La resolución judicial que sacudió la causa $LIBRA volvió a poner en escena la trama de privilegios, maniobras y blindajes que rodean a los imputados del escándalo de corrupción transnacional liderado por el financista estadounidense Hayden Davis y sus socios locales. Mientras el país asiste a un deterioro económico brutal y a un clima social en tensión permanente, el Poder Judicial decidió concederles un alivio tan desproporcionado como escandaloso: descongelarles todos los fondos, billeteras virtuales y activos investigados, y ordenar embargos irrisorios que no alcanzan ni a rozar la magnitud del dinero en juego.
El diputado nacional Itai Hagman lo sintetizó sin eufemismos: “El poder judicial ordenó una resolución escandalosa en la causa $LIBRA. A pedido de los acusados, les descongelan todos los fondos y billeteras a Hayden Davis, Mauricio y a Manuel Terrones Godoy, como si todavía no tuvieran que dar demasiadas explicaciones sobre las coimas y el entramado de corrupción que montaron por y para la estafa. Solo les dictaron embargo por 20.000 dólares, mientras sabemos que el dinero involucrado es exponencialmente mayor”. No es una advertencia vacía ni un análisis partidario: es la constatación de que el expediente más sensible sobre lavado y retornos ilegales en plena era Milei empieza a transitar el mismo camino que tantos otros casos resonantes en la historia judicial argentina. Ese camino donde, de repente, nunca pasó nada.
La conmoción aumentó cuando Hugo Alconada Mon, desde La Nación, confirmó que el juez Martínez de Giorgi accedió al planteo de las defensas y liberó “todos los activos de Hayden Davis y otros imputados”, ordenando embargos por apenas US$25.400. La cifra habla sola: es el precio de un auto usado, no el monto protector que necesita una investigación cuya escala —según documentos previos de la causa— se mide en operaciones financieras que superarían ampliamente los millones de dólares. Con esa decisión, el expediente quedó a un paso de convertirse en un registro burocrático sin fuerza real, un cascarón incapaz de sostener la verdad material que debería imponer la Justicia.
La maniobra resulta aún más grotesca cuando se observa el recorrido de la causa: testimonios, pericias y trazas digitales sugerían un circuito de retorno de comisiones, triangulaciones con billeteras cripto y manejo de recursos provenientes de contratos inflados o inexistentes. Nada de eso fue considerado una razón suficiente para mantener la inhibición sobre los bienes, como si los imputados hubieran demostrado una impecable conducta procesal o una solvencia moral ajena a toda sospecha. El mensaje hacia la sociedad es devastador: los engranajes del poder económico-financiero pueden respirar tranquilos, incluso cuando todo indica que construyeron un esquema delictivo sofisticado y opaco.
Hagman subrayó que esta resolución “va camino a cerrar la causa como si no hubiera habido delito. Impunidad obscena”. Y es justamente esa obscenidad la que atraviesa todo el expediente: la velocidad con la que se desploman las medidas cautelares contrasta brutalmente con la lentitud con la que se avanzó en el análisis profundo de las operaciones denunciadas. Cada paso judicial parece orientado a desarmar el caso, a quitarle espesor, a dejarlo en una superficie sin consecuencias. El descongelamiento de fondos no es un gesto técnico, es una señal política: los acusados recuperan libertad patrimonial antes de que el Estado termine de determinar si el flujo de dinero que manejaron provino de delitos.
Lo que podría haber sido un caso emblemático para exponer cómo funcionan los entramados de corrupción asociados al negocio financiero y tecnológico, corre el riesgo de transformarse en un recordatorio más de que, en la Argentina de 2025, el sistema judicial no siempre funciona para esclarecer sino para desactivar. La liberación de activos en un expediente donde justamente se investiga el origen, destino y volumen de esos activos suena tan absurda que ni siquiera requiere una lectura jurídica: basta con el sentido común. Si se devuelven las llaves del cofre antes de terminar el inventario, el mensaje es inequívoco: hagan lo que necesiten, nosotros miramos para otro lado.
En la causa $LIBRA, el dinero no solo habla: grita. Y el Poder Judicial, lejos de escucharlo, parece inclinado a silenciarlo. La sociedad vuelve a enfrentarse a esa escena repetida donde la corrupción financiera se trata con guantes de seda y las medidas que deberían proteger el interés público se transforman en trámites de cortesía para los investigados. Si esta resolución se consolida, el cierre del caso ya no será una posibilidad inquietante: será la confirmación de que, para ciertos actores, la impunidad no es un desenlace inesperado sino un derecho adquirido.
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