Dos decretos publicados hoy exponen, sin maquillaje y con frialdad quirúrgica, cuáles son las prioridades reales del gobierno nacional. Mientras la jubilación mínima apenas resiste con un bono congelado desde marzo de 2024, la Secretaría de Inteligencia recibe una ampliación presupuestaria multimillonaria. El resultado es brutal: cada jubilado pierde más de $107.000 mensuales, mientras la SIDE suma recursos por $26.118 millones.
El Gobierno lo volvió a hacer. Sin conferencias, sin explicaciones públicas, sin un solo dato que justifique por qué la caja del Estado siempre parece estar disponible para unos pocos y nunca para quienes cargan la historia del país en la espalda. Hoy se publicaron los decretos 848/2025 y 849/2025, y juntos funcionan como una radiografía perfecta del rumbo político y económico del oficialismo. De un lado, ajuste feroz y silencioso sobre los jubilados. Del otro, una transferencia monumental a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la estructura más opaca del organigrama estatal.
El Decreto 848/2025 mantiene congelado en $70.000 el bono para quienes cobran la mínima. Ese mismo monto se paga desde marzo de 2024, a pesar de que la inflación acumulada pulverizó cualquier ingreso fijo. La placa elaborada por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que dirige el economista Hernán Letcher, expone la dimensión del recorte: mientras la jubilación mínima sin bono pasa de $134.467 (marzo 2024) a $340.886 (diciembre 2025), es decir, un aumento del 154%, el bono se mantiene clavado en cero de recomposición. Congelado. Intacto. Como si la inflación, la canasta básica y el costo de vida fueran fenómenos imaginarios.
Si el bono hubiera acompañado la evolución del haber, en diciembre de este año debería ubicarse en $177.485. Ese sería el valor real equivalente. Pero el Gobierno decidió lo contrario: sostenerlo en los mismos $70.000 de hace casi dos años. Cada jubilado que cobra la mínima pierde entonces $107.485 por mes. No es una diferencia contable: es el equivalente a casi medio alquiler, a dos semanas de compras básicas, a los medicamentos que muchos ya no pueden pagar. Es el Estado retirando la mano en el mismo momento en que la vulnerabilidad se multiplica.
Y mientras se ajusta en el sector más golpeado del país, otro decreto —el 849/2025— hace exactamente lo opuesto con una de las áreas más sensibles del Estado: la SIDE. La ampliación presupuestaria para 2025 asciende a la cifra exacta de $26.118 millones. No se trata de un redondeo ni de un refuerzo marginal: la planilla oficial muestra gastos que incluyen $160 millones en “servicios comerciales y financieros”, $620 millones en “pasajes y viáticos”, $47 millones en “impuestos y tasas”, $2.865 millones en “gastos de capital” y una batería adicional de rubros tan imprecisos como habituales en la lógica del gasto reservado.
La desproporción es evidente. El Estado nacional decide retacear $107.000 por mes a cada jubilado, pero asigna más de 26 mil millones a un organismo cuyo funcionamiento, destino de fondos y mecanismos de control están entre los más opacos del sistema institucional argentino. En un país donde se recortan universidades, laboratorios, programas alimentarios y jubilaciones, que la SIDE reciba semejante refuerzo presupuestario solo puede leerse como una definición política. Una apuesta. Una prioridad.
Hernán Letcher, magíster en Economía Política y director del CEPA, sintetizó el contraste en su posteo: mientras el bono de los jubilados está congelado, la SIDE recibe una expansión multimillonaria. Ajuste a los adultos mayores, refuerzo a los servicios de inteligencia. Un Estado que retira presencia de donde más se la necesita y la incrementa en donde menos rendición de cuentas existe.
Pero más allá de la comparación, el efecto real sobre la vida cotidiana es devastador. La jubilación mínima con bono pasaría de $204.467 (marzo 2024) a $410.886 en diciembre 2025 si el bono se actualizara. Esa cifra acompañaría mínimamente la inflación y evitaría que miles de jubilados caigan en pobreza extrema. En cambio, el monto queda en $70.000, lo que implica que la pérdida acumulada es parte de una decisión política deliberada y no de un error o una omisión técnica. Es una política de ajuste sostenido sobre los ingresos más bajos del sistema previsional.
Lo que deja expuesto este doble movimiento —recorte para unos, ampliación para otros— es el orden jerárquico del proyecto oficial: fortalecer los dispositivos de control, vigilancia y operaciones políticas mientras se debilita la capacidad de subsistencia de los sectores vulnerables. La idea de “prioridades” que mencionó Letcher no es un eslogan: es una descripción literal del esquema que se despliega en estas medidas.
Si el Gobierno entiende que hay recursos para ampliar en más de 26 mil millones el presupuesto de la SIDE, entonces también tiene capacidad de recomponer un bono jubilatorio que quedó anclado en valores de 2024. Si decide no hacerlo, no es por imposibilidad fiscal: es por decisión ideológica. La pregunta que queda flotando es contundente: ¿por qué los servicios de inteligencia ameritan más urgencia que los ingresos de los jubilados?
La respuesta parece evidente para quienes observan el derrotero de estos dos años: el gobierno no considera que los jubilados sean un sector estratégico. Los percibe como gasto, no como derecho. En cambio, la SIDE sí es vista como una herramienta clave para sostener alianzas, controlar conflictos, monitorear actores y alimentar un aparato de poder que opera por fuera del radar ciudadano.
El contraste final es cruel pero real: mientras un jubilado pierde más de $1,2 millones al año por el congelamiento del bono, la Secretaría de Inteligencia suma 26.118 millones adicionales para 2025. En un país donde la pobreza crece, donde el salario real cae y donde la conflictividad social se multiplica, el mensaje que emana del Gobierno es nítido: menos para los jubilados, más para la inteligencia estatal. Las prioridades están claras. Y, una vez más, no están del lado de la mayoría.
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