Carlos Presti ni siquiera asumió como ministro de Defensa y ya dejó en claro cuál será el ADN político de su gestión: nombrar como jefe de gabinete a Guillermo Madero, un funcionario con trayectoria marcada por el negacionismo, la protección de represores y la hostilidad hacia los organismos de derechos humanos. Madero celebró su ascenso en redes sociales, agradeciendo las felicitaciones tras la primicia que adelantó el periodista Eduardo Feinmann, como si la designación fuera un premio merecido y no el síntoma de una deriva peligrosa del Estado.
Que Presti —hijo de un represor procesado y detenido por secuestros y desapariciones durante la dictadura— elija como mano derecha a un hombre que obstaculizó investigaciones clave sobre bebés robados durante el terrorismo de Estado, no es una casualidad: es una definición política. Una señal inequívoca de hacia dónde se orienta el Ministerio de Defensa bajo el gobierno de Javier Milei, ya decidido a reinterpretar la historia argentina desde una perspectiva negacionista que busca borrar responsabilidades y reinstalar la narrativa de la “memoria completa”.
El prontuario institucional de Madero es contundente. Durante su paso por la Subsecretaría de Planeamiento Estratégico, en febrero de 2024 rechazó enviar la historia clínica requerida por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), el organismo que trabaja junto a Abuelas de Plaza de Mayo para encontrar a los nietos apropiados. Su negativa —difundida con entusiasmo en redes vinculadas al lobby pro-impunidad— no solo fue un golpe a la búsqueda de identidad, sino un mensaje directo: desde el Estado ya no habría colaboración con las investigaciones contra los crímenes de la dictadura.
Ese no fue un hecho aislado. Madero visitó en marzo de 2024 a los represores alojados en la Unidad 34 de Campo de Mayo, junto al entonces director nacional de Derechos Humanos, Lucas Miles Erbes. El Ministerio lo justificó como un “recorrido técnico” para evaluar instalaciones, pero distintas fuentes aseguraron que los represores quedaron esperanzados tras la charla con los funcionarios. Pocas semanas más tarde, el entonces ministro Luis Petri decidió echar a los equipos de relevamiento y análisis (ERyA), que aportaban información vital a la justicia en causas por crímenes de lesa humanidad. Treinta y seis fiscales denunciaron públicamente el impacto devastador de esa decisión.
Cuando el fiscal Miguel Palazzani pidió al Ministerio de Defensa que preservara los archivos históricos, Madero le respondió con una nota al procurador interino Eduardo Casal acusándolo de una supuesta “comunicación indebida”. El resultado fue grotesco: Casal llamó la atención al fiscal cuyo único objetivo era evitar que se destruyeran documentos esenciales para investigar delitos de terrorismo de Estado. La fricción con el Ministerio se agravó tras la denuncia del fiscal Félix Crous por la tentativa de destruir información en el Archivo General de la Armada. Para Crous, ese episodio debía leerse como parte de un “esfuerzo persistente y coordinado” para borrar pruebas de la represión ilegal. ¿Quién aparecía en primer lugar en esa lista de hechos? La negativa de Madero a entregar los legajos solicitados por Conadi.
La trayectoria política de Madero también explica el guiño de su nombramiento. Proveniente del riñón del PRO, fue designado durante el macrismo por Patricia Bullrich como director nacional de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos, apadrinado por Guillermo Montenegro, hoy intendente de General Pueyrredón y aliado entusiasta de La Libertad Avanza. Su llegada a Defensa se consolidó bajo la gestión de Petri, primero en Planeamiento Estratégico y luego como subsecretario de Defensa Civil y Protección Humanitaria.
En artículos publicados recientemente —como en el portal Infobae— Madero defendió la llamada “doctrina Petri”, que propone ampliar el rol de las Fuerzas Armadas hacia tareas de seguridad interior, en oposición a la doctrina Garré, que limitaba su actuación a escenarios estrictamente militares. Allí también repitió conceptos propios de la ultraderecha militarista, como la supuesta “industria de los juicios de derechos humanos”, una retórica que Victoria Villarruel convirtió en bandera durante la campaña. Para Madero, los juicios por delitos de lesa humanidad no fueron parte de un proceso ejemplar de justicia, sino un mecanismo persecutorio contra militares.
El nombramiento del funcionario se suma a un clima general en la Casa Rosada, que presenta la llegada de Presti —un militar en actividad— como el fin de la “demonización” de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, para amplios sectores de los organismos de derechos humanos, el mensaje es exactamente el contrario: la validación del negacionismo, la protección política a condenados y procesados por secuestros y desapariciones, y el inicio de una etapa donde los controles, archivos y registros que posibilitaron la rendición de cuentas durante cuatro décadas quedan en riesgo de desmantelamiento.
Mientras el gobierno avanza bajo la bandera de “memoria completa”, lo que se perfila es una ofensiva clara contra la justicia, la verdad histórica y los pilares que hicieron de Argentina un ejemplo mundial en la lucha contra la impunidad. Con Madero como jefe de gabinete de Defensa, la pregunta ya no es si habrá retrocesos en materia de derechos humanos, sino cuán profundos serán y cuánta información crítica puede perderse antes de que sea demasiado tarde.
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