El gobierno de Javier Milei volvió a cruzar una línea roja en materia de derechos humanos: eliminó el financiamiento del PREP —el medicamento que previene la transmisión del VIH— en todo el territorio argentino, según denunció la cuenta especializada Noticias LGBT+ (@RedDiversidad). La decisión fue incluida en el proyecto de Presupuesto 2026 y representa uno de los retrocesos más graves en salud pública desde el regreso de la democracia. En un país que logró reducir notablemente la transmisión del VIH gracias a políticas sostenidas, la motosierra libertaria apunta ahora al corazón de una conquista sanitaria reconocida en toda la región.
El ajuste no se limita al PREP. El plan económico del oficialismo establece una reducción de hasta 38% del presupuesto destinado a VIH, hepatitis, tuberculosis y otras ITS, recortando no solo tratamientos sino también programas de prevención, diagnósticos tempranos y campañas de concientización. Organizaciones de derechos humanos ya advirtieron que esta decisión no es solo un error técnico ni una omisión burocrática: es una política deliberada que puede paralizar por completo el sistema de salud sexual en Argentina. De un plumazo, el gobierno ultraconservador de Milei dinamita décadas de trabajo conjunto entre el Estado, organismos internacionales, profesionales y colectivos comunitarios.
La eliminación del PREP no solo expone a miles de personas a un riesgo concreto e inmediato, sino que además pone a Argentina en un camino opuesto al del mundo civilizado. Mientras países avanzados fortalecen el acceso universal al PREP por su eficacia comprobada para reducir nuevas transmisiones, Milei prefiere el dogma ideológico de la motosierra, incluso cuando eso implica elevar la transmisión de infecciones, saturar hospitales, aumentar muertes evitables y multiplicar los costos del propio Estado. Un delirio sanitario que disfrazan de “austeridad” mientras continúan beneficiando a bancos, fondos especulativos y contratistas amigos.
Las organizaciones LGBT+, los especialistas en infectología y los movimientos de derechos humanos alertan que el combo de recortes—menos PREP, menos tratamientos, menos diagnósticos, menos campañas—solo puede derivar en una crisis sanitaria evitable. La eliminación del financiamiento estatal también profundizaría el desabastecimiento que ya afecta a personas que requieren medicación continua de mediano y largo plazo. Es un ajuste que pega directo en los cuerpos más vulnerados, los que históricamente necesitaron políticas públicas para garantizar acceso, cuidado y dignidad.
En un país donde la Constitución obliga al Estado a proteger la salud y la vida, el gobierno libertario decide abandonar a miles de personas a su suerte. Lo hace mientras promete un “Estado mínimo”, pero solo para quienes dependen de medicamentos para vivir; nunca para los sectores que reciben beneficios fiscales, negocios opacos y privilegios políticos. El desfinanciamiento del PREP no es una medida aislada: es una declaración de guerra contra la salud pública y contra las minorías sexuales que este gobierno ha convertido en chivo expiatorio discursivo desde el primer día.
Eliminar el PREP es retroceder una década en prevención, volver a políticas de la ignorancia y la crueldad, reinstalar el miedo y el estigma. Es romper el pacto básico de cualquier sociedad civilizada: que el Estado no abandona a su población ante enfermedades prevenibles. Milei elige hacerlo. Y lo hace con entusiasmo ideológico.
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