La causa $LIBRA y el conflicto que la Justicia no quiere ver. Cómo el fiscal Taiano congeló la investigación del mayor escándalo cripto mientras su hijo pasó a trabajar para uno de los actores clave del entramado
La investigación por la estafa del token $LIBRA permanece virtualmente paralizada en Comodoro Py. No es un accidente ni una casualidad administrativa. La llegada del hijo del fiscal Eduardo Taiano a la consultora de Frank Holder, exagente de la CIA y figura central del ecosistema que rodeó el fraude, expone un conflicto de intereses de una gravedad institucional inédita. En un país gobernado por Javier Milei, donde el Estado se retira para proteger negocios privados, la Justicia parece acompañar el mismo rumbo.
La causa $LIBRA se convirtió en un espejo incómodo del funcionamiento real del poder en la Argentina del gobierno de Javier Milei. Lo que debería ser una investigación judicial prioritaria, por el volumen del fraude, la cantidad de damnificados y la dimensión internacional del escándalo, permanece empantanada en los tribunales federales. El expediente no avanza, las medidas de prueba se dilatan y el silencio oficial se vuelve atronador. En ese clima espeso, una revelación periodística terminó de desnudar lo que hasta hace poco se insinuaba en voz baja: el hijo del fiscal a cargo de la causa pasó a trabajar para uno de los hombres que orbitan en el núcleo mismo del universo $LIBRA.
El fiscal Eduardo Taiano, responsable de impulsar la investigación, mantiene el expediente prácticamente inmóvil mientras su hijo, Federico Nicolás Taiano, se incorporó como “Expert Consultant” a Holder Partners LLC, la empresa dirigida por Frank Holder. No se trata de una coincidencia menor ni de un detalle administrativo. Es un cruce de intereses tan evidente que en cualquier sistema judicial mínimamente serio habría forzado, como mínimo, la excusación inmediata del fiscal.
La causa $LIBRA no es una investigación cualquiera. Se trata de una estafa cripto de proporciones históricas, impulsada en febrero de 2025 desde el corazón del poder libertario y promocionada por el propio presidente. Miles de ahorristas quedaron atrapados en un esquema financiero opaco, sostenido por billeteras digitales, contratos poco claros y una red de operadores que combina política, tecnología, inteligencia privada y negocios aeronáuticos. Mientras en Estados Unidos la justicia avanzó con velocidad, en la Argentina el expediente quedó virtualmente congelado.
El dato que explica ese parate apareció cuando se supo que Federico Taiano, hasta mediados de 2025 funcionario del gobierno de Milei en la llamada Unidad de Bienes Decomisados, abandonó su cargo y pasó sin escalas a trabajar para Holder Partners LLC. La pregunta es inevitable y brutal: ¿cómo puede un fiscal investigar con independencia una trama en la que uno de los actores centrales emplea a su propio hijo?
Para dimensionar la gravedad del asunto hay que entender quién es Frank Holder y por qué su nombre aparece una y otra vez en el trasfondo del escándalo. Holder construyó su carrera en los márgenes del poder formal. Durante décadas se movió entre la inteligencia estadounidense, la consultoría corporativa y las investigaciones privadas de alto riesgo. Exagente de la CIA —condición que nunca confirma de manera abierta, pero que múltiples fuentes periodísticas dan por sentada—, se especializó en due diligence, auditorías forenses y operaciones sensibles para empresas y estados.
Desde los años noventa, Holder mantuvo una relación fluida con la Argentina. Pasó por consultoras como Kroll y FTI, vendió su firma a FTI Consulting en una operación que lo consolidó como actor global y tejió una red de vínculos con empresarios locales, exfuncionarios y operadores de inteligencia. En ese recorrido aparecen nombres pesados del poder económico y político, y también figuras del subsuelo estatal, donde se cruzan negocios, espionaje y lobby internacional.
