-gobierno-envio-al-senado-las-designaciones-del-nuevo-ente-regulador-energetico/
https://econojournal.com.ar/2026/01/quienes-son-los-cinco-candidatos-que-impulsa-el-gobierno-para-asumir-la-conduccion-del-nuevo-ente-regulador/
Deja una respuesta