Ese entramado se volvió visible cuando Holder participó del IEFA Latam Forum 2025, un evento donde confluyeron varios de los protagonistas del universo que dio origen al token $LIBRA. Allí presentó a Demian Reidel, jefe de asesores de Milei y figura clave del Tech Forum donde se gestó el proyecto cripto. La escena, que incluyó gestos de poder explícitos y un clima de impunidad casi obsceno, terminó de exponer la cercanía entre el mundo libertario y los operadores que hoy aparecen bajo sospecha judicial.
Pero Holder no operaba solo. En su órbita aparece otro nombre decisivo: Leonardo Scatturice, exagente de inteligencia devenido empresario aeronáutico y proveedor del Estado. Scatturice fue quien puso a disposición vuelos privados utilizados por Hayden Davis, uno de los impulsores del token $LIBRA, durante sus movimientos por la Argentina. Aviones privados, empresas offshore, contratos estatales millonarios y vínculos con la derecha estadounidense forman parte del mismo ecosistema.
La relación entre Holder y Scatturice fue reconocida por el propio exagente de la CIA, que habló de subcontrataciones y colaboraciones puntuales. Sin embargo, en el mundo de la inteligencia privada, esas precisiones formales no diluyen la existencia de una red. Y es en el centro de esa red donde hoy aparece trabajando el hijo del fiscal que debería investigar el fraude.
Mientras la causa argentina se estanca, en Estados Unidos el caso avanzó con medidas concretas. Una billetera digital identificada como “Milei”, vinculada por el propio Davis a fondos provenientes de la Argentina, movió más de nueve millones de dólares hacia cuentas difíciles de rastrear pocas horas antes de una audiencia clave. La maniobra fue interpretada como un intento de ocultar activos y borrar huellas. Del lado argentino, el fiscal Taiano no pidió congelamientos, no impulsó medidas urgentes ni mostró interés en seguir el rastro del dinero.
En paralelo, Davis intentó despegar políticamente a Milei mediante la creación exprés de un fideicomiso llamado The Libra Trust, presentado como un supuesto programa de ayuda a pymes argentinas. La iniciativa, plagada de vacíos legales y opacidad, apareció justo antes de una audiencia judicial en Nueva York. Otra jugada desesperada en una causa que suma capítulos turbios, mientras en Comodoro Py reina la parsimonia.
La pasividad judicial obligó a la Comisión Investigadora del Congreso a recurrir a la Corte Suprema, denunciando el freno sistemático de la causa. También se anunciaron denuncias por mal desempeño contra el fiscal Taiano y el juez interviniente, por negarse a utilizar herramientas básicas como la citación compulsiva de testigos clave. Entre ellos, figuras centrales del entorno presidencial. La Cámara Federal, lejos de corregir el rumbo, avaló esa inacción.
Todo converge en un punto incómodo: la falta de avances no se explica por falta de pruebas, sino por incompatibilidades estructurales. El fiscal que debería empujar la investigación tiene a su hijo trabajando para una consultora directamente vinculada al entramado que rodea la estafa. No se trata de una sospecha abstracta, sino de un hecho concreto, documentado y público.
En cualquier democracia con estándares mínimos de ética institucional, esta situación habría derivado en una separación inmediata del fiscal del caso. En la Argentina de Milei, en cambio, el silencio es la respuesta dominante. El Gobierno no explica, la Oficina Anticorrupción mira para otro lado y la Justicia se repliega, como si el conflicto de intereses fuera un detalle menor.
La causa $LIBRA desnuda algo más profundo que un fraude financiero. Expone una forma de ejercer el poder donde el Estado se retira para proteger negocios privados, donde los vínculos personales pesan más que la ley y donde la independencia judicial se vuelve una consigna vacía. Mientras en Estados Unidos la justicia avanza con herramientas como la ley RICO, en la Argentina el expediente duerme.
La pregunta ya no es si hay conflicto de intereses. La pregunta es cuánto tiempo más se va a tolerar que un fiscal atado por los vínculos de su propio hijo siga al frente de una investigación que compromete al Presidente y a su entorno. La respuesta, por ahora, parece escrita de antemano: la causa no avanza porque no quieren que avance. Y el caso $LIBRA se transforma así en el símbolo más crudo de una Justicia subordinada al poder político y económico del mileísmo.
